La certeza jurídica, proveniente de instituciones fuertes y confiables, es un determinante para el panorama de negocios de cualquier región. La competitividad de Sinaloa como destino de inversión se adolece por la inexistencia de una instancia especializada en atender delitos informáticos. Actualmente, es una las tres entidades mexicanas que no cuentan con una policía cibernética.

A día de hoy, la era digital ha cambiado la forma en que los delincuentes operan. Lejanos son los tiempos en que la única preocupación de seguridad de las empresas eran sus bienes y mercancías físicos. La proliferación de los delitos por medios digitales como el fraude, robo o secuestro de información, ciberataques, entre otros, hacen de la ciberseguridad una prioridad obligada para las organizaciones.

En entrevista para Revista Espejo, el jefe de seguridad cibernética de Banco Azteca y otras empresas del Grupo Salinas, Zeus López, declara percibir como, en su experiencia y en sentido amplio, las empresas en México se ven en la necesidad de invertir cada vez más cuantiosas sumas de recursos en su blindaje digital.

Aunque esto es especialmente relevante para organizaciones como, en su caso, bancos y otras instituciones financieras, lo cierto es que la mayoría de empresas posee en su poder bases de datos con información sensible sobre empleados, clientes, o el mismo negocio, que tienen tanto el interés como la obligación de resguardar.

De acuerdo con Norton, empresa de ciberseguridad, el 20% de los mexicanos fueron objeto de un delito cibernético en 2024. En el reporte de riesgos de 2025, el Foro Económico Mundial colocó a las actividades delictivas digitales entre las principales preocupaciones para la economía a nivel global, por encima de la amenaza de la deuda y enfermedades infecciosas.

En este contexto, es crucial que las regiones cuenten con instituciones fuertes y especializadas que prevengan, investiguen y persigan infracciones cibernéticas.

“Aparte de la conciencia digital entre los ciudadanos, sí deben de existir instituciones. Porque puede haber empresas que no sean lo suficientemente responsables de salvaguardar, por ejemplo, la información. Sí, sí impacta, y creo que es muy necesario”, dice Zeus López, el especialista antes citado.

 

Eduardo Hernández, director de tecnología de Huawei Latinoamérica, por su parte, considera que para que los avances tecnológicos cumplan con su misión de abonar al bienestar de la sociedad es necesario empatarlos con políticas públicas que los regulen y protejan al usuario.

Francisco Sandoval, manager de arquitectura de soluciones para Zoho Latinoamérica, explica las implicaciones que tiene para el panorama de negocios de una región el no contar con un órgano dedicado a atender este tipo de incidentes.

“Si no existen entidades de ese tipo, se van a utilizar los sistemas para actividades no éticas. Siempre es necesario contar con una buena legislación y regulación para poder operar. Tener un marco jurídico que opere dentro del beneficio para todos”.

 

Para el empresariado, Sandoval encuentra que la inexistencia de instituciones de ciberseguridad implica un fuerte desincentivo para hacer negocios en una región:

 “No se tiene una certeza para realizar inversiones, el empresario no puede estar seguro de la inversión que está haciendo porque no tiene un marco regulatorio que lo proteja para poder operar”.

Empresas sinaloenses: víctimas frecuentes del ciberdelito

 

A principios del mes de junio del presente año, una empresa dedicada al giro de insumos para la industria pecuaria, la sinaloense Forrajes El Barrio, fue víctima de un ciberataque. Así lo confirmó a Revista Espejo Martha Reyes, directiva de la empresa, quien ocupa actualmente la presidencia de la Confederación Patronal de México (Coparmex) delegación Culiacán.

Este consistió en el secuestro de sus bases de datos: los delincuentes pedían una suma de dinero para regresar la información. Se trató de un ataque que en informática es conocido como “Ransomware”.

Frente a esto, la empresa se vio obligada a pagar este “rescate”, con tal de no ver comprometida su operación. Como es común con este tipo de incidencias, el crimen se queda suspendido en la impunidad.

“Cuando empecé a contarlo, mucha gente nos empezó a decir «ay, a mí también, y me costó tanto» […] Nos puso un caos”.

La multinacional sinaloense Grupo Coppel también fue objeto de un ciberataque a gran escala en abril de 2024, mismo que afecto la operación de más de mil tiendas, según reportó en su momento el ejecutivo Raúl Goycoolea. La empresa tardó en recuperarse por completo alrededor de tres meses.

En vista de este panorama regional, Reyes considera que la ausencia de policía cibernética merma la confianza de las empresas para con Sinaloa; no solo a las que podrían interesarse en llegar al estado, sino también a las originarias de la entidad.

“Tenemos que trabajar en eso. Si queremos sumergirnos en temas de nuevas tecnologías, ya estamos atrasados”, dice la líder empresarial.

¿Y la policía cibernética en Sinaloa?

 

Ante el planteamiento de la ausencia de policía cibernética en Sinaloa como un inhibidor de la competitividad, el director de seguridad y acceso informático del Gobierno de Sinaloa, José Enrique Rangel, confirmó a Revista Espejo que actualmente se encuentran en entrenamiento, y reconoce que es una necesidad latente.

“Está en desarrollo. Tengo entendido que los están capacitando, pero sí es algo que sin duda nos hace falta. Ahorita lo que hemos estado haciendo es invocar a la Guardia Nacional para ese tipo de eventos, y las campañas de concientización de ciberseguridad que tenemos en marcha hacen referencia a los números de la Guardia Nacional”, explica el funcionario.

 

En diciembre de 2024, el secretario de gobierno del estado de Sinaloa, Feliciano Castro, hizo mención de un presupuesto aprobado de 10 millones de pesos para la creación de una policía cibernética bajo el mando de la Fiscalía General del Estado, sin dar una fecha tentativa para su instauración.

Aunque ya en la discusión política y planes del aparato estatal, la consolidación de una policía cibernética que brinde certeza ante las amenazas digitales que enfrenta la ciudadanía y sector privado sigue siendo una tarea pendiente.

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