Una ley frente a nuevas formas de agresión

Por: Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

En Sinaloa, defender derechos humanos o ejercer el periodismo sigue implicando riesgos. En ese contexto, el pasado jueves integrantes de la Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa sostuvimos una reunión con el Mtro. Eladio García Arredondo, Vicefiscal Especializado en Derechos Humanos y en Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado.

El encuentro tuvo como objetivo revisar el desempeño de la recientemente creada vicefiscalía, a seis meses de su puesta en marcha, así como dar seguimiento a diversos casos de agresiones contra periodistas y activistas que han sido documentados por la Red.

Durante la reunión, personal de la vicefiscalía compartió información sobre el número de carpetas de investigación actualmente en curso, así como sobre los procesos de capacitación especializada que han recibido o están próximos a tomar.

En este intercambio también surgió una reflexión relevante: la necesidad de comenzar a discutir una reforma a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que el próximo año cumplirá diez años desde su concepción, en un contexto que hoy presenta nuevos retos y formas de agresión.

Y es que la realidad que hoy enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Sinaloa poco se parece a la de hace una década. El contexto ha cambiado y las agresiones también. Hoy vemos con mayor frecuencia nuevas formas de hostigamiento que la legislación vigente apenas alcanza a nombrar: el uso indebido de datos personales para intimidar o el uso estratégico de demandas judiciales como mecanismos de censura. Frente a este escenario, resulta inevitable preguntarnos si el marco legal actual sigue siendo suficiente para responder a estos nuevos riesgos.

Un ejemplo reciente ilustra bien estas dinámicas. Hace apenas unos días, el activista Jonatan Azbat denunció que IMSS-Bienestar utilizó su nombre e imagen en redes sociales para desacreditar una denuncia pública relacionada con la atención médica a un paciente con VIH. Más allá del debate sobre el caso en particular, lo preocupante es el precedente: cuando instituciones públicas responden exhibiendo a quienes denuncian, el riesgo es que el foco se desplace hacia desacreditar al mensajero en lugar de atender el problema de fondo.

Aunado a que muchas de las agresiones se trasladan cada vez más al ámbito digital, durante la reunión también se discutió la posibilidad de revisar el tipo de persecución penal previsto en el marco legal actual. En particular, se planteó explorar que ciertos delitos pasen de perseguirse de oficio a perseguirse por querella, con el objetivo de abrir vías más accesibles para la reparación del daño y facilitar salidas legales entre las partes ante las agresiones que se vayan registrando.

Otro punto importante fue la necesidad de fortalecer las medidas relacionadas con el cuidado de la salud mental. Si bien los artículos 3 y 49 de la Ley reconocen las agresiones psicológicas y contemplan el apoyo psicológico como medida preventiva, es necesario asegurar que estas disposiciones cumplan efectivamente su objetivo. El desgaste mental y emocional que enfrentan periodistas y personas defensoras suele derivar también en afectaciones físicas que no siempre se identifican de manera inmediata.

Por otro lado, sigue pendiente legislar para evitar la precarización laboral en los medios de comunicación, una situación que también afecta el ejercicio de la libertad de expresión y, en consecuencia, la dignidad de quienes ejercen el periodismo. Esta fue una de las demandas que más se destacó hace cuatro años durante el parlamento abierto realizado por el Congreso de Sinaloa en febrero de 2022 y que aún sigue sin atenderse.

Finalmente, resulta fundamental que cualquier reforma incorpore un enfoque de riesgo acorde con la realidad actual del estado, especialmente si consideramos que las agresiones contra periodistas y personas defensoras en Sinaloa se han duplicado mes con mes desde septiembre de 2024, a partir de la ola de violencia desatada entre facciones del crimen organizado.

A casi diez años de la creación de la Ley de Protección, el reto ya no es solo mantener el marco normativo, sino actualizarlo frente a una realidad mucho más compleja. Las agresiones cambian, evolucionan y se adaptan a nuevos contextos. La legislación también debe hacerlo si realmente queremos garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en Sinaloa.