Ley de aguas “no afectará grandemente a Sinaloa”: ANUR

Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Aguas, que dota a Conagua de nuevas facultades para, de acuerdo con el ejecutivo federal, evitar el acaparamiento de agua por parte de particulares. El proyecto de ley levantó revuelo principalmente entre productores agrícolas, por lo que sufrió varios cambios antes de ser aceptada.

Uno de los cambios más importantes es que se impondrán penas de cárcel para aquellos concesionarios de agua agrícola que la vendan a los municipios para uso humano, o para uso en otras industria. Sin embargo, sí se pueden compartir entre diferentes campos de siembra o para otros usos de corte agrícola, como empacadoras.

Durante el conversatorio ciudadano “El futuro del agua en Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”, organizado por la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) durante este fin de semana, el presidente de la Asociación Nacional de Unidades de Riego, Mario Martínez, explicó que las negociaciones entre productores y el gobierno derivaron en una modificación a la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas. Con este cambio, se restituyó a los concesionarios la posibilidad de heredar a sus hijos los derechos de agua vinculados a sus tierras.

“Lo que les quiero decir es que, para Sinaloa, la nueva ley no nos afecta grandemente. El 95% de lo que ya teníamos, era así. Quiero dejarles la tranquilidad de que el agua sigue siendo del concesionario de la tierra. La tierra y el agua quedan igual, la negativa FICTA no pasó y las prórrogas se alargaron“, dijo Martínez al pleno de productores.

Durante los últimos dos meses, el sector agrícola mexicano se movilizó para exigir mejores condiciones para la producción primaria. Junto con el principal reclamo, de establecer un precio de garantía competitivo para la comercialización de granos, estuvo también la exigencia de ser incluidos en la discusión de la nueva ley de aguas impulsada por el ejecutivo federal.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue mantener el binomio tierra-agua, por el que la persona con derechos sobre una porción de terreno también los tiene sobre sus recursos hídricos al perforar, por ejemplo, un pozo para uso agrícola. De acuerdo con lo explicado por el presidente de la ANUR, mantener este funcionamiento en la nueva Ley de Aguas fue un logro de las negociaciones entre sector agrícola y gobierno.