Parte III de III — El momento histórico y el llamado a la acción

Por Sergio Rosales Inzunza

Dr. en economía regional y especialista en políticas públicas | Microempresario

Un diagnóstico de la captura del Estado, sus raíces históricas y el desafío de reconstruir la república

Este es el tercero y último texto de un ensayo publicado en entregas. En la primera parte se definió la facciocracia y se documentaron sus efectos sobre la vida de los mexicanos. En la segunda se trazó la genealogía histórica del modelo —desde la fundación del PRI en 1929 hasta su radicalización en 2018— y se propusieron los tres pilares para la reconstrucción institucional. En esta entrega final se analiza la oportunidad histórica que representa el proceso electoral de 2027, se ofrecen ejemplos internacionales de transformación real, y se proponen cuatro acciones concretas que no admiten postergación.

Cuando el diagnóstico ya no tiene excusa

Hay un momento en todo análisis honesto en que el problema ya no puede seguir siendo solo objeto de estudio. Ese momento llega cuando los datos son suficientes, la genealogía es clara, las consecuencias son visibles y el costo del silencio empieza a superar el costo de actuar. México llegó a ese momento hace tiempo. Este ensayo también.

En la primera entrega se nombró el problema con precisión: la facciocracia, el gobierno de una facción que captura el Estado y lo pone al servicio de su permanencia, no del bienestar colectivo. En la segunda se trazó su historia —desde el PRI de 1929 hasta su radicalización con otro ropaje ideológico en 2018— y se propusieron los tres pilares sobre los que debe construirse la recuperación: prosperidad social real, formación cívica genuina y reforma constitucional de arquitectura, no de retórica.

Esta tercera y última entrega no propone más diagnóstico. El diagnóstico está hecho y quien aún lo niega no lo hace por falta de información, sino por falta de voluntad para asumir lo que implica. Lo que esta entrega propone es algo más difícil: la acción.

Difícil no porque no se sepa qué hacer, sino porque actuar exige algo que los análisis no exigen: comprometerse. Asumir que el problema no es solo del gobierno, ni de los partidos, ni de la historia. Que también es, en alguna medida, del ciudadano que supo y esperó a que otro actuara primero.

El 2027 no es una fecha en el calendario. Es una pregunta con plazo de vencimiento: ¿qué clase de país decide ser México cuando todavía puede decidirlo? Los ejemplos de Japón, Corea del Sur, Chile y Botswana que se analizan en estas páginas no son ornamento académico; son la evidencia de que la transformación real es posible, que no requiere milagros sino instituciones, y que el ingrediente que siempre ha faltado no es el recurso ni el talento —México tiene de sobra— sino la voluntad organizada de exigirlo.

Esa voluntad no viene sola. Se construye. Y este texto es, en su última intención, un llamado a construirla.

V. El momento histórico: 2027 como punto de inflexión, no como fecha en el calendario

El proceso electoral de 2027 no es una elección ordinaria. Es una oportunidad histórica comparable, en su significado profundo, a los momentos en que otras naciones decidieron dejar de ser lo que habían sido para convertirse en algo distinto.

El caso de los Padres Fundadores de los Estados Unidos (Founding Fathers) es uno de los ejemplos más claros en la historia moderna de cómo se construyen los cimientos institucionales para evitar que el poder quede en manos de una sola facción, un caudillo o un grupo corrupto. Tras independizarse de la corona británica en 1776, figuras como George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison y Alexander Hamilton se enfrentaron al mismo dilema que plantea la imagen: cómo diseñar un sistema para que las instituciones no fueran destruidas ni secuestradas por intereses particulares.

Japón ofrece quizás el ejemplo más radical: en 1868, la Restauración Meiji transformó en menos de una generación un país feudal y cerrado al mundo en una potencia industrial y militar moderna. Lo que hizo posible esa transformación no fue solo la tecnología importada de Occidente, sino la decisión deliberada de una clase dirigente —muchos de ellos samúrais que renunciaron voluntariamente a sus privilegios estamentales— de anteponer el proyecto de nación a su interés de casta. Enviaron jóvenes a estudiar a Europa y Estados Unidos, construyeron universidades, reformaron el sistema legal, crearon un banco central y establecieron un servicio civil profesional basado en mérito, no en lealtad clánica. En cuatro décadas, Japón pasó de ser considerado una nación atrasada a derrotar militarmente a Rusia en 1905, convulsionando al mundo entero.

Corea del Sur en 1987, tras décadas de dictadura militar, optó por una transición democrática sustentada en reformas institucionales reales y pasó de ser un país devastado por la guerra a convertirse en una de las quince economías más grandes del mundo en menos de cuarenta años.

Chile, después de Pinochet, construyó un consenso transversal sobre independencia del banco central, reglas fiscales y estado de derecho que le permitió reducir su pobreza del 45% al 8% en tres décadas.

Ninguno de estos países reinventó el camino: aprendieron de quienes lo habían recorrido antes, eligieron gobernantes con la virtud de anteponer el proyecto de nación a su interés de factura, y tuvieron la disciplina colectiva de sostener ese rumbo más allá de un sexenio. México tiene los recursos, el talento y la masa crítica ciudadana para hacer lo mismo. Lo que ha faltado no es capacidad: es la voluntad organizada de exigirlo.

Para que 2027 sea ese punto de inflexión, se necesita un frente ciudadano unido, inteligentemente organizado, que no repita los errores de coaliciones anteriores: acuerdos de coyuntura sin proyecto común, alianzas de cargos sin plataforma de gobierno, candidaturas sin rendición de cuentas previa. El ideal que lo articule debe estar por encima de los intereses de partido: la independencia económica y la soberanía política de México; una república con un gobierno federal fuerte y entidades federativas autónomas y prósperas; un Estado que proteja a sus ciudadanos en lugar de usarlos. Un México libre, incluyente, democrático y competitivo; vacunado, esta vez, contra la trampa de la facciocracia.

Ese frente no lo construye ningún partido solo: lo construye la sociedad civil que decide dejar de esperar a que alguien lo convoque desde arriba y empieza a tejerlo desde abajo, municipio a municipio, universidad a universidad, cámara empresarial a cámara empresarial.

Los resultados de 2027 definirán si en 2030 México puede contar por primera vez en su historia con un poder constituyente genuino: uno que haga posible las reformas que ningún gobierno anterior quiso o pudo realizar. Esa es la gran victoria que está en juego. Y si 2027 no es el año, el argumento sigue en pie: mientras exista facciocracia, cada elección será una oportunidad de refundación o de consolidación del mismo modelo. El plazo cambia; la urgencia, no.

Conclusión: los diagnósticos sin acción son cómplices

Los diagnósticos sin acción son otra forma de complicidad. México no necesita más análisis que se queden en el papel: necesita ciudadanos que conviertan la indignación en organización, y la organización en resultados concretos. Dicho lo anterior, hay cuatro acciones que no admiten postergación.

Primera: nombrar y denunciar. La facciocracia prospera en la ambigüedad. Cada vez que un ciudadano, un periodista, un académico o un líder comunitario llama a este sistema por su nombre —con evidencia, con argumentos, en público— le quita un centímetro de terreno. La batalla cultural precede a la batalla electoral.

Segunda: organizarse desde abajo. Los frentes ciudadanos no se construyen desde los partidos ni desde las cúpulas: se construyen desde los barrios, las universidades, las cámaras empresariales, los sindicatos independientes y las redes de madres buscadoras. La unidad que México necesita para 2027 no puede esperar a que alguien la convoque desde arriba; tiene que emerger desde la base con agenda propia.

Tercera: exigir plataformas, no promesas. Cualquier fuerza política que aspire al voto ciudadano en 2027 debe presentar compromisos verificables: independencia judicial con mecanismos de rendición de cuentas, política de seguridad con resultados medibles, reforma fiscal que elimine el clientelismo, y una estrategia de desarrollo económico que fortalezca a la microempresa y recupere el empleo formal. Sin plataforma concreta, el voto es cheque en blanco.

Cuarta: no repetir el error de 2018. El descontento es energía política; pero sin rumbo, esa energía puede ser capturada de nuevo por otra facción con mejor marketing. La vacuna contra la facciocracia no es votar en contra de algo: es votar a favor de un proyecto de nación con instituciones fuertes, contrapesos reales y ciudadanía activa. La diferencia entre una elección que libera y una que solo cambia de jaula está en la calidad de lo que se construye antes del día de la votación.

Pongámosle rostro a lo que este artículo ha llamado, hasta aquí, con cifras y conceptos.

Las madres buscadoras como Patricia Sotelo, Cecilia Flores e Indira Navarro han debido aprender a leer y analizar expedientes judiciales, e incluso nociones de criminalística y genética forense, ante la inacción, negligencia y errores de las fiscalías. No militan en ningún partido. Nunca lo hicieron. Aprendieron a leer expedientes judiciales porque el ministerio público es incapaz y manipula evidencia. En México, se estima que más de 25,000 madres han iniciado la búsqueda de sus hijos desde 2019, con una precisión que ningún funcionario ha tenido, señalando dónde están las fosas que el Estado no ha querido abrir.

Gabriela Ponce, dueña de un bazar, se vio obligada a cerrar su local temporalmente y a resguardarse después de ser amenazada con incendiar su negocio y atentar contra su hijo. La Panadería Chiapas —negocio conocido en TikTok como Doña Mari— se despidió de sus clientes y cerró permanentemente tras sufrir amenazas, argumentando que el local no generaba lo suficiente para pagar las cuotas exigidas. Aunque el 97% de los casos no se denuncia, el cobro de piso ha dejado una estela de homicidios que afecta a líderes agrícolas, transportistas y pequeños comerciantes en estados como Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz.

En Sinaloa, la violencia e inseguridad en 20 meses ha ocasionado que al menos 4,569 empresas han bajado sus cortinas, siendo Culiacán, con 3,000 cierres, la más impactada; se estima un quebranto de 70,000 millones de pesos y la pérdida de más de 30,000 empleos. Empresarios y Directivos de pequeñas y medianas empresas, así como directivos de la industria comercial y agrícola, han emigrado para proteger su patrimonio y sus familias. Su postura general es no reanudar inversiones ni residir en territorio sinaloense hasta que el clima de inseguridad ofrezca viabilidad y certeza jurídica. Personal Médico y Académico, ante la inestabilidad e inseguridad documentada han buscado integrarse a instituciones en el extranjero, engrosando la migración calificada. Realidad que el Secretario de Economía niega.

Empresarios, abogados y académicos que han cerrado sus negocios o que han emigrado no se conocen. Pero comparten el mismo diagnóstico sin saberlo: viven en una realidad donde el Estado decidió que sus necesidades no eran la prioridad de nadie. Eso tiene nombre. Y ya lo sabemos.

Madres buscadoras cavan fosas que el Estado no quiere abrir y las empresas cierran por la inseguridad. Y este ensayo — como todos los ensayos — corre el riesgo de quedarse donde está más cómodo: en el papel. La provocación final no es política sino personal. No se le hace a México en abstracto sino a quien lee estas líneas: ¿qué parte de lo que aquí se describe le resulta ajena? ¿Y qué parte, si es honesto, lleva también su firma?

México tiene la historia, el talento y los recursos para ser una nación de primer mundo. Lo que ha faltado es la voluntad organizada para exigirlo. El 2027 es la fecha. La sociedad civil es el sujeto. Y la acción, el único verbo que importa.