Culiacán, Sin.- La presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Yeraldine Bonilla Valverde, confirmó este lunes que el proceso de desafuero no solo es contra el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, sino también contra el diputado local de Morena, Genaro García Castro, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Ahome durante el periodo 2021-2024.

La legisladora explicó que, debido a la secrecía del procedimiento, únicamente podía informar que la Declaración de Procedencia fue turnada a la Comisión Instructora, la cual deberá sesionar para decidir si el dictamen pasa a votación en el pleno.

Diputada, Yeraldine Bonilla Valverde.

“El día de hoy se tuvo una sesión secreta. Se turnaron los documentos a la Comisión Instructora y, por ley, no podemos dar más detalles. Pero sí puedo confirmar que las denuncias penales involucran tanto al presidente municipal de Ahome como al diputado local Genaro García”, declaró.

Bonilla Valverde precisó que no podía revelar los delitos que se les imputan, ni detalles adicionales sobre el procedimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica. También subrayó que ni siquiera como presidenta de la Mesa Directiva tiene acceso a la información que maneja la Comisión Instructora.

Una vez que esta comisión emita su dictamen, la Declaración de Procedencia será sometida a votación en el pleno del Congreso.

El origen del caso

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) solicitó al Congreso local retirar el fuero constitucional al alcalde de Ahome para que enfrente una denuncia penal por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas, por un monto total de 171 millones 451 mil 932.40 pesos.

La denuncia se originó tras una observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó que el contrato de arrendamiento fue adjudicado de forma directa a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, sin justificación válida y violando la normatividad en materia de adquisiciones públicas. El contrato fue firmado el 10 de diciembre de 2021, y los vehículos se destinaron a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La ASE concluyó que no existieron razones de emergencia que avalaran la adjudicación directa y que los funcionarios involucrados incurrieron en presunto desempeño irregular de la función pública. Entre los señalados además de Vargas Landeros están Dalvingh Iturrios Corrales, Antonio Humberto Vega Arellano, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Julio César Romanillo Montoya y Genaro García Castro.

Principales hallazgos de la ASE

Al analizar la cuenta de Arrendamiento Financiero, la ASE encontró pólizas que registran pagos por 5 millones 634 mil 231.20 pesos en concepto de anticipo y primera mensualidad a Grinleasing, S.A.P.I. de C.V., dentro del contrato DA-Arrendamiento-018-2021.

El procedimiento correcto debió ser una licitación pública; sin embargo, se optó por una adjudicación directa, violando normas estatales y municipales de adquisiciones.

Además, se omitió presentar la fianza de garantía, incumpliendo con los artículos de la Constitución de México, la Constitución de Sinaloa, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y reglamentos municipales.

La ASE emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa para que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen a los servidores públicos responsables.

Diputado involucrado

El diputado Genaro García Castro, de Morena, quien formaba parte del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome, está directamente implicado en el caso.
Actualmente es vocal de la Comisión Instructora, por lo que aún no se define si podrá participar en la sesión que decidirá si el desafuero procede ante el pleno.

 

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