Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, las y los diputados de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, mediante el cual se concreta la creación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
El proyecto legislativo reforma el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, así como la adición de diversas disposiciones al Código Penal del Estado y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa.
En el dictamen se establece que esta nueva figura, que dependerá directamente de la Fiscalía General del Estado, y será responsable de investigar de manera inmediata y oficiosa toda agresión cometida contra periodistas y defensores de derechos humanos, con perspectiva de género.
La creación de esta Vicefiscalía se aprobó como parte de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, que entró en vigor en mayo del 2022. Desde ese año, la iniciativa aprobada ordenaba la creación de la Vicefiscalía Especializada, pero el Congreso del Estado se mantenía en omisión legislativa.
Ante esto, los organismos de la sociedad civil que impulsaron la Ley de Protección para Defensores y Periodistas, como grupos de rastreadoras, periodistas y la asociación Iniciativa Sinaloa, implementaron una serie de medidas legales para hacer al Congreso cumplir con su creación.
Una reforma con presión social
En enero de este año, se admitió un juicio de amparo indirecto por omisión legislativa, ya que el Congreso local no había hecho los cambios correspondientes. Fue un juicio interpuesto por la organización civil Iniciativa Sinaloa. Un mes después, se llevó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para asentar la creación de la fiscalía especializada.
En marzo del 2025, el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Sinaloa otorgó la suspensión provisional al amparo indirecto presentado por Iniciativa Sinaloa; días después, ya en el mes de abril, el mismo Juzgado otorgó la suspensión definitiva del acto reclamado, ordenando al Congreso de Sinaloa la creación de la Fiscalía Especializada.
Durante este periodo, los ciudadanos impulsores de la Ley de Protección para Defensores y Periodistas también llevaron a cabo una serie de reuniones con autoridades como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, y la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo.
La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa
Durante la exposición de motivos, se destacó que “México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, es por eso que las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones dictaminadoras, externaron que, ante la alarmante vulnerabilidad que enfrentan estos grupos, resultaba impostergable que el Estado garantice el acceso a la justicia, la prevención de agresiones y la reparación del daño“.
Se precisó que actualmente la Fiscalía General cuenta con una Vicefiscalía de Derechos Humanos, pero sin atribuciones específicas para atender delitos contra periodistas y activistas sociales, por lo que, con la reforma, se especifica su competencia y se amplía su denominación para abarcar esta función.
Las Comisiones dictaminadoras también señalaron que esta medida cumple con los principios de austeridad republicana, al evitar la creación de una estructura completamente nueva, aprovechando las instancias ya existentes dentro de la Fiscalía.
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