Culiacán, Sinaloa.- El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado propone una reforma a la Ley de Gobierno Municipal de Sinaloa para que los ayuntamientos destinen un porcentaje de sus recursos a atender a las sindicaturas con obras sociales.
La propuesta contempla modificar el artículo 28 de dicha ley para que los municipios sinaloenses adopten el presupuesto participativo como figura obligatoria. Esto permitiría que al menos el 20% de los recursos de libre disposición se destinen al gasto social, con la participación directa de las sindicaturas, comisarías y colonias en la toma de decisiones, indicó el diputado Bernardino Antelo, promovente de la iniciativa.
“La idea es que lo que cobren (de impupestos) en esas demarcaciones pueda ser destinado para obras de beneficio social que vayan a impactar a estos lugares. Con esto se busca, pues darle justicia a un reclamo añejo que se tiene en todas las comunidades rurales de nuestro estado”, señaló Antelo Esper.
La iniciativa plantea que la mitad de esos recursos del presupuesto participativo se distribuya equitativamente entre las sindicaturas del municipio, mientras que la otra mitad se asigne con base en indicadores como el índice de pobreza multidimensional, incidencia delictiva, condiciones rurales y densidad poblacional, según datos actualizados del INEGI.
Otro punto de la propuesta es que el recurso del predial rústico recaudado en una sindicatura se utilice exclusivamente en esa misma zona, a través de un proceso participativo donde sean los síndicos y comisarios quienes definan las prioridades de inversión.
“Por ejemplo, si la comunidad de Culiacancito aporta año con año una cantidad significativa de predial, no es justo que ese dinero se use para bachear calles en la zona centro de Culiacán. La gente de esa sindicatura debe poder decidir si quiere pavimentar una calle o rehabilitar un pozo, porque conocen mejor que nadie sus necesidades”, expresó el diputado.
El legislador reconoció que existe una “cola legislativa” de iniciativas en espera de dictamen, pero confió en que esta pueda avanzar por su carácter de beneficio social para la población más vulnerable.
“La idea es que el impacto presupuestal se distribuya de manera más equitativa y que veamos beneficios en el mediano este y largo plazo”, concluyó.
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