Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que el megaproyecto de amoniaco en Topolobampo cumple con todos los estándares exigidos por el Gobierno de México, por lo que defendió su continuidad pese a que defensores y defensoras de la Bahía de Ohuira, integrantes del colectivo Aquí No, anunciaron que 11 relatorías de la ONU emitieron recomendaciones y solicitaron acciones a gobiernos y empresas involucradas ante posibles violaciones a derechos humanos.

“Ese es un tema que cubre todos los estándares que exige el Gobierno Mexicano; todos los permisos y todas las licencias están cubiertas”, respondió el mandatario a pregunta expresa realizada por ESPEJO.

Las cartas enviadas por los relatores, especialistas en derechos humanos indígenas, libertad de expresión, derechos culturales, derechos de campesinos y otros, fueron dirigidas a seis actores clave: el banco alemán KfW, financiador del proyecto; Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), responsable de la inversión y construcción; Proman, empresa suizo-alemana propietaria de GPO; así como los gobiernos de México, Suiza y Alemania.

Mientras defensores de la Bahía de Ohuira denuncian la presencia de generadores de violencia que intimidan a las comunidades opositoras, Rocha insistió en que el Estado respalda la continuidad del megaproyecto.

—Se habla de impacto ambiental, de contaminación…
“Sí, por eso, pero todos los estándares y permisos están cubiertos… Ese es el Gobierno Mexicano. ¿Alguna otra cosa?”
—¿Se defiende entonces el proyecto?
“Sí, sí”.

 

Un territorio frágil bajo presión

 

Según los relatores de la ONU, desde que Gases y Petroquímicos de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, llegó en 2013 con la intención de construir una de las plantas de amoniaco más grandes de América Latina, la vida en Topolobampo comenzó a tensarse.

La Bahía de Ohuira no es un territorio cualquiera, es un sitio Ramsar desde 2009 por su alto valor ecológico. Ahí habitan tortugas, delfines, aves migratorias y miles de especies marinas. Más de 3 mil familias indígenas y ribereñas dependen de estas aguas para vivir. Aun así, las obras avanzaron sobre un ecosistema catalogado como frágil.

Documentos citados por Naciones Unidas señalan que el proyecto ya habría causado la destrucción de 21 mil metros cuadros de manglar y la desecación de humedales que sostienen flora y fauna. Una vez operativa, la planta usaría 2 mil metros cúbicos de agua de mar por hora, extracción que podría destruir más de 500 toneladas de larvas de camarón al año, más de la mitad de la pesca ribereña local.

 

Un riesgo humano masivo

 

El Estudio de Riesgo Ambiental reconoce que una fuga de amoníaco de cinco minutos podría generar una nube tóxica de 45 km de diámetro, capaz de poner en “peligro inmediato” a más de 400 mil personas. Y esto sin considerar las futuras fases que contemplan una segunda planta de amoniaco y una de metanol.

Pese a este panorama, la empresa obtuvo permisos sin cumplir la consulta previa, libre e informada que exige la ley. La Suprema Corte lo confirmó en 2021: se violó este derecho. En 2022, cuando se realizó una consulta tardía, cuatro de cinco comunidades votaron en contra, pero SEMARNAT reautorizó el proyecto.

La respuesta social derivó en el movimiento ¡Aquí No!, liderado principalmente por mujeres defensoras, pescadores y autoridades tradicionales. Su resistencia derivó en hostigamiento, vigilancia, difamación, allanamientos, amenazas e intentos de desaparición, según documentación de la ONU.

Una defensora fue interceptada tras una marcha y escapó corriendo; otra tuvo que abandonar su hogar. Relatores también registraron que GPO habría solicitado a un organismo público “evitar los pronunciamientos” de una mujer opositora, una señal de vulneración de derechos de participación y expresión.

Aun con medidas de protección federales y estatales, defensores viven con miedo. Las obras continúan parcialmente.

Así mismo, defensores de Ohuira aseguran que GPO habría reclutado a habitantes de la región para agredir a activistas que se oponen a la planta.

“Esos operadores ya están en la comunidad, y ya no es la empresa la que te violenta: es tu propio hermano. Cuando nos golpearon, no fue la empresa ni el gobierno: fue mi propio vecino. Pero es el dinero de la empresa que compra conciencias”, dijo a ESPEJO Susana Quintero, lideresa indígena de Ohuira.

Los activistas señalan que algunos agresores incluso portan indumentaria de GPO y Proman. Las comunidades afectadas incluyen Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.

Ante las amenazas, defensores utilizan chalecos antibalas y botones de pánico. También alertan sobre la posible participación de esquemas del crimen organizado en contra de quienes exigen la suspensión del proyecto.

 

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