Culiacán, Sin.— A través de los medios de comunicación, algunos legisladores del Congreso del Estado de Sinaloa se enteraron de los señalamientos contra el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, confirmó que hasta ahora no se ha recibido ninguna solicitud ni notificación oficial para iniciar un proceso de destitución contra el alcalde.
Indicó que será responsabilidad de las instancias correspondientes esclarecer si hubo o no irregularidades durante su gestión.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una carpeta de investigación en curso derivada de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). El caso involucra el arrendamiento directo de 126 patrullas en diciembre de 2021, en un contrato por más de 171 millones de pesos, sin licitación pública, lo que podría constituir una falta administrativa grave y el delito de ejercicio indebido de la función pública.
“Me enteré por los medios. Vi la entrevista a la auditora, entiendo que fue durante un curso. Nosotros, como Congreso, no hemos recibido notificación ni estamos involucrados. Este asunto está en otras esferas; estaremos atentos, pero respetando los tiempos y funciones de cada institución. No quisiéramos que todos los municipios se sientan bajo acecho”, expresó Guerra Ochoa.
Desde el Grupo Parlamentario del PAN, también se pidió prudencia antes de emitir opiniones. La diputada Roxana Rubio Valdez señaló que esperarán el resultado de la investigación.
“Sería irresponsable opinar sin haber revisado nada. Sabemos que hay una denuncia, pero la ASE debe realizar un dictamen. Cuando conozcamos ese resultado, opinaremos con objetividad. Por ahora, solo tenemos lo que dicen los medios”, sostuvo.
Rubio descartó especular sobre un posible desafuero, y reiteró que el Congreso aún no ha recibido expediente alguno.
Casos similares: Estrada Ferreiro y El Químico Benítez
Los casos del exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, marcan antecedentes directos.
Jesús Estrada Ferreiro
Discriminación y adquisición irregular de unos camiones de basura llevaron a Estrada Ferreiro a Juicio Político.
En junio de 2022, fue sometido a juicio político por el Congreso del Estado, acusado de desacatar la Ley de Agua Potable y negarse a homologar pensiones para viudas de policías. Se le negó una solicitud de licencia y, finalmente, fue sustituido por Juan de Dios Gámez Mendívil.
Además, enfrentó procesos penales por discriminación, abuso de autoridad y contratación irregular de camiones recolectores, lo que causó un presunto daño al erario.
En junio de 2024, un tribunal federal ratificó la legalidad de su destitución y desechó su amparo.
Luis Guillermo “El Químico” Benítez
Los excesos definieron la administración del Químico Benítez, más tarde estas prácticas lo llevaron a enfrentarse a procesos penales y la expulsión de Morena.
En octubre de 2022, renunció como alcalde de Mazatlán tras denuncias por la compra directa de luminarias LED sin licitación, con un presunto daño de 95 millones de pesos. Pese a las acusaciones, fue nombrado secretario de Turismo estatal, aunque fue removido del cargo en febrero de 2023 cuando la FGE inició una carpeta en su contra.
El caso incluye también la rifa de autos con recursos públicos, presuntas evasiones fiscales, contratación de empresas fantasma, y observaciones por más de 800 millones de pesos. Fue vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
En septiembre de 2024, fue expulsado de Morena tras postularse como candidato por otro partido sin coalición.
Coincidencias y diferencias
Similitudes en los casos.
Los casos de Vargas Landeros, Benítez Torres y Estrada Ferreiro presentan un patrón común: acusaciones por el uso irregular de recursos públicos, investigación por parte de la ASE, y alta visibilidad política.
En los tres casos, las acusaciones están relacionadas con presuntas irregularidades administrativas: Vargas Landeros enfrenta señalamientos por la adjudicación directa de un contrato de arrendamiento de patrullas por más de 171 millones de pesos; Benítez Torres fue acusado por la adquisición sin licitación de luminarias LED por más de 400 millones de pesos y el uso indebido de recursos en rifas; y Estrada Ferreiro fue señalado por abuso de autoridad, discriminación y la compra irregular de camiones recolectores de basura.
Asimismo, en los tres casos fue la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que detectó las anomalías y presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que derivó en procesos judiciales.
Otra coincidencia importante es que los tres políticos han manifestado o manifestaron públicamente sus aspiraciones a cargos más altos: Vargas Landeros ha reiterado su intención de ser gobernador de Sinaloa; “El Químico” también aspiraba a esa posición, y Estrada Ferreiro, antes de su caída, era uno de los perfiles más visibles de la capital del estado.
La diferencia principal radica en cómo fueron procesados sus casos: mientras que Jesús Estrada Ferreiro fue destituido formalmente por el Congreso del Estado mediante un juicio político, Luis Guillermo Benítez Torres fue removido de su cargo como secretario de Turismo por decisión del gobernador Rubén Rocha Moya, en respuesta a la solicitud de la Fiscalía. En el caso de Vargas Landeros, aunque ya existe una investigación en curso, el Congreso no ha recibido una notificación oficial ni ha iniciado procedimiento alguno.
Estos casos reflejan una constante: funcionarios municipales de alto perfil señalados por presuntas irregularidades, enfrentando consecuencias políticas y legales de distinta magnitud.
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