Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) que heredó Alejandro Gertz Manero y al menos 29 fiscalías cerraron el año, en su conjunto, con un alza de 5.20 por ciento en las órdenes judiciales pendientes de ejecutar, es decir, a 9 mil 414 más de las que tenían al arranque del año, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatales 2025. Ese mismo rezago se extiende a las órdenes de reaprehensión, las comparencias o citaciones, expone el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025.

El Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), elaborado con datos proporcionados por las propias procuradurías y fiscalías, muestra que al menos 22 de 29 fiscalías estatales cerraron el 2024 con un mayor rezago de órdenes pendientes de ejecutar, en comparación al que tenían al iniciar el año. Solo cinco fiscalías y la FGR mostraron que al cierre del año tenían menos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar que cuando iniciaron el año.

De acuerdo con el estudio, entre las 29 fiscalías estatales y la FGR, el año inició con 180 mil 862 órdenes judiciales pendientes. A lo largo del periodo se giraron 112 mil 466 nuevas y se cumplimentaron 93 mil 721. Por ello, el cierre de 2024 se dio con 190 mil 276 órdenes sin ejecutar, es decir, que el rezago total creció al menos un 5.20 por ciento, equivalente a 9 mil 414 pendientes adicionales. Para este Censo, en el caso de la FGR se contabilizaron solo órdenes de aprehensión; en las fiscalías estatales se incluyeron órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras modalidades.

No obstante, en cuanto a las fiscalías estatales, es importante mencionar que la Fiscalía de la Ciudad de México fue la menos transparente entre todas las fiscalías del país, porque no entregó información completa para el Censo Nacional en el módulo de Procuración de Justicia. Por esa razón, la Ciudad de México quedó fuera de los indicadores de 2024, según expuso el Inegi en ese estudio.

En cuanto al comportamiento de las fiscalías con respecto a su capacidad de cumplir los mandatos judiciales, que es una de sus principales labores para continuar con las investigaciones, cuatro estados destacan por el crecimiento exponencial de su rezago: Tabasco, Campeche, Puebla y Sonora, aunque cada uno presenta dinámicas distintas.

El caso más extremo es Tabasco, donde el número de órdenes de aprehensión pendientes aumentó 34 mil 200 por ciento, lo que equivale a un salto 343 veces mayor respecto al inicio de 2024. La entidad arrancó el año con sólo tres órdenes pendientes, recibió dos mil 147 nuevas, cumplimentó mil 109 y finalizó con mil 26 órdenes sin ejecutar.

Este comportamiento coincide con una escalada inédita de violencia en la entidad, que en 2024 registró 892 víctimas de homicidio doloso, un aumento de 252.56 por ciento respecto a las 253 de 2023,  la cifra más alta en la historia reciente de Tabasco, superior incluso al máximo registrado en 2019, cuando hubo 670 víctimas.

Incluso el incremento de eso año superó el de otras entidades que también reportaron alzas importantes, como Baja California Sur con 155.55 por ciento, Sinaloa con 87.19 por ciento y Chiapas con 43.30 por ciento.

En Tabasco también repuntaron otros delitos de alto impacto. Los secuestros crecieron 157.14 por ciento al pasar de 21 víctimas en 2023 a 54 en 2024; los feminicidios aumentaron 61.11 por ciento al pasar de 18 a 29; y las extorsiones subieron 41.17 por ciento, con 144 víctimas registradas. Todo ello ocurrió en un año en que la fiscalía estatal ejerció un presupuesto de mil 188.8 millones de pesos y, aun así, cerró con un crecimiento abismal en materia de órdenes judiciales tanto giradas como pendientes.

Campeche es otro de los estados en que se disparó el rezago. La Fiscalía arrancó 2024 con 43 órdenes de aprehensión pendientes; en el año se giraron 353, se concluyeron 205 y el rezago finalizó en 699 órdenes adicionales, lo que representa un aumento de mil 525 por ciento respecto al inicio del periodo.

Puebla también cerró el año con un crecimiento considerable en sus órdenes pendientes. La Fiscalía inició 2024 con mil 772 órdenes, giró cuatro mil 043, cumplimentó cuatro mil 638 y terminó con cuatro mil 715, lo que equivale a un aumento de 166 por ciento, es decir, dos mil 943 órdenes adicionales.

Sonora presentó alzas de igual forma. El año comenzó con mil 620 órdenes pendientes, se giraron cuatro mil 299, se cumplimentaron dos mil 300 y se cerró con dos mil 765, un aumento de 70.68 por ciento, equivalente a mil 145 órdenes adicionales.

En Baja California se registró un repunto relevante: inició con siete mil 951 órdenes pendientes, se giraron 10 mil 666, se cumplieron 12 mil 110 y, aun así, cerró con un rezago 52.31 por ciento mayor, equivalente a cuatro mil 159 órdenes adicionales. Yucatán, un estado que no suele figurar entre los de mayores índices de violencia, inició con 766 órdenes pendientes, recibió mil 93 nuevas, cumplimentó mil 87 y finalizó con un aumento de 41.1 por ciento respecto a su rezago inicial.

Otros estados registraron aumentos moderados, pero igualmente significativos, como Durango que  concluyó el 2024  con un crecimiento de 32.86 por ciento, al pasar de 925 a mil 229 órdenes pendientes. Hidalgo aumentó 22 por ciento, al pasar de 491 a 599. Chiapas cerró con un aumento de 18.99 por ciento; Aguascalientes con 18.57 por ciento; Baja California Sur con 18.48 por ciento; Nayarit con 16.52 por ciento.

Lo mismo sucedió en San Luis Potosí con 16.41 por ciento; Quintana Roo con 12 por ciento; Nuevo León con 11.34 por ciento; y Tamaulipas con 9.05 por ciento. En Guanajuato, uno de los estados con mayor violencia del país, la fiscalía inició con seis mil 669 órdenes pendientes, recibió siete mil 868, cumplimentó siete mil 593 y cerró con seis mil 954, lo que representa un aumento de 4.27 por ciento respecto al inicio del periodo.

Tlaxcala pasó de cero a 16 órdenes pendientes —lo que representa un aumento de mil 600 por ciento— sin embargo, esta cifra no refleja su verdadero desempeño, ya que la fiscalía recibió 281 órdenes nuevas durante 2024 y cumplimentó 271, lo que significa que sí ejecutó el 96.44 por ciento de las órdenes emitidas, una efectividad destacada para una de las fiscalías con menor presupuesto del país, con apenas 370 millones de pesos.

Actos de investigación

Otro aspecto a considerar en cuanto a los trabajos de las fiscalías, también se puede hablar de los actos de investigación. De acuerdo con el Censo del Inegi, durante 2024 se realizaron tres millones 202 mil 408 actos de investigación, de los cuales dos millones 905 mil 107 correspondieron a la etapa inicial, equivalente al 90.7 por ciento del total, y 297 mil 301 a la etapa complementaria, que representa el 9.3 por ciento.

Del total de todas esas acciones de investigación, al menos tres millones 139 mil 819 se efectuaron sin control judicial, es decir, que no se necesitó una orden judicial o de un juez y 62 mil 589 con control judicial, el control judicial es decir, son aquellas actuaciones de la autoridad que requieren la autorización, supervisión o revisión de un Juez de Control para respetar los derechos humanos y la legalidad,

Entre los actos sin control judicial, destacan 940 mil 121 solicitudes de servicios periciales y dictámenes médicos, 573 mil 507 entrevistas a testigos y 369 mil 674 inspecciones en lugares de los hechos. Los actos con control judicial más frecuentes fueron los cateos, con ocho mil 297 realizados, y las intervenciones de comunicaciones privadas y correspondencia, con cinco mil 882 solicitudes autorizadas por jueces.

Durante 2024 se realizaron tres millones 202 mil 408 actos de investigació. Foto: Twitter @FiscaliaSinaloa

Presupuesto ejercido
El presupuesto total ejercido por la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales durante el 2024 ascendió a 68 mil 552 millones 794 mil 024 pesos. La FGR ejerció 19 mil 810 millones 715 mil 390 pesos, mientras que las 29 fiscalías estatales sumaron 48 mil 742 millones 078 mil 634 pesos. En el ámbito estatal, el Estado de México concentró 10.7 por ciento de los recursos.

La Fiscalía del Estado de México fue la que más presupuesto utilizó, con 5 mil 222 millones de pesos. Le siguieron Guanajuato, con 4 mil 708 millones; Nuevo León, con 3 mil 947 millones; Chihuahua, con 3 mil 206.6 millones; Baja California, con 2 mil 884 millones; Jalisco, con 2 mil 644.8 millones; y Sonora, con 2 mil 164 millones de pesos.

Más abajo tenemos por ejemplo a las fiscalías de  Veracruz, con 1 mil 849 millones; Quintana Roo, con 1 mil 663 millones; Chiapas, con 1 mil 656 millones; Tamaulipas, con 1 mil 610 millones; Puebla, con 1 mil 609 millones; Guerrero, con 1 mil 604 millones; Michoacán, con 1 mil 567 millones; Querétaro, con 1 mil 260 millones; Tabasco, con 1 mil 188 millones; San Luis Potosí, con 1 mil 041 millones; Oaxaca, con 980 millones; Coahuila, con 976 millones; Sinaloa, con 890 millones; y Morelos, con 814 millones.

En tanto que la fiscalías que menos recursos ejercieron fueron Hidalgo, con 130 millones de pesos; Tlaxcala, con 380 millones; Baja California Sur, con 383 millones; Campeche, con 405 millones; y Colima, con 481 millones.

En términos operativos, durante 2024 se abrieron 1 millón 908 mil 616 carpetas de investigación, de las cuales 1 millón 882 mil 182 correspondieron a materia penal para personas adultas y 26 mil 434 a justicia para adolescentes. La FGR abrió el 4.1 por ciento de esas carpetas, mientras que las fiscalías estatales concentraron el 95.9 por ciento. En comparación con 2023, y sin tomar en cuenta a la Ciudad de México, la cifra total disminuyó 4.2 por ciento.

Los estados con mayor número de víctimas de homicidio doloso registradas en las carpetas de investigación fueron Guanajuato, con 4 mil 646; el Estado de México, con 4 mil 107; Baja California, con 2 mil 931; Michoacán, con 2 mil 910; Nuevo León, con 2 mil 586; y Jalisco, con 2 mil 510. En contraste, las entidades con menos víctimas fueron Baja California Sur, con seis; Tlaxcala, con 192; Yucatán, con 220; Campeche, con 238; Aguascalientes, con 288; y Durango, con 351.

En materia de feminicidios consumados, el Estado de México fue la entidad con más casos, con un total de 76, seguido por Nuevo León, que registró 61. A pesar de ocupar el segundo lugar en cifras absolutas, Nuevo León fue el estado con mayor número de feminicidios en grado de tentativa, con 330, mientras que el Estado de México no reportó ninguno en esa clasificación.

En cuanto a las unidades de inteligencia y análisis criminal, al cierre de 2024 la FGR y 29 fiscalías estatales contaban con estructuras de ese tipo, con un total de 1,710 agentes: 525 asignados a nivel federal y 1,185 en el ámbito estatal. A nivel nacional, el personal se distribuyó en diversas funciones, aunque predominó el análisis táctico y estratégico. La FGR fue la institución que más agentes destinó a estas áreas, aunque una parte importante de su personal quedó registrada en una categoría sin especificación. Además, la Fiscalía General reportó cero agentes en funciones esenciales como análisis de campo, generación de bases de datos, desarrollo de software o análisis de contexto.

Guanajuato fue la fiscalía estatal con mayor número de agentes en estas unidades, pero al igual que la FGR concentró gran parte de su personal en análisis táctico sin diversificar funciones. Sinaloa destacó por la situación contraria: solo destinó cinco agentes a estas áreas pese a la crisis de violencia que enfrentó el estado tras la disputa interna del Cártel de Sinaloa relacionada con la detención de “El Mayo” Zambada.

El Estado de México contó con 164 agentes distribuidos principalmente en análisis estratégico, análisis de campo y generación de bases de datos. Chihuahua asignó 115, la mayoría al análisis táctico. Jalisco operó con 59 agentes y concentró buena parte de su personal en análisis de contexto. Michoacán, pese al repunte de violencia y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, contó con solo cuatro agentes para estas unidades. Veracruz operó con 16; Guerrero con 12; y Morelos también con 12.

De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia, de las 30 unidades de inteligencia y análisis criminal que se reportaron, casi todas aplicaban métodos de clasificación de información para la investigación, persecución y esclarecimiento de delitos, elaboraban bancos de datos y generaban medios de prueba, realizaban estudios sobre incidencia delictiva y producían estadística delictiva.