¿Por qué las autoridades no quieren hablar de terrorismo?

Culiacán, Sin.- La noche del 16 de septiembre, comunidades de la zona serrana de Badiraguato vivieron horas de terror. Hombres armados abrieron fuego en tierra; drones en el cielo lanzaban explosivos. La luz eléctrica se cortó. Decenas de familias huyeron como pudieron y muchas terminaron en Culiacán, refugiadas en las inmediaciones del basurero municipal. Como este caso, hay cientos registrados desde que inició la guerra entre dos facciones del crimen organizado en Sinaloa, que ya no solo utilizan armas de fuego: usan explosivos y drones para sembrar horror entre la población, cobrando en el camino vidas de civiles.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el terrorismo implica violencia destinada a afectar a la población civil, uso de artefactos explosivos y acciones que buscan generar terror con un fin político. Estos elementos están presentes en Sinaloa, pero las autoridades insisten en negar que el estado viva actos de terrorismo.

“No hay terrorismo, por favor no lo vayas a poner en tu nota”, pidió el gobernador Rubén Rocha Moya al ser cuestionado por ESPEJO.

– ¿Pero sí causa terror…?

“Ni el carro bomba de Michoacán está clasificado como terrorismo. Mucho menos esto. Lo que se ha usado fundamentalmente son drones. Por fortuna no tenemos terrorismo. Todo tiene una definición: ¿qué es terrorismo y qué es violencia normal?”.

Elemento de la SEDENA utilizando un equipo anti drones.

Para Raúl Guillermo Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, lo ocurrido en Michoacán y Sinaloa, dijo, son acciones superiores en términos de efectividad militar criminal contra individuos, con consecuencias directas sobre la población civil, donde incluso ha habido personas asesinadas por estas tácticas.

“Tu gobernador no quiere que lo señalen como delincuente en Estados Unidos y sea extraditado. Está clasificado como uno de los gobernadores más vinculados al crimen organizado en México. Que diga que no uses la palabra terrorismo es vergonzoso. Claro que es terrorismo”.

El especialista explica que la negativa oficial se sostiene en un vacío legal, ya que el delito de terrorismo no está descrito de forma aplicable en los códigos penales estatales, y su reconocimiento obligaría al Estado mexicano a aplicar mayor fuerza y abriría la puerta a posibles intervenciones internacionales bajo marcos que combaten el terrorismo.

La definición legal que incomoda al Estado mexicano

De acuerdo con el Código Penal Federal, el artículo 139 considera terrorismo los actos cometidos contra bienes o servicios públicos o privados, así como contra la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular.

Las penas por cometer estos delitos van de 15 a 40 años de cárcel y de 400 a 2000 Unidades de Medida y Actualización de multa. También contempla 5 a 15 años de prisión para quienes amenacen con cometer actos terroristas y 1 a 9 años para quienes los encubran.

A pesar de este marco legal, el Gobierno mexicano evita usar el término. La razón no solo es semántica, también tiene detrás un tema geopolítico.

Cecilia Farfán Méndez, jefa del Observatorio de América del Norte en la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, explica que la postura cauta del Gobierno Federal responde a la relación bilateral con Estados Unidos y sus posibles implicaciones.

“Entiendo el sentir de la población, pero también es necesario entender la posición del Gobierno Mexicano y su necesidad de ser cauto, ya que podría significar una intervención de Estados Unidos”, señaló a ESPEJO.

El presidente Donald Trump ha hecho pública en varias ocasiones su intención de erradicar a las organizaciones criminales, señalando necesaria la intervención.

Agregó que, aunque el gobierno federal implementó el Plan Michoacán para atender la violencia en ese estado, sorprende que no exista una estrategia equivalente para Sinaloa, especialmente en un contexto donde estos crímenes incrementan las presiones de Donald Trump y sus constantes amenazas de intervenir en México bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

“El gobierno de Estados Unidos ya ha catalogado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, pero el gobierno mexicano se resiste ante las implicaciones que eso conlleva. Es algo que ellos deben resolver, pero en definitiva estos crímenes no pueden seguir ocurriendo”.

Finalmente, Raúl Benítez Manaut resume el impacto de estas tácticas criminales y que mantienen el debate de cuando es o no terrorismo.

“Hacen acciones armadas, uso de bombas y amenazas que aterrorizan a la población. Es crimen organizado usando tácticas terroristas. Están implantando terror en ciudades y vías de comunicación. Con drones, su alcance es mayor aunque impreciso, pero tienen la capacidad de matar civiles”.