Por: Ángel Alberto Leyva Murguía.
Director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa.

Las tecnologías digitales ya son parte de la vida de niñas, niños y adolescentes. Por eso, la discusión educativa no puede limitarse a decidir si entran o no a las escuelas, sino bajo qué reglas, con qué propósito y qué capacidades necesitamos para utilizarlas. La discusión ha crecido en distintos países y también en México, donde varias entidades han impulsado regulaciones sobre el uso de dispositivos. El pasado 30 de julio esa discusión se materializó en Sinaloa con la aprobación del Decreto 529, con el cual se reformaron y adicionaron disposiciones de la Ley de Educación y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el decreto se señala que la reforma busca generar condiciones favorables al aprendizaje, el bienestar y la convivencia mediante la regulación del uso de celulares y otros dispositivos en educación básica y media superior. Durante las clases se limita su utilización a fines pedagógicos o emergencias personales, con autorización docente o directiva. También establece la elaboración de protocolos y acciones de capacitación para estudiantes, docentes y familias.

Es verdad que la regulación responde a un problema público. De acuerdo con la nota Preparar a las Nuevas Generaciones Para un Mundo Digital existe evidencia sobre riesgos asociados principalmente al uso excesivo, inadecuado o sin acompañamiento de tecnologías digitales. En la dimensión socioemocional aparecen, por ejemplo, ansiedad o aislamiento; en la física, alteraciones del sueño o sedentarismo; en la cognitiva, problemas de atención, concentración y rendimiento; y entre los riesgos digitales, ciberacoso, exposición a contenidos inapropiados o pérdida de privacidad.

La preocupación también existe entre quienes acompañan diariamente a niñas, niños y adolescentes. Una consulta de KMBAL A.C. con 265 educadores y más de 70 madres y padres encontró que 97% de los docentes y 99% de las familias consideran muy importante educar en el uso responsable de la tecnología. Sin embargo, 87% de los educadores y 72% de madres y padres señalaron no sentirse suficientemente preparados para afrontar los riesgos digitales.

Frente a este panorama, la orientación de la reforma es razonable ya que establece límites durante las clases, pero conserva el uso pedagógico. Por su parte, la SEPyC tiene 120 días para emitir los protocolos que harán operativa la reforma. Ahí será necesario estar atentos a la implementación.

Un primer aspecto que debe considerarse es la diferenciación por edad, ya que la aplicación no tendría que ser idéntica en los distintos niveles educativos. No es lo mismo primaria, secundaria o bachillerato, ya que las necesidades y posibilidades de uso pedagógico de la tecnología cambian con la etapa educativa.

Un segundo aspecto es la formación. El decreto contempla capacitación, pero una política educativa no debería limitarse a advertir sobre los riesgos de las tecnologías digitales. También se necesitan capacidades de ciudadanía digital: pensamiento crítico, privacidad, seguridad, convivencia y criterios para utilizar la tecnología de manera responsable. Esto cobra especial relevancia ante las dificultades que docentes y familias reconocen para acompañar a niñas, niños y adolescentes frente a estos riesgos.

Un tercer aspecto es la equidad. El Balance de cierre del ciclo escolar 2025-2026 de Mexicanos Primero Sinaloa reporta, con información obtenida de SEPyC, que 63% de las escuelas no dispone de computadoras y 60% carece de conexión a internet. Establecer reglas para los dispositivos personales no sustituye la responsabilidad de cerrar esa brecha. Los protocolos tendrán que funcionar en escuelas con condiciones tecnológicas muy distintas y evitar que esas diferencias se traduzcan en menores oportunidades de aprendizaje digital.

Finalmente, habrá que evaluar los resultados. No basta con limitar las pantallas durante las clases. La SEPyC debería definir desde el inicio cómo sabremos si la medida está funcionando: si disminuyen las distracciones, mejora la convivencia y la participación, las reglas se aplican efectivamente y, sobre todo, se generan mejores condiciones para que los estudiantes aprendan. El seguimiento también permitirá identificar diferencias entre niveles educativos y contextos escolares, corregir problemas de implementación y ajustar los protocolos conforme exista nueva evidencia.

El Congreso ya estableció el marco normativo; lo que sigue es el reto de la implementación. La calidad de los resultados dependerá de qué tan bien logre el sistema educativo convertir una regla general en decisiones claras, pertinentes y adaptables a escuelas y estudiantes. La tecnología seguirá cambiando y aparecerán nuevos dispositivos y herramientas. Por eso, el desafío de fondo va más allá de la regulación, consiste en desarrollar la capacidad institucional para decidir cuándo utilizar la tecnología, cuándo limitarla y con qué propósito.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO