La actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) durante la represión de la protesta por el derecho al agua del pasado 11 de octubre podría derivar en un procedimiento de juicio político contra su presidenta, Luz del Carmen Godínez González.

La diputada Tonantzin Cárdenas Méndez anunció, este 18 de noviembre, que promoverá una denuncia ante el Congreso de Jalisco, acompañada por organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas académicas, quienes consideran que el organismo defensor de derechos humanos incurrió en omisiones al atender las denuncias de violencia policial contra las personas manifestantes.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la falta de esclarecimiento sobre las detenciones arbitrarias, posibles actos de tortura y desapariciones forzadas de corta duración denunciadas durante la manifestación.

Aunque la CEDHJ informó que desplegó a 16 observadores y dio acompañamiento a 39 personas detenidas, las personas promoventes sostienen que el organismo no ha explicado suficientemente qué acciones realizó para proteger a quienes permanecieron incomunicadas en Casa Jalisco.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la postura que asumió la Comisión frente a los posibles actos de tortura.

En el informe que remitió al Congreso de Jalisco el 12 de noviembre, la CEDHJ sostuvo que “hasta este momento descarta posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes” durante los acontecimientos del 11 de octubre.

Sin embargo, en ese mismo documento reconoció que no ordenó la aplicación del Protocolo de Estambul, instrumento internacional utilizado para investigar y documentar posibles actos de tortura.

El organismo argumentó que no recibió pruebas ni quejas específicas sobre estos hechos y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción antes de que pudiera concluir sus actuaciones.

Esta postura es cuestionada por las organizaciones y personas que acompañan la iniciativa, quienes consideran que la CEDHJ no cumplió adecuadamente con su responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas manifestantes.

La investigación sobre los acontecimientos permanece en manos de la CNDH, instancia a la que corresponde determinar si existieron violaciones a derechos humanos.

La Comisión le ha quedado mucho a deber a la gente de Jalisco

Durante el anuncio, Tonantzin Cárdenas cuestionó la actuación del organismo y señaló que el juicio político busca establecer responsabilidades por sus presuntas omisiones.

“Creemos que, sin duda, la Comisión le ha quedado mucho a deber a la gente de Jalisco. Nosotras nos negamos a renunciar a utilizar todos los recursos legales a nuestra disposición para oponernos a esa complicidad que ha representado la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, señaló.

Por su parte, José Manuel de Alba, académico del ITESO, destacó la importancia de que las instituciones públicas funcionen como contrapesos frente a posibles abusos de autoridad.

“Es hora de que nuestras instituciones funcionen como contrapesos. Los organismos autónomos, las fiscalías y el Congreso existen para vigilar el poder y ponerle límites”, expresó.

En el mismo sentido, David Bak Geler, académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió sobre las consecuencias de que los organismos encargados de defender los derechos humanos pierdan su independencia frente a las autoridades.

“Cuando esta institución toma el partido del poder y le da la espalda a los ciudadanos, nos deja completamente indefensos”, afirmó.

También solicitarán la renuncia de Godínez González

Además de promover la denuncia de juicio político, la diputada Tonantzin Cárdenas presentó un acuerdo legislativo para solicitar la renuncia de Luz del Carmen Godínez González y exigir un informe documentado sobre la actuación de la CEDHJ durante los acontecimientos del 11 de octubre.

El juicio político es un procedimiento que corresponde al Congreso del Estado y que permite determinar responsabilidades políticas de personas servidoras públicas. En caso de acreditarse las conductas que ameriten una sanción, puede derivar en su destitución.

La iniciativa es acompañada por Adriana Sugey Cárdenas Salmerón, del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad en Jalisco; Rafael Ortíz Martínez, del Colectivo Rodolfo Reyes Crespo; Marcela Romo Esparza, del Colectivo Luz de Esperanza; Cessna Félix Díaz, de la Colectiva Marea Incondicional; Lisi Celis González, del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria; y Alejandra Ávila Martínez, del Instituto de Derecho Ambiental A.C.

También participan los académicos David Bak Geler y Darwin Franco, de la Universidad de Guadalajara, y José Manuel de Alba, del ITESO.

Las personas promoventes señalaron que la acción busca recuperar la confianza ciudadana en la CEDHJ y exigir que los organismos encargados de defender los derechos humanos actúen con independencia frente a los abusos del poder.

El anuncio coloca nuevamente bajo cuestionamiento la respuesta institucional ante la represión del 11 de octubre y abre una discusión sobre la responsabilidad de los organismos autónomos cuando las personas que ejercen su derecho a la protesta denuncian agresiones por parte de las autoridades.

De acuerdo con los artículos 97 y 98 de la Constitución de Jalisco y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede ser sometida a juicio político por actos u omisiones que afecten gravemente los intereses públicos o el funcionamiento de las instituciones.

Para iniciar el procedimiento, la denuncia debe presentarse y ratificarse ante el Congreso, cuya Comisión de Responsabilidades analizará su procedencia y, en caso de admitirse, investigará los hechos. Si se acredita responsabilidad política, el Congreso puede determinar la destitución e inhabilitación de la funcionaria por un periodo de uno a veinte años. La presentación de la denuncia, sin embargo, no implica que el procedimiento haya sido admitido ni que las responsabilidades estén acreditadas.

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