Por Carmen Garnica / Iniciativa Sinaloa

Hay acciones que parecen cambios, pero suelen ser en ocasiones movimientos que terminan contando la misma historia. Han pasado poco más de dos semanas desde que Graciela Domínguez es gobernadora de Sinaloa y de momento no se han hecho cambios en el gabinete estatal. Considerando la abrupta y controvertida segunda licencia de Rubén Rocha, se esperaría cambios al menos en las secretarías estatales más cuestionadas en esta diversa administración. Por ejemplo en las secretarías de finanzas, transparencia y obras públicas, entre otras. Mientras tanto el pasado 6 de septiembre la gobernadora se reunió con el gabinete que heredó de Rocha Moya, con el fin de trabajar en los preparativos del Quinto Informe de Gobierno, el cual deberán entregar al Congreso del Estado de Sinaloa el próximo 15 de noviembre.

Es curioso pensar que llegando tan recientemente a la gubernatura, sea ella la responsable de presentar el quinto informe, con más o menos 13 días en el mando. Un informe donde se debe informar bajo los estándares de transparencia y rendición de cuentas a las o los sinaloenses sobre el desempeño del poder ejecutivo estatal. Quizás sea esta su razón para permanecer con el mismo gabinete, no lo sabemos. Pero si da muchas lecturas, siendo esta una de las razones por la que, organizaciones de la sociedad entre ellas, Observatorio Ciudadano Mazatlán, Coparmex e Iniciativa Sinaloa se manifestaron la semana pasada bajo este tema y otros relacionados.

Siendo la iniciativa de transparencia presentada en abril de este año por Ruben Rocha Moya, hoy conocida como ley tapadera de Rocha, el punto de mayor preocupación de estas organizaciones. Y es que el Congreso del Estado tiene hasta el 23 de octubre para dictaminar con respecto a esta controversial iniciativa, por la cual, desde la sociedad civil se han solicitado en múltiples ocasiones mesas de trabajo para construir en conjunto una ley que asegure el derecho de acceso a la información pública de todas y todos los ciudadanos.

Es de preocupar la actual iniciativa de ley tapadera de Rocha. Una iniciativa de ley que propone dejar de observar como hasta ahora a partidos políticos, sindicatos y municipios, al no obligar ni dar certeza cuando los ciudadanos cuestionen cómo se gastan los recursos públicos. Misma iniciativa que quita la obligatoriedad de realizar mesas de trabajo y foros con universidades. Una iniciativa que desaparece al organismo garante y no da certeza jurídica a cómo se brinde la información pública a los ciudadanos.

Esta iniciativa está manchada por el legado de una administración del poder ejecutivo que en menos de cinco años ha contado con tres gobernadores distintos. Bajo el escrutinio público de señalamientos de corrupción, nexos con el crimen e investigaciones de la FGR por acusaciones de EE.UU. Y aun con todo lo anterior sigue aparentemente en proceso legislativo, paradójico. ¿No le vendrá bien a la administración actual desligarse de esta iniciativa desechando y presentando una nueva iniciativa trabajada en conjunto con ciudadanos y organizaciones interesados en el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas?

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