Culiacán, Sinaloa.- Durante la “narcoguerra” derivada de un conflicto interno del cártel de Sinaloa, se han incrementado las agresiones y amenazas dirigidas a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo a Jhenny Judith Bernal Arellano, directora general del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (IPPPDHyP), de septiembre a la fecha se ha brindado atención a 131 personas, entre ellas 64 periodistas, 47 activistas y 20 familiares. Además, dos personas pertenecientes a estos gremios han tenido que salir del Estado por seguridad.
La gran mayoría de las agresiones, explicó Bernal Arellano, han sido amenazas de muerte, ataques a medios de comunicación con armas de fuego, daños a vehículo, amenazas con armas de fuego, actos de intimidación, censura, daños a vivienda, entre otras agresiones.
“Relacionado con eso hemos emitido un total de 547 medidas de septiembre a acá, que son muchísimas, de hecho se incrementó al doble el número de casos lo que nos tiene preocupados”, dijo.
Mencionó que en muchos casos se desconoce la identidad de la persona agresora. Sin embargo, se tiene conocimiento que 54 de ellos han sido personas vinculadas a la delincuencia, 24 que no tienen dicho vínculo, 9 servidores públicos armados, 7 servidores públicos estatales, 2 servidores públicos municipales, 1 servidor público federal y 1 servidor público de primer nivel.
Explicó que como parte de la atención, el instituto realiza un protocolo de evaluación de riesgo para armar un plan de protección, el cual puede incluir rondines bitacoradas, escolta permanente, reforzar entradas y salidas de domicilios y espacios laborales, entre otras acciones.
“Todo lo que se ocupa para que el periodista pueda seguir trabajando, pero con una mayor certeza o seguridad en lo que hace”, dijo.
Es así que del 9 de septiembre a la fecha, la crisis de violencia por la que atraviesa Sinaloa no solo ha cobrado vidas y acrecentado el fenómeno de desaparición de personas, también ha incrementado la violencia contra activistas y periodistas, vulnerando derechos como la libertad de expresión y defensa de causas sociales.
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