Esta semana circuló un video en el que Ricardo Salinas Pliego cuestiona los incrementos al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Durante la conversación, el empresario plantea sustituir a los cajeros de Banco Azteca por máquinas e inteligencia artificial. Pero lo que más me llamó la atención no fue su intención de automatizar operaciones, sino los argumentos que utilizó para justificarla: las máquinas pueden trabajar las 24 horas, no tienen sindicatos, no se incapacitan, no requieren permisos de maternidad ni periodos de lactancia.

Me quedé pensando en qué momento comenzamos a hablar de los derechos laborales como si fueran una amenaza para las empresas.

La automatización no es nueva y tampoco es, por sí misma, una práctica irresponsable. Las empresas necesitan innovar, mejorar sus procesos y mantenerse competitivas. Sería absurdo pretender que la tecnología debe detenerse para conservar indefinidamente cada puesto de trabajo. Sin embargo, hay una diferencia importante entre incorporar tecnología para mejorar la productividad y presentar la sustitución de trabajadores como una respuesta a la ampliación de sus derechos.


México atraviesa una transformación de su legislación laboral. El salario mínimo ha registrado incrementos importantes en los últimos años y la jornada máxima semanal se reducirá gradualmente de 48 a 40 horas hacia 2030. Son cambios que tienen implicaciones económicas reales. Una empresa que opera durante horarios extendidos deberá reorganizar turnos, revisar procesos y, posiblemente, asumir mayores costos. Para muchas pequeñas y medianas empresas, esa transición puede resultar especialmente complicada.

Reconocerlo no significa estar en contra de los derechos laborales. Significa entender que las políticas públicas también necesitan condiciones para implementarse.

El gobierno tiene la responsabilidad de generar certidumbre, facilitar la inversión, combatir la informalidad y acompañar a las empresas durante estos procesos. No basta con modificar una ley y esperar que todos los negocios, independientemente de su tamaño o situación financiera, puedan adaptarse de la misma manera. No obstante, las empresas también tienen responsabilidades que van más allá de sus resultados financieros. Y una de ellas es reconocer que sus trabajadores son personas, no solamente costos que deben reducirse.

Desde la responsabilidad social empresarial hablamos constantemente de bienestar laboral, igualdad de oportunidades, derechos humanos y desarrollo sostenible. Son conceptos que aparecen en políticas corporativas, reportes de sostenibilidad y discursos institucionales. Sin embargo, su verdadero significado se pone a prueba cuando proteger esos derechos exige modificar la manera de hacer negocios.

La maternidad, la lactancia, el descanso y la seguridad social no son concesiones extraordinarias. Son derechos conquistados durante décadas para evitar que la necesidad de trabajar implique renunciar a condiciones básicas de dignidad. Por eso resulta preocupante que se mencionen como desventajas frente a una máquina.

Hay, además, una dimensión económica que parece quedar fuera de esta discusión. Los salarios no solamente representan un gasto para las empresas. También son el ingreso con el que millones de familias compran alimentos, pagan servicios, adquieren ropa y sostienen pequeños negocios.

Cuando una persona pierde su empleo, las consecuencias no terminan en la nómina de su antiguo empleador. Se trasladan a su hogar y, dependiendo de la magnitud de los despidos, pueden extenderse a la economía local.

En Sinaloa conocemos bien esa fragilidad. Desde septiembre de 2024, la crisis de inseguridad ha afectado la actividad comercial, las inversiones y las oportunidades laborales. En Culiacán hemos visto negocios reducir horarios, ajustar sus operaciones e incluso cerrar sus puertas. Detrás de cada establecimiento que desaparece hay trabajadores que deben buscar otra fuente de ingresos y familias que reorganizan su vida para enfrentar la incertidumbre.

En un contexto así, hablar de sustituir masivamente puestos de trabajo no puede reducirse a una discusión sobre eficiencia operativa.

Pensemos en los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, en las madres que sostienen económicamente sus hogares o en quienes, después de perder su empleo, deben aceptar condiciones menos favorables para continuar trabajando. Para ellos, la discusión sobre el salario mínimo o la jornada laboral no es una disputa ideológica. Tiene consecuencias concretas sobre sus posibilidades de construir una vida.

En México, una parte del debate público parece haberse convertido en una confrontación permanente entre el poder político y el económico. El gobierno defiende sus reformas, determinados empresarios cuestionan sus consecuencias y las declaraciones se responden con nuevas declaraciones. Mientras tanto, los trabajadores aparecen constantemente en el discurso, pero pocas veces como protagonistas de las decisiones.

Los trabajadores no pertenecen al gobierno ni a las empresas. Son ciudadanos con derechos, responsabilidades, aspiraciones y necesidades propias. No deberían convertirse en argumentos para ganar una confrontación política, ni en una advertencia sobre lo que podría ocurrir si una determinada decisión pública sigue adelante.

Tampoco podemos asumir que todos los empresarios piensan igual o que cualquier crítica a una reforma laboral responde a intereses políticos. Existen preocupaciones legítimas sobre productividad, competitividad y costos, y merecen discutirse con seriedad. Del mismo modo, cuestionar las decisiones del gobierno es parte indispensable de una democracia.

Lo que deberíamos exigir es una discusión capaz de ofrecer soluciones.

¿Cómo pueden las empresas adaptarse a jornadas más cortas sin comprometer su viabilidad? ¿Qué apoyos necesitan los pequeños negocios? ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología sin abandonar a quienes deberán cambiar de ocupación? ¿Qué mecanismos de capacitación y reconversión laboral necesitamos para que los jóvenes encuentren oportunidades en una economía cada vez más automatizada?

Esas preguntas deberían ocupar mucho más espacio en la conversación pública que las amenazas, las descalificaciones o los enfrentamientos personales.

La responsabilidad social empresarial no exige que las compañías renuncien a sus utilidades ni que mantengan estructuras laborales inviables. Exige que sus decisiones consideren los efectos que producen sobre las personas y que, cuando esos efectos sean negativos, busquen prevenirlos, reducirlos o gestionarlos responsablemente.

Lo mismo debería exigirse al gobierno: que las decisiones destinadas a mejorar las condiciones laborales estén acompañadas de políticas que permitan sostener y generar empleo.

Al final, ni la rentabilidad empresarial ni los avances legislativos bastan por sí solos para medir el bienestar de un país.

Una economía puede registrar mayores utilidades y, al mismo tiempo, dejar a miles de personas sin oportunidades. También puede reconocer nuevos derechos en sus leyes sin conseguir que estos se traduzcan en mejores condiciones para quienes trabajan.

Quizá por eso deberíamos dejar de preguntarnos quién está ganando la confrontación entre el gobierno y algunos empresarios, y comenzar a preguntarnos quién está asumiendo sus consecuencias.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO