Por Tonantzin Moya / @huitlacohi (X) / @tonantzin_moya (IG)

El patrimonio natural de Zapopan está en riesgo. En nombre del ordenamiento territorial, el municipio busca legalizar cuatro nuevos planes parciales de desarrollo urbano que amenazan zonas de alto valor ambiental como el Bosque La Primavera, el Nixticuil, Tesistán y el Bajío. Lo hace bajo el lenguaje técnico de la “redensificación”, pero en la práctica se trata de un modelo de ciudad que expulsa comunidades, privatiza el territorio y vulnera el derecho a un ambiente sano.

Treinta personas interpusieron un amparo para frenar la entrada en vigor de estos planes (PPDU ZPN-09 “Base Aérea – Bajío”, ZPN-10 “Copala”, ZPN-11 “Tesistán” y ZPN-12 “El Nixticuil”). Argumentaron afectaciones socioambientales graves y omisiones de fondo en el proceso de aprobación. Pero el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa no llegó a analizar el fondo del caso: lo desechó por supuestas fallas de forma, al considerar que las personas promoventes no demostraron interés legítimo.

La sentencia sostiene que las y los quejosos no lograron probar la omisión del IMEPLAN —el instituto encargado de emitir tres dictámenes fundamentales antes de modificar planes urbanos: el impacto metropolitano, la congruencia con los instrumentos de planeación y el estudio técnico que justifique la necesidad de modificar o no. Pero esto invierte la lógica del derecho ambiental en México, donde, cuando se denuncia una omisión, es la autoridad quien debe demostrar que actuó conforme a derecho.

Las personas promoventes informaron a este medio que el juez desestimó las pruebas alegando que no se entregaron identificaciones oficiales certificadas, cuando estas sí fueron presentadas desde el inicio del procedimiento. Esto sugiere que el expediente no fue revisado a fondo, y que el caso fue desechado con base en formalismos y criterios regresivos, particularmente tratándose de la garantía y protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

Este caso revela algo alarmante: las instituciones que deberían proteger el territorio y la justicia ambiental se tropiezan con procedimientos técnicos desconectados de la realidad climática. La amenaza a los ecosistemas de alto valor ambiental no es marginal, tiene impactos directos sobre el entorno urbano del Área Metropolitana de Guadalajara. Tras los ocho años que tardó en resolverse este proceso, resulta indispensable verificar si las modificaciones del territorio y del marco regulatorio no contradicen lo que hoy intentan legalizar con estos planes. Porque la ciudad entera ya resiente los efectos del cambio climático: temperaturas extremas, escasez de agua, pérdida de suelos, incendios cada vez más frecuentes.

Este modelo de planeación que rompe el equilibrio ecológico, debilita el arraigo barrial y aumenta la vulnerabilidad de todas y todos ante los efectos de la crisis climática.

Por ahora, la suspensión se mantiene vigente mientras el caso es revisado por un Tribunal Colegiado. Este podrá:

Ordenar al juzgado reponer el procedimiento y emitir una nueva sentencia.
Resolver de fondo y dictar sentencia directamente.
O ratificar la resolución superficial que desechó el caso sin analizarlo.

Lo que está en juego no es solo la validez de un plan. Está en juego el derecho a vivir en una ciudad habitable, justa y ecológicamente sana. Con la llegada de nuevos jueces y magistradas, el país abre un capítulo inédito en su historia judicial. Queda en sus manos decidir si el derecho puede ponerse verdaderamente al servicio de la vida.