Texto y fotos: Laura Buconi

Ciudad de México. – El domingo 23 de febrero Donají, mujer trans y activista contra la explotación económica, fue víctima de un atentado de transfeminicidio por parte de dos hombres con chaleco guinda, quienes se presentaron como servidores públicos, adscritos al grupo de “reordenamiento de la vía pública”. La agresión ocurrió frente a Bellas Artes y ante la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes no intervinieron para detenerla.

Donají, al igual que muchas otras mujeres cis y trans, forma parte de la red de colectivas “Mercaditas Feministas”, que busca recuperar el espacio público, hacer frente a la violencia económica y ofrecer una alternativa autogestiva de trabajo. Tras la agresión sufrida por su compañera, diferentes colectivas feministas se movilizaron, entre las cuales está Micelias, Frente Antisfascista No Binarix, Observatorio Memoria y Libertad, que viralizó el caso en redes y lo llevó a la atención de la SEGOB, con quien en 27 de febrero se realizó una primera mesa de diálogo. Sin embargo, este es solo un primer paso hacia la justicia y una reparación del daño: se evidenció que aún falta mucho trabajo por parte de los servidores públicos para erradicar una violencia que no es aislada, sino sistémica y perpetuada bajo la negligencia del Estado.

Información falsa, estrategia gubernamental

Arlen Palestina Pandal, representante legal de Brigada Callejera, asociación civil que desde los años noventa brinda apoyo y herramientas de salud a las trabajadoras sexuales en la colonia de la Merced, se expresó como asesora jurídica de Donají.

Con respecto a la primera petición de Donají en la mesa de diálogo, sobre el resguardo de su seguridad, Pandal exigió acompañamiento para Donají en las audiencias en el Reclusorio Norte, donde desde el 26 de febrero están detenidos sus agresores, Fernando N. y Alejandro N. Además, pidió atención médica inmediata para la víctima, y reparación integral para la agresión que sufrió.

Retomó algunos elementos de la audiencia que tuvo lugar el día anterior, el 26 de febrero: en la carpeta de investigación, se declara por parte de oficiales y funcionarios del Gobierno que Donají se identifica como “Frida” y es reconocida como líder de ambulantes, información falsa y que la parte perjudicada repudia.

Argumentó que el gobierno no termina de entender cómo trabajar con las poblaciones prioritarias (como es el caso de las mujeres trans), que muy seguido son revictimizadas y expuestas a mayores violencias. Brigada Callejera como asociación civil ha trabajado con numerosas generaciones de funcionarios de gobierno para brindarles capacitación, pero esta ha tenido que renovarse cada sexenio, sin que se haya visto ningún esfuerzo por parte del gobierno de colaborar en la transmisión de estos protocolos.

Policía infiltrada, acusan colectivas

Señaló que las compañeras militantes en colectivas feministas, en numerosas protestas pacíficas han reconocido sujetos vestidos de civiles que les toman fotos y videos, hecho que denuncia como anticonstitucional. Algunos de estos individuos, también identificados en la represión del 10 de enero de este año, se encontraban fuera de la Secretaría de Gobierno y estaban fotografiando al contingente de acompañamiento a Donají.

Evidenció la ausencia, en la mesa de diálogo, de la jefa de Gobierno Clara Brugada (que se había expresado públicamente sobre el caso), de la Secretaría de la Mujer y otras instituciones fundamentales para poder plantear un diálogo y una atención con perspectiva de género. Exigió la presencia de Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Seguridad Ciudadana y su titular Pablo Velázquez, integrantes de Fiscalía, de Derechos Humanos, de Secretaría de Salud y finalmente, de la Jefa de Gobierno.

Las demandas

Pidió capacitación del personal y una urgente intervención del Gobierno en la Alameda Central, controlada por grupos de ambulantes afiliados con el crimen organizado.

Las representantes de las colectivas feministas presentes exigieron reconocimiento y respeto a las Mercaditas como acto de protesta legítimo y por ende protegido por el gobierno, previa capacitación apropiada de funcionarios públicos, construida e impartida por las integrantes de las colectividades agredidas. También plantearon la necesidad de la generación de políticas públicas que atiendan la transfobia, misoginia y violencia dentro de las instituciones públicas, transparencia sobre entrenamiento, capacitación y revisión de protocolos de los integrantes de SEGOB. Pidieron también que los servidores públicos tuvieran identificación visible y rostro descubierto en todo momento.

La compañera Victoria, quien creó y administra un refugio para las personas trans en situación de calle, evidenció la necesidad de implementar estructuras de este tipo en la Ciudad de México, destinar presupuesto público para el acceso de la población de la diversidad sexual a la salud, a la alimentación y a una vivienda digna, y programas sociales accesibles en todas las alcaldías de la Ciudad. También pidió acompañamiento a todos estos procesos con agilización burocrática y perspectiva de género, planteando la necesidad de políticas públicas para reducir la violencia transfóbica.

“La agresión hacia Donají no es un caso aislado. Nosotras somos las que estamos haciendo el trabajo que les corresponde, ¡es increíble! que sin ninguna formación, yo como trabajadora sexual, hemos acudido muchísimas veces al refugio, hemos alimentado a 53 personas al mes durante el año pasado, imagínense lo que podríamos hacer si pudiéramos generar una colaboración con el gobierno.”