Culiacán, Sinaloa.- El gobierno de Sinaloa presentó la iniciativa de presupuesto de egresos e ingresos 2026, con un incremento del 20 por ciento en el rubro de seguridad pública.
El proyecto contempla 78 mil 344 millones de pesos, un aumento del 11.9 por ciento respecto a 2025. Joaquín Landeros Güicho, secretario de Administración y Finanzas, subrayó que seguridad recibirá la mayor bolsa adicional, que se traducirá en:
-Rehabilitación y equipamiento tecnológico de los penales de Aguaruto, Goros II y El Castillo.
-Contratación inicial de 50 nuevos custodios, cuya distribución definirá la Secretaría de Seguridad Pública.
-Fortaleza operativa y presupuestal en un sistema penitenciario reconocido por el propio gobernador como urgente de cirugía mayor.
El incremento llega en un contexto donde la violencia, la crisis carcelaria y la descomposición institucional han escalado derivado de un conflicto entre dos facciones del crimen organizado, presionando al Gobierno estatal a mover su discurso hacia la idea de construir paz desde los centros de reclusión.
Una nueva solicitud de préstamo
Aunque la presentación tenía como objetivo explicar prioridades para 2026, buena parte del mensaje volvió a centrarse en las deudas heredadas de las administraciones de Mario López Valdez (2011-2016) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021).
Desde los pagos a jubilados hasta la falta de capitalización del Instituto de Pensiones del Estado (IPES). El secretario dijo que los pasivos actuales son producto de omisiones de dichos periodos de gobernabilidad; que el gobierno estatal debe seguir destinando recursos a reparar esos daños; y que la ley impide contratar deuda para pagar deuda, por lo que la única vía es absorber esos compromisos en cada presupuesto anual.
Son omisiones de pago a trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), el ISSSTESIN y el fondo de ahorro SIAP de trabajadores de la Educación entre 2011 y 2016 por un monto de 2,676 millones de pesos. Además de una deuda ante el Fondo de Vivienda ISSSTESIN por 800 millones de pesos; pagos, laudos, sentencias e indemnizaciones por 1,645.9 millones de pesos; y el pago para rescate de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por malas administraciones entre 2015 y 2019 por un monto de 2,992 millones de pesos.
En total, el monto de deuda final es de 17, 141 millones de pesos, de la cual 14,272.3 millones de pesos han sido liquidados, por ello que se solicite ahora un nuevo mega préstamo de 2,200 millones de pesos.
Landeros Güicho afirmó antes los legisladores que esas deudas no fueron enteradas en el proceso de entrega-recepción de gobierno en 2021.
Para pagar el restante, el gobierno de Sinaloa quiere un préstamo a largo plazo por 2,200 millones de pesos que serán usados para obra pública. Esos recursos se sumarán al crédito ya autorizado este año y a los compromisos vigentes.
El crédito se destinaría a una cartera de proyectos construida mediante mesas de trabajo con diputados y alcaldes, principalmente en drenaje, agua potable, infraestructura educativa, vialidades, parques y rehabilitación penitenciaria.
Programas sociales y órganos autónomos, sin cambios de fondo
El funcionario confirmó que los programas sociales estatales que continúan son el de útiles y uniformes escolares, así como el de motores y pangas para pescadores.
Sobre los órganos autónomos, señaló que sus propuestas fueron entregadas conforme marca la ley, incluyendo la de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), que rondaría los 40 millones de pesos, aún sujeta a análisis legislativo.
Aunque el Gobierno estatal presume el mayor incremento a seguridad en años recientes, la presentación estuvo marcada por una insistencia narrativa que ya es constante de culpar al pasado mientras se solicita nuevo financiamiento para el futuro.
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