Culiacán, Sin.- “El rector miente”, afirmó el diputado local Sergio Torres Félix en rueda de prensa, tras los señalamientos del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, quien lo acusó de usar a la institución como plataforma política de cara a las elecciones de 2027.

El legislador de Movimiento Ciudadano rechazó estar motivado por fines electorales y dijo que su objetivo es lograr que la UAS sea una institución que rinda cuentas y sea fiscalizada como cualquier entidad que recibe recursos públicos.

Torres desmintió al rector, quien afirmó que ya existe un mecanismo interno de fiscalización dentro de la universidad: la Contraloría Social Universitaria.

“Eso es totalmente falso. La propia Ley Orgánica de la UAS, en su artículo 61, señala que la Contraloría Social Universitaria es un órgano de consulta y propuesta, no de fiscalización. Mienten descaradamente para seguir despilfarrando más de 500 millones de pesos al año”, acusó.

Sobre si sus denuncias forman parte de una campaña rumbo a los comicios de 2027, el legislador fue enfático diciendo que sí era una campaña, pero no política, es una campaña contra la corrupción al interior de la universidad.

“No vamos a rendirnos hasta que la UAS sea auditada por la Auditoría Superior del Estado. Toda institución que maneje recursos públicos debe rendir cuentas. Le digo al rector Madueña: no traemos ninguna campaña en su contra, ni en contra de la universidad, traemos una campaña a favor de la transparencia. Y sí, traemos una campaña… pero de fumigación contra la corrupción del doctor Madueña en la UAS”, remató Torres.

¿Qué dice la Ley Orgánica de la UAS?

La reforma más reciente a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, publicada el 2 de octubre de 2024, establece que la Contraloría Social Universitaria es un órgano de recomendación, consulta y propuesta, sin facultades para auditar directamente los recursos de la institución.

Este órgano puede emitir opiniones sobre el uso de los recursos y proponer auditorías externas, pero todo debe canalizarse a través de la Comisión de Hacienda y Glosa del Consejo Universitario. Su integración incluye representantes del Congreso local, organismos sociales, sectores académicos y estudiantiles.

Además, la ley prohíbe expresamente el cobro por ingreso o permanencia en la UAS, y declara como inalienables e imprescriptibles los bienes universitarios, los cuales están exentos de impuestos estatales y municipales.

Estas reformas buscan fortalecer la autonomía financiera de la universidad, aunque actores políticos y sociales como Sergio Torres exigen mayor fiscalización externa para garantizar la transparencia.

 

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