Ninguna persona debería temer por ser desaparecida.
Sin embargo, sucede y, si hay suerte, se les busca.
En el ideal de lo que establece el Protocolo Homologado de Búsqueda, que rige a nivel nacional, se activarían los mecanismos de búsqueda inmediata, se cerrarían las carreteras, se colgarían fotografías en todos los medios de comunicación posibles y así se trataría de localizar con vida a todas las personas.
Ese deber ser es lo que dictan la le federal y la ley estatal de búsqueda de personas desaparecidas, la cuales tratan el delito de la desaparición forzada de personas, ya sea cometida por particulares como por funcionarios públicos.
La realidad es desalentadora.
En el año 2019 se promovieron alrededor de 30 amparos en Sinaloa, para que jueces federales exigieran con órdenes judiciales los avances de carpetas de investigación.
La premisa consistió en que las autoridades habían hecho caso omiso a las denuncias interpuestas por los familiares ante el Ministerio Público, pues durante la revisión de expedientes habían encontrado un avance nulo en las investigaciones.
“Las compañeras se habían dado cuenta que lo único que tenían era la declaración que hicieron al principio y párale de contar. Otras vieron que los avances eran lo que ellas habían presentado. Imagínate cómo están esas denuncias que no se revisan…”, dijo María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras.
Esta organización civil conformada por más de 400 familias con personas desaparecidas en Sinaloa inició con la solicitud ante tribunales con el caso de Antonio Portillo Bojórquez, un joven de 26 años, quien desapareció el 13 de enero de 2019, en Culiacán.
La demanda fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito de Sinaloa, y exigió a las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Guasave, Guamúchil, Angostura, Navolato y Culiacán, la Policía Estatal Preventiva, Fiscalía General, Fuerzas Oficiales de la Policía Estatal, Fiscalía General de la República y los Comisionados de Búsqueda Estatal y Federal, apresurarse en las investigaciones.
El recurso se interpuso a través del enlace jurídico del Frente Cívico Sinaloense, con la idea de poder tener informes sobre cómo ha sido la búsqueda de Portillo Bojórquez.
A ese caso le siguió un recurso que promovió María Isabel Cruz Bernal, y después de este se recurrieron otros más hasta completar 30 demandas de amparo, entre ellas un paquete de 10 casos sobre casos de policías municipales, estatales y de investigación que fueron desaparecidos.
“Nos habían dicho que solamente eran dos policías desaparecidos, pero nosotras estábamos seguras de que no. Nos pusimos a rascarle y encontramos 10 policías desaparecidos estatales, municipales y ministeriales. Son variados, pero sí hay más municipales y vamos a empezar a trabajar los amparos de ellos”, aseguró Cruz Bernal en entrevista.
María Isabel es una madre buscadora, pues en enero de 2017 fue desaparecido su hijo Yosimar García Cruz, policía municipal de Culiacán.
Esta mujer se ha adentrado tanto en el expediente de su hijo que decidió, incluso, estudiar Derecho, pues luego de seis años detectó que uno de los problemas que enfrentan las madres buscadoras es la falta de avances en las carpetas, debido a que también existe un desconocimiento desde las víctimas en dar seguimiento a sus casos. Ejemplo de ello es que de los más de 12 mil expedientes sobre personas desaparecidas, por lo menos 3 mil 400 fueron archivados.
La Fiscalía General de Sinaloa informó a través de solicitudes de información que 2,327 casos que se denunciaron entre los años 2000 a 2021 por desaparición fueron determinados como no ejercicio de la acción penal, mientras que otros 1,096 casos se determinaron como archivo temporal.
En ambos casos, la Fiscalía General de Justicia argumentó que únicamente el 30 por ciento son notificados a los denunciantes, asegurando que se citó al 100 por ciento, pero únicamente acudió una parte mínima.
Para explicarlo de manera sencilla, la Fiscalía General decidió ya no investigar esos casos y ahora se encuentran archivados en algún lugar.
De eso trata el interés de Cruz Bernal, de desempolvar expedientes y poder reabrirlos, pues es en estos donde pueden encontrarse respuestas más amplias y complejas sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas en Sinaloa.
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