Sinaloa: sin seguridad y sin cuentas claras

Por Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

Dos personas fueron asesinadas a unos metros del Palacio de Gobierno de Sinaloa. El ataque no ocurrió en una comunidad alejada ni en una zona abandonada por las autoridades, sino prácticamente frente a la sede del Gobierno del Estado. Al día siguiente, la gobernadora interina evitó responder las preguntas de la prensa.

Esta escena resume con crudeza la crisis que atravesamos: la violencia puede llegar hasta la puerta del Gobierno, pero las respuestas institucionales siguen sin llegar a la ciudadanía.

A casi dos años del inicio de esta guerra, ya no basta con preguntar cuántos militares han llegado, cuántas personas han sido detenidas o cuántas armas se han decomisado. También debemos preguntarnos qué instituciones se están construyendo o fortaleciendo en Sinaloa, cómo se están midiendo sus resultados y qué información se entrega para que la sociedad pueda evaluarlos.

Sin embargo, la respuesta no es alentadora. Sinaloa enfrenta una grave crisis de seguridad con una de las tasas más bajas de personal policial estatal del país. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 del INEGI, la entidad registró en 2025 apenas 0.6 policías estatales por cada mil habitantes, frente a una tasa nacional de 1.0.

El mismo censo muestra una fuerte concentración del personal policial con grado en funciones preventivas: 88.9% se desempeñó en esta función, mientras que Sinaloa registró 0.0% en funciones de proximidad social y 0.0% en investigación. El 10.9% correspondió a funciones de reacción.

A esto se suma una reducción en la formación de nuevos elementos. En 2025 ingresaron 313 personas a los programas de formación inicial policial y egresaron 290. En 2024 habían ingresado 407 y egresado 372, lo que representa una reducción de 23.1% en los ingresos y de 22.0% en los egresos. Es decir, mientras la violencia se intensificaba, la incorporación de nuevos policías disminuía.

Pero el déficit numérico es apenas una parte del problema. Quienes deberían proteger a la población también se han convertido en víctimas directas de esta guerra.

Según el registro de Causa en Común, en 2025 Sinaloa encabezó la lista nacional con 48 agentes de seguridad pública asesinados. Al corte del 13 de agosto de 2026, la organización contabilizaba otros 21 agentes asesinados en la entidad.

Son agentes atacados mientras trabajaban, durante sus días de descanso e incluso frente a sus familias. A pesar de ello, seguimos sin conocer una estrategia integral que permita saber cómo se protegerá a quienes integran las corporaciones, cómo se fortalecerán sus capacidades y cómo se reconstruirá la confianza institucional.

No se puede pedir a una policía insuficiente, amenazada y debilitada que recupere el territorio sin garantizarle formación, protección, salarios dignos, equipamiento y respaldo institucional. Mucho menos cuando la respuesta principal del Estado ha sido depender del despliegue de miles de elementos federales.

Las Fuerzas Armadas pueden realizar operativos, detener personas, asegurar armas y contener temporalmente algunos episodios violentos. Sin embargo, no pueden sustituir de manera permanente a las policías estatales y municipales, a los agentes de investigación, ministerios públicos, peritos, instituciones forenses y tribunales. Nunca habíamos tenido tantos elementos federales desplegados en Sinaloa y, al mismo tiempo, tan pocas certezas sobre las capacidades que quedarán instaladas cuando su presencia disminuya.

A esta debilidad institucional se suma otro problema: tampoco tenemos certeza de que las cifras oficiales estén mostrando la dimensión completa de la violencia.

Una investigación de Noroeste documentó que la Fiscalía General del Estado ha omitido o reclasificado muertes violentas mediante categorías que terminan reduciendo el registro oficial de homicidios. Entre ellas aparecen personas heridas por arma de fuego que murieron posteriormente en hospitales; casos registrados como “causa de muerte por determinar”; “homicidio por otros”; muertes ocurridas en enfrentamientos, y policías asesinados clasificados bajo el rubro de “agresión a la autoridad”.

En diciembre de 2025, por ejemplo, la Fiscalía reportó oficialmente 128 asesinatos, 122 homicidios y seis feminicidios, mientras que un análisis de los informes diarios de la propia institución realizado por Noroeste identificó 166 privaciones de la vida, además de cuerpos y restos óseos localizados en fosas clandestinas que no fueron incorporados a esa estadística. Mediante omisiones y reclasificaciones, el registro oficial terminó siendo 23% menor.

Esto nos obliga a entender que las categorías administrativas no pueden convertirse en un mecanismo para desaparecer estadísticamente a las víctimas. Un policía asesinado durante una agresión contra la autoridad sigue siendo una persona asesinada. Quien muere en un hospital después de recibir disparos no deja de ser víctima de homicidio por haber sobrevivido algunas horas o algunos días. Un cuerpo encontrado con huellas de violencia tampoco puede permanecer indefinidamente fuera del relato oficial bajo la etiqueta de “causa por determinar”.

Si estas cifras se utilizan después para afirmar que la violencia disminuyó o que la estrategia está funcionando, la forma en que se construyen los datos deja de ser un asunto meramente técnico y se convierte en un problema de rendición de cuentas.Una investigación de Revista Espejo encontró que, de 112 licitaciones de obra pública revisadas, 72 no contaban con el contrato disponible para consulta. En los expedientes también faltaban documentos fundamentales para conocer quién ejecuta las obras, bajo qué condiciones, qué modificaciones sufrieron y cómo se utilizaron los recursos públicos.

La ausencia de estos documentos no demuestra por sí misma un acto de corrupción, pero impide vigilar el gasto, reconstruir las decisiones administrativas y detectar posibles irregularidades. Contar incompletamente a las víctimas y publicar incompletamente los contratos son expresiones distintas de un mismo problema: un Gobierno que dificulta a la sociedad evaluar sus decisiones y resultados.

Por eso, la crisis de Sinaloa no puede explicarse únicamente como una confrontación entre grupos criminales. También es consecuencia de décadas sin construir policías suficientes, fiscalías eficaces, capacidades de investigación, controles sobre el gasto y mecanismos reales de rendición de cuentas.

El crimen avanzó porque enfrente encontró instituciones débiles, y ahora esa misma debilidad impide conocer la dimensión completa del daño.

Sinaloa no necesita otra presentación de cifras cuidadosamente seleccionadas. Necesita una metodología pública y verificable para registrar todas las muertes violentas; explicaciones sobre las reclasificaciones realizadas por la Fiscalía; actualización de los casos cuya causa continúa “por determinar”; información abierta sobre homicidios, desapariciones, investigaciones, judicializaciones y sentencias; y una estrategia para aumentar, certificar y proteger a las corporaciones policiales.

También necesitamos conocer cómo se utiliza cada peso público destinado a enfrentar la emergencia y reconstruir el estado. No puede haber recuperación institucional en medio de contratos ausentes, expedientes incompletos y decisiones imposibles de auditar.

El próximo 13 de septiembre, a pocos días de cumplirse dos años del inicio de esta crisis, los ciudadanos volveremos a las calles para exigir paz.

Pero la paz no puede reducirse al silencio temporal de las armas ni a una disminución construida mediante categorías estadísticas. La paz exige verdad sobre las víctimas, justicia para sus familias, protección para quienes nos protegen e instituciones que rindan cuentas sobre cada decisión y cada peso público.

Marchar por la paz también debe significar exigir un Estado capaz de garantizarla.

Porque los militares algún día se irán; las instituciones que nos dejen, fuertes o debilitadas, transparentes u opacas, definirán el futuro de Sinaloa.