Por Marcela del Muro y Marcos Vizcarra / Global Initiative

Era el año 2021, aún había escasez de medicamentos a causa de la pandemia de la COVID-19, y la anestesióloga mexicana Marisa Brito tomó una decisión desesperada: comprar fentanilo médico con receta oficial a través de internet para intubar a pacientes en estado crítico.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República consideró que se trataba de un acto de narcotráfico en un momento en que el fentanilo ya formaba parte de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos para su futura prohibición.

La doctora pasó meses inmersa en litigios, bajo el estigma de haber adquirido una sustancia tratada como si fuera droga ilegal, cuando en realidad era una herramienta de trabajo imprescindible.

El caso de Brito se sumó a otros sin que se produjera ningún avance que la inculpara de un delito que no cometió. Su defensa ogró demostrar que la compra era legal y que la sustancia se iba a utilizar con fines médicos, pero esta persecución marcó el inicio de un periodo de criminalización de los anestesiólogos.

En julio de 2023, en Los Cabos, Baja California Sur, el anestesiólogo Gustavo Aguirre fue desalojado de su domicilio en el marco de una investigación en su contra por delitos de narcotráfico. El médico había comprado cajas de fentanilo con receta y autorización oficiales para atender a pacientes con dolores crónicos, pero en ese momento el Gobierno mexicano ya había decretado una prohibición hacia el fármaco. La Fiscalía registró su casa con drones y militares, lo vinculó a un proceso judicial e incautó su vivienda.

«De pronto, un medicamento indispensable se volvió un riesgo profesional», recuerda Antonio Juárez Navarro, su abogado.

Aguirre terminó viviendo en alojamientos temporales mientras enfrentaba un proceso que también afectó a su familia, ya que su esposa también tuvo que someterse a investigaciones penales.

Un problema político

 

Las historias de estos médicos ilustran un problema mayor: la prohibición del fentanilo de uso médico en México desde 2023. Ocurrió tras las presiones políticas de Estados Unidos, donde los opioides sintéticos están presentes en más del 75% de las muertes por sobredosis. En 2017, con Donald Trump en la presidencia, la crisis de opioides se declaró emergencia nacional y el fentanilo se convirtió en ficha de negociación internacional.

México, señalado como origen principal del opioide ilícito, implementó estrategias para frenar su tráfico y evitar sanciones comerciales. Así surgió la campaña «Aléjate de las drogas, el fentanilo mata», para la que se destinaron 300 millones de pesos a medios y vallas publicitarias. Aunque se presentó como una campaña de prevención, especialistas coinciden en que su objetivo es más diplomático que sanitario: calmar las presiones de Washington, más que atender un problema real de salud pública.

El discurso público ha colocado al fentanilo como el gran enemigo, pero en los hospitales se libra otra batalla: la criminalización. Brito fue procesada por adquirir seis ampollas para intubar a pacientes graves. Casos como el suyo o el del doctor Aguirre revelan cómo se ha tratado a los médicos como narcotraficantes pese a tener permisos legales.

En 2023, el expresidente López Obrador propuso sustituir el fentanilo médico por otros analgésicos, pero la medida fue rechazada por varios anestesiólogos, quienes advirtieron de que no existe un sustituto igual de eficaz.

«Imagínese un paciente… intubado, tiene un tubo en la tráquea… el fentanilo ayuda a que no le duela», cuenta el anestesiólogo José Ramón Saucillo.

Con la prohibición vigente, la persecución continúa y el desabasto en hospitales públicos agrava la crisis.

Un poco de historia

 

La prohibición de los opioides con fines médicos no es nueva en México, ya que no comenzó con el fentanilo, sino que le preceden otros casos. En 2008 ocurrió lo mismo con la efedrina y la pseudoefedrina, lo que dejó al país sin antigripales eficaces. Además, las restricciones impuestas a la morfina, la metadona y la ketamina han provocado escasez recurrente de estos medicamentos.

CRONOLOGÍA: Prohibiciones de opioides en México

2008 Prohibición de la efedrina y la pseudoefedrina (precursor de metanfetamina).
2011–2012 Restricción casi total de flunitrazepam por uso en delitos sexuales.
2013–2014 Endurecimiento de controles a la metadona y la morfina, con exigencia de receta especial.
2023 Prohibición del fentanilo médico, pese a su uso en anestesia y cuidados intensivos.

Aunque opioides como la morfina, la oxicodona o la metadona siguen estando disponibles bajo estricta prescripción, hay especialistas que aseguran que no existe un sustituto al fentanilo igual de efectivo y versátil.

Bajo los efectos de la prohibición

 

A finales de 2023 e inicios de 2024, en los hospitales de Baja California y Guerrero, los quirófanos se detuvieron tras acusaciones contra los anestesiólogos. Fue una crisis que se extendió a todo el país. Los médicos contaban con salas y pacientes, pero no con permisos para acceder a opioides controlados. Sin anestesia adecuada, se suspendieron muchos procedimientos, aumentando el sufrimiento de quienes necesitaban cirugía urgente.

Organizaciones médicas como el Colegio Mexicano de Anestesiología advierten de que estas restricciones anteponen la seguridad nacional sobre el derecho a la salud. La prohibición del fentanilo médico en México no ha detenido el narcotráfico. En cambio, ha convertido la anestesia en un campo de batalla.