Culiacán, Sinaloa.– Ante el debilitamiento del aparato estatal y nacional de transparencia como parte de las reformas federales hacia un nuevo sistema, organismos afiliados a la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (REDCA) impulsan una propuesta de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la intención de descentralizar los órganos garantes y devolver a la ciudadanía su capacidad de incidir en la vigilancia del poder.

Presentada este viernes 6 de junio ante la Oficialía de Partes del Congreso de Sinaloa por organismos como Coparmex, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Iniciativa Sinaloa, madres buscadoras, entre otras, la propuesta de reforma busca que cada uno de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia cuenten con una autoridad garante desconcentrada, es decir, con autonomía legal, presupuesto propio e independencia técnica.

“Lo que queremos es que estos órganos no dependan de las secretarías, ayuntamientos u otras instituciones a las que deben regular. La idea es que haya un mayor grado de autonomía para que las funciones de transparencia no estén sujetas a presiones políticas o administrativas”, afirmó Emanuel Espinoza Salcido, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

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FOTO: César Ernesto Hernández

Para esto, se crearían 26 órganos garantes, uno para cada uno de los tres poderes del estado, para el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y los 20 municipios.

Una de las principales innovaciones propuestas es que las personas titulares de estos órganos n3o sean designadas por los titulares del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, como permite actualmente la Ley General de Transparencia, sino que sean elegidas mediante comisiones de selección completamente ciudadanas.

La ley general no obliga a que el titular lo elija el poder ejecutivo; sólo dice que puede hacerlo. Nosotros estamos proponiendo que eso cambie a nivel estatal, que haya un proceso más participativo y menos discrecional”, señaló.

La propuesta de reforma del CPC incluye también la conformación de un Consejo Consultivo Ciudadano con representación de los 20 municipios, que tendría voz y voto en el nuevo sistema estatal de transparencia.

Además, se plantea la institucionalización de un mecanismo de consulta ciudadana cada dos años para definir qué información debe ser obligatoriamente pública, atendiendo temas prioritarios como medio ambiente, seguridad o planeación urbana, y respetando el principio de datos abiertos.

“Queremos que la ciudadanía pueda decir: ‘necesito que esta información se me transparente y en este formato’. Que si lo piden como documento lo reciban como documento, y si lo quieren como Excel trabajado, se entregue así”, explicó Espinoza.

Finalmente, el integrante del CPC subrayó que el espíritu de la reforma es preservar el carácter ciudadano que tiene la CEAIP ante su eventual desaparición. Pues este organismo, calificó Espinoza, tuvo un papel muy participativo y a favor de la sociedad dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Lo que realmente nos quitaron fue la injerencia ciudadana en los temas de transparencia. Y eso es lo que queremos recuperar”, concluyó.

FOTO: César Ernesto Hernández

Debilitamiento de la transparencia

Con los cambios a nivel federal que eliminan los organismos de transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción ha enfrentado un debilitamiento progresivo marcado por la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en diciembre del 2024.

Ante su eliminación, sus funciones fueron transferidas a una nueva secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en un órgano desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo”.

En seguimiento a está política federal, en Sinaloa también desaparecerá el órgano garante, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), situación que ha generado preocupación entre organizaciones ciudadanas, al advertir que su eliminación reduce los contrapesos para asegurar la transparencia en la información pública y combatir la corrupción gubernamental.

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