Urge implementar el protocolo para investigar delitos contra personas defensoras de derechos humanos

Por Sibely Cañedo / Iniciativa Sinaloa

Organizaciones de la sociedad civil mexicana, entre ellas Iniciativa Sinaloa, acudieron el pasado 29 de octubre a la ciudad de Panamá para denunciar ante la comunidad internacional una realidad alarmante: el 96.5% de los asesinatos y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos permanece impune. Esta falta de justicia ha contribuido a perpetuar, de manera histórica, acumulada y sistemática, el círculo de la violencia.

Las organizaciones peticionarias, articuladas en el Espacio OSC —una red de asociaciones civiles y colectivos que impulsa la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas—, documentaron 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras desde 2022 hasta la fecha. De estos casos, únicamente cuatro cuentan con una sentencia condenatoria.

El mensaje que dejan estas cifras es contundente: en México, una persona defensora puede ser agredida o asesinada sin enfrentar consecuencias.

Frente a esta problemática, las organizaciones exigieron la aplicación del Protocolo Homologado para Investigar Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, aprobado el 14 de agosto de este año por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre. Con su publicación, este instrumento se convirtió en un ordenamiento vinculante para las fiscalías de las entidades federativas y la Fiscalía General de la República.

En Sinaloa, la exigencia tiene especial relevancia. Aunque contamos con una Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el acceso a la justicia para ambos gremios no ha mejorado sustancialmente. Persisten obstáculos para denunciar, ya sea por la atención deficiente en la Fiscalía o por la desconfianza hacia las instituciones. Además, las investigaciones no han conseguido llevar ante los tribunales a los responsables de las agresiones y delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras por motivos relacionados con su labor.

Una práctica que sigue presente es descartar, desde el momento de presentar la denuncia y sin una investigación exhaustiva, que la agresión tenga relación con el trabajo periodístico o de defensa de derechos humanos de la víctima. Para quienes sí denuncian, la espera puede prolongarse durante meses o incluso años, muchas veces sin recibir información sobre los avances de sus casos.

Desde la creación de la Vicefiscalía especializada, el 12 de septiembre de 2025, se han abierto 25 carpetas de investigación. De ellas, 23 continúan en trámite, una fue turnada a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y solo una concluyó con una sentencia condenatoria: en el norte del estado, una persona fue sentenciada a prisión por amenazar de muerte a un periodista.

A este panorama se suma el incremento de las agresiones contra periodistas y activistas de derechos humanos a partir de la guerra que estalló en septiembre de 2024 entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. El conflicto ha desatado una violencia desbordada que no solo enfrenta a los grupos delincuenciales, sino que también golpea al conjunto de la sociedad.

Desde la creación del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado, en agosto de 2022, y hasta septiembre de 2026, se han registrado 306 agresiones: 150 contra periodistas y 156 contra personas defensoras.

La diferencia entre el número de agresiones registradas y las que llegan a denunciarse ante la Fiscalía también revela un problema de fondo: muchas víctimas no acuden a las instituciones por temor a represalias o por desconfianza, alimentada por los indicios de infiltración de grupos delictivos en distintas instancias del Estado, incluidos los poderes Ejecutivo y Judicial.

Más del 50% de las agresiones registradas son amenazas, una proporción importante de ellas atribuida al crimen organizado. Esto permite dimensionar el impacto de la narcoguerra sobre actividades fundamentales para sostener la vida democrática y garantizar el acceso a los derechos humanos, particularmente de los sectores más vulnerables.

En general, las amenazas buscan que periodistas y personas defensoras abandonen su trabajo porque sus actividades resultan contrarias a determinados intereses. En Sinaloa, por ejemplo, las mujeres buscadoras han sufrido especialmente el asedio de grupos criminales, que pretenden obligarlas a dejar de buscar a sus seres queridos, en un contexto donde la desaparición y la privación ilegal de la libertad se han convertido en estrategias de violencia y control.

Pero ¿qué cambiaría con la implementación de este protocolo?

Delegación mexicana en la CIDH. Foto: Sibely Cañedo

La labor de defensa: una línea obligatoria de investigación

El principal cambio es que las fiscalías estarán obligadas a investigar el posible vínculo entre la agresión y la labor de defensa de derechos humanos de la víctima. Esto es fundamental para combatir la impunidad, pues impide que las agresiones se investiguen únicamente como hechos aislados, sin considerar las causas, denuncias o intereses que pudieron motivarlas.

Otro cambio sustancial es la obligación de investigar a los autores intelectuales y las estructuras de poder detrás de las agresiones. La investigación no puede detenerse en identificar a quien ejecutó materialmente un ataque: debe avanzar para esclarecer quién lo ordenó, financió o pudo beneficiarse.

El protocolo también establece la importancia de incorporar el análisis de contexto. Esta herramienta permite relacionar casos, identificar patrones territoriales y comprender las dinámicas económicas, políticas, sociales y criminales que podrían estar detrás de las agresiones. En otras palabras, busca que las fiscalías investiguen no solo lo que ocurrió, sino también por qué ocurrió y qué intereses pudieron estar involucrados.

Además, reconoce una participación más activa de las víctimas durante el proceso, contempla medidas para su protección y establece criterios para la reparación integral del daño. También incorpora procedimientos diferenciados según el tipo de agresión, con el propósito de atender las particularidades de cada caso.

Sin embargo, es importante subrayar que el protocolo no garantiza, por sí mismo, una disminución de la impunidad. Su eficacia dependerá de la independencia de las fiscalías, de las capacidades técnicas de sus equipos, de los recursos disponibles y, sobre todo, de que exista voluntad institucional para investigar a quienes puedan tener poder económico, político o criminal.

Por eso, las organizaciones que acudieron a Panamá ante la CIDH insistieron en la necesidad de adoptar medidas concretas para que este instrumento no termine convertido, como tantos otros, en un conjunto de lineamientos de papel, sin consecuencias reales para las víctimas ni cambios en la procuración de justicia.

Sibely Cañedo en la CIDH

La exigencia de un plan de implementación

Para que el Protocolo Homologado cumpla su objetivo de contribuir a reducir la impunidad en los delitos cometidos contra personas defensoras, las organizaciones formularon recomendaciones concretas al Estado mexicano.

La principal es adoptar un plan nacional de implementación en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías de las 32 entidades federativas. Este plan debe establecer objetivos, actividades, autoridades responsables, presupuesto, indicadores y plazos verificables. No basta con publicar el instrumento: es necesario definir cómo, quiénes y con qué recursos lo pondrán en práctica.

También se solicitó establecer programas permanentes de formación, especialización y evaluación para el personal ministerial, policial, pericial y de análisis encargado de investigar estos delitos, a fin de garantizar una aplicación efectiva del protocolo.

Otra recomendación consiste en asegurar que las personas defensoras, las víctimas, las organizaciones y las comunidades conozcan y puedan apropiarse de este instrumento. Para ello, se requieren materiales accesibles, culturalmente pertinentes y traducidos a lenguas indígenas.

Asimismo, se planteó crear un registro nacional homologado, actualizado y desagregado de los delitos cometidos contra personas defensoras. Este deberá permitir conocer el ámbito o la labor de defensa de las víctimas, sus características relevantes, las posibles motivaciones de las agresiones, el estado procesal de los casos y los resultados de las investigaciones, siempre con pleno respeto a la seguridad y protección de sus datos personales.

Finalmente, se pidió crear una fiscalía especializada en el ámbito federal, con facultades para atraer casos del fuero común cuando sea necesario, autonomía funcional y personal técnico suficiente y especializado, a fin de enfrentar el rezago en la investigación y sanción de estos delitos.

Durante la audiencia pública, la delegación mexicana recibió el respaldo de los comisionados de la CIDH, quienes reconocieron la urgencia del tema, considerando que México es uno de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos.

Por su parte, la delegación del Estado mexicano, encabezada por Alejandro Encinas, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), se comprometió a atender las recomendaciones planteadas. Este compromiso constituye un pronunciamiento significativo ante la comunidad internacional y un avance para las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron esta iniciativa.

No obstante, sabemos que los compromisos institucionales no se traducen automáticamente en justicia. Sin la observación, el acompañamiento y la exigencia constante de las organizaciones y de las propias víctimas, el acceso a la justicia seguirá siendo una promesa pendiente.

En Sinaloa, la implementación de este protocolo representa una oportunidad para corregir prácticas que han permitido que las agresiones contra periodistas y personas defensoras permanezcan impunes. Por ello, desde Iniciativa Sinaloa exhortamos a la Vicefiscalía Especializada a asumirlo y aplicarlo de manera efectiva.

Porque defender los derechos humanos o ejercer la libertad de expresión no debería significar vivir bajo una amenaza permanente, mucho menos asumirla como un riesgo normalizado y aceptado por la sociedad. Los ataques contra quienes defienden derechos y ejercen el periodismo no son agresiones individuales: son ataques contra las libertades y los derechos de todas y todos. Por eso, la verdad y la justicia para ellos son también un derecho de toda la sociedad.