Culiacán, Sin.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) exhortó al Gobierno Federal a iniciar a la brevedad un proceso de evaluación y traslado de las personas internas de alta peligrosidad a centros federales que cuenten con las condiciones necesarias de seguridad, control y supervisión.

“La seguridad pública no puede estar comprometida por la presencia de estructuras delictivas que han logrado penetrar algunos centros penitenciarios. Es momento de cerrar filas y avanzar hacia un sistema de readaptación social verdaderamente funcional, seguro, digno y ajeno a los intereses criminales”, se lee en el posicionamiento.

Dicho mensaje del CESP va dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Comentaron que la seguridad penitenciaria es un pilar de la gobernabilidad democrática. El Estado no puede —ni debe— permitir que los penales estatales se sigan utilizando como centros de operación criminal, violencia e impunidad, como los hechos lo han constatado.

“Lo ocurrido en Aguaruto confirma, una vez más, una crisis estructural que pone en riesgo no solo a los custodios y a los internos, sino también a sus familias y a la sociedad sinaloense en su conjunto”, señalaron.

“El Penal de Aguaruto ha sido escenario de reiteradas crisis de seguridad. Es indispensable actuar con decisión para evitar que situaciones como las del Penal de Topo Chico, en Nuevo León (2016), donde la violencia carcelaria provocó tragedias humanitarias y colapsos institucionales, se repitan en nuestro estado”, apuntaron.

Asimismo, el CESP comentó que lo ocurrido en el Penal de Aguaruto se enmarca en el contexto de los múltiples decomisos recientes de armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos de comunicación, así como reiteradas fugas masivas, como las ocurridas durante el denominado “Culiacanazo”.

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