El ataque con armas de fuego a una camioneta blindada que sucedió ayer en el estacionamiento de una empresa de venta de artículos para oficina ubicada en el sector Isla Musala, con daños a otros ocho vehículos, recalca el tipo de hechos con los cuales la delincuencia a partir de un suceso criminal causa miedo y percepción de desamparo generalizados en la población pacífica.

De la misma forma, estas agresiones contra automotores e inmuebles ratifican la facilidad con que los grupos al servicio del narcotráfico transitan libremente por sectores de las ciudades, mientras la fuerza pública brilla por su ausencia en lo referente a detectar y detener a los sicarios antes de que afecten o pongan en riesgo la vida y los bienes de personas y familias que se hallan en los lugares de las balaceras.

Los datos de la Fiscalía General del Estado exponen que desde el 9 de septiembre de 2024, cuando inicio la confrontación todavía en curso al interior del cártel de Sinaloa, han sido afectados 97 inmuebles con armas de fuego, entre viviendas y establecimientos comerciales, ya sea por ataques directos o por hallarse cercanos a los puntos en que ocurren las acometidas criminales.

La delincuencia organizada plasma la crueldad y reto a la ley en sitios públicos donde medios de comunicación y plataformas digitales puedan dar testimonio de sucesos con consecuencias geográficamente delimitadas, pero de enorme capacidad de difusión y alcance de audiencias que redundan en la noción social de inseguridad y de autoridad rebasada, de ciudadanía rehén de las células del narcotráfico en pugna.

Sinaloa luce atorado en las narrativas de violencia extrema y la insuficiencia del esfuerzo federal y estatal para contener eventos de gran capacidad en cuando a fortalecer la zozobra pública y la desconfianza en el gobierno. A la hora que quiere, en el lugar que elija, y con el modus operandi que decida, la delincuencia del narcotráfico demuestra que va adelante de la estrategia nacional o local para someterla al orden jurídico.