Ciudad de México.- Un Juez federal vinculó a proceso al Vicealmirante Manuel Roberto “N” y a nueve personas más por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con “huachicol fiscal”, combustible ilegal que evade impuestos, en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al Penal del Altiplano y dos mujeres al Penal Federal Femenil de Morelos. Una tercera funcionaria, con 12 semanas de embarazo, permanecería en arraigo domiciliario con brazalete electrónico.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, recordó esta mañana, en conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que “en el año de 2024, el entonces Secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.

El funcionario federal añadió que desde entonces las investigaciones se realizaron bajo control judicial y con la participación de la UIF, el SAT y Hacienda.

Además, explicó que, en marzo pasado, operativos en Ensenada y en Altamira permitieron localizar depósitos de combustible no declarado, hechos que al cruzarse con las denuncias previas revelaron el vínculo: “Cuando juntamos toda la información se dio el vínculo y al darse ese vínculo nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión se dieron no solamente por todo lo que habíamos investigado en materia de corrupción, sino por estos hechos nuevos que estaban vinculados”.

“De esa manera se obtuvieron las primeras órdenes, todas esas personas, ya prácticamente salvo dos que estaban fuera del país, están detenidos y hoy en la madrugada nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos. Yo creo que con esto queda suficiente”, añadió Gertz.

Durante la audiencia, uno de los marinos denunció amenazas dentro del penal y solicitó su traslado a una prisión militar, pero el Juez rechazó la petición, indicando que antes debe evaluarse si ese tipo de centro cumple con las condiciones procesales necesarias.

La FGR les imputó el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años.

Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

El juez validó declaraciones de testigos protegidos y descartó excluir el testimonio del Capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico. También reconoció que el caso está marcado por el asesinato de dos denunciantes: el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos.

El juez fijó un plazo de seis meses para que la FGR y las defensas reúnan sus respectivos datos de prueba.