Durante los últimos 9 meses de violencia desbordada en Sinaloa, misma que ve su epicentro en la ciudad de Culiacán, se han presentado varios hechos delictivos que tuvieron como objetivo a vendedores de ruta y repartidores, confirmó el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

“Ya se han registrado algunos hechos en los que han despojado de unidades móviles a trabajadores de empresas. No he sabido que en el despojo haya habido más allá del acto de violencia que implica el mismo acto, como alguna víctima fatal”.

 

Frente a esta situación, el funcionario y luchador social destaca la importancia de que las empresas pongan especial atención en salvaguardar la integridad de sus colaboradores, especialmente aquellos que se encuentran expuestos al estar constantemente en la calle, o viajando en carretera a comunidades de la periferia.

La crisis de inseguridad en Culiacán, el resultado de una encarnizada disputa entre dos facciones del crimen organizado antes pertenecientes al Cártel de Sinaloa, ha devenido en el repunte de un amplio abanico de delitos. Entre los delitos que más atentan contra la percepción de seguridad en el municipio está el robo de vehículos, que muestra una incidencia promedio de 19 casos diarios desde septiembre de 2024, mes en que estalla la violencia.

Otras amenazas, como los constantes enfrentamientos armados en zonas tanto urbanas como rurales, bloqueos carreteros y desaparición forzada provocan miedo entre quienes trabajan en la calle. Así lo ha atestiguado Martha Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de México delegación Culiacán, y directiva en la empresa sinaloense Forrajes El Barrio.

“Todos tienen ese temor, pero, como dicen ellos mismos, pues tenemos que trabajar”, comenta Reyes en entrevista para Espejo.

En vista de las amenazas a las que se enfrentan los trabajadores que laboran bajo este esquema, el llamado de la instancia estatal de Derechos Humanos es claro. Loza dice:

“Aún cuando no den las condiciones para la garantía al 100% de las condiciones de trabajo, deben de buscar que los horarios y las rutas sean, en el mapa del delito de a partir del 9 de septiembre, las más recomendables a seguir“

 

Encuentra que, de extenderse el repunte violento, las empresas cuya operación se basa en el reparto y venta de ruta tendrán que cambiar su forma de trabajo con el fin de salvaguardar la integridad del empleado, así como de sus bienes.

El salir o no a ruta cuando existe un panorama de inseguridad no debería quedar a criterio del trabajador, opina el funcionario.

“No, yo creo que no deben dejar bajo la responsabilidad del empleado. Ya conocimos en los meses anteriores que, en lo que era la carretera a San Ignacio, Cosalá, los caminos de Elota, etcétera, sucedieron varios hechos que terminaron en despojo de las unidades y en lo que pudieramos llamar acciones que lastiman la seguridad e integridad de los empleados de empresa. Por eso deben de ser algo que lo defina la empresa junto con la misma autoridad“.

No existe coordinación entre empresas y autoridades de seguridad para dar a conocer sectores conflictivos.

 

Martha Reyes, la líder empresarial antes citada, declara que actualmente no existe ningún tipo de canal de comunicación o coordinación entre empresas del giro de distribución y las autoridades de seguridad del municipio.

Ante la falta de información oportuna y precisa sobre hechos violentos, algunos choferes y traileros han optado por crear sus propios canales de comunicación a través de grupos de WhatsApp, donde comparten alertas sobre zonas conflictivas.

Además, también por iniciativa de los propios trabajadores, quienes deben salir a carretera suelen organizarse para viajar en grupo. Esta medida les brinda mayor seguridad y les permite auxiliarse mutuamente en caso de enfrentar algún incidente relacionado con la violencia.

“Ojalá que a los que les toca la seguridad puedan crear estrategias para que, por lo menos en las carreteras, puedan andar seguros. Si de por sí andar en carretera ya es un riesgo, con esto de la inseguridad, aumenta”, sigue Reyes.

 

La apoderada de Coparmex cree que, si las empresas dispusieran de información, podrían tomar decisiones en tiempo que evitaran exponer a su fuerza de trabajo, pero ha faltado voluntad por parte de las autoridades para dicha coordinación.

Oscar Loza Ochoa coincide en que esta es un área de oportunidad que no se ha atendido.

“Hay todo un mapa que podemos tener en el estado de Sinaloa sobre los puntos o coordenadas que son más conflictivos. Esto puede ayudar para determinar rutas críticas por parte de la empresa de acuerdo con la información que tengan por parte de la autoridad para que establezcan nuevas rutas de reparto“.

 

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