Culiacán, Sin.– El pasado 9 de noviembre, 28 diputadas y diputados del Congreso del Estado votaron a favor de autorizar un segundo megacrédito por 2 mil 200 millones de pesos, solicitado por el gobernador Rubén Rocha Moya para financiar obra pública.

Para organizaciones ciudadanas, la aprobación ocurrió sin información suficiente. Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán e integrante de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), señaló en entrevista para ESPEJO que el aval legislativo fue, en los hechos, una votación a ciegas.

Un posible cheque en blanco, dijo, al no haberse hecho público un listado detallado de las obras a ejecutar con este nuevo financiamiento. A ello se suma que aún existen recursos sin ejercer del primer megacrédito por 2 mil 300 millones de pesos, lo que, advirtió, pone en entredicho la transparencia del proceso.

“Le están dando un voto de confianza al gobernador por 4 mil 500 millones de pesos, porque ya son dos créditos autorizados para obra. Desde la información disponible, los diputados autorizaron un crédito a ciegas. No sabemos qué información recibieron ni con base en qué lo aprobaron. Incluso hubo posicionamientos de legisladores oficialistas reconociendo que votaban sin claridad sobre las obras a financiar”, sostuvo.

 

La defensa del voto oficialista

 

Desde el Congreso, los legisladores defendieron la aprobación. Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, aseguró que el financiamiento estaba debidamente sustentado y que lo responsable era votarlo a favor.

“El cheque en blanco sería que se gastara en cualquier cosa, y no es así, porque está bien etiquetado y sustentado. Primero, está autorizado por Hacienda; segundo, el Gobierno del Estado tiene capacidad crediticia no solo para 2 mil 200 millones, sino hasta más de 15 mil millones de pesos, y no lo está haciendo”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si se les entregó una lista de obras, respondió que aún no existe una definición cerrada.

“Ahorita no se está pidiendo el préstamo; será hasta enero. Habrá tiempo para acuerdos con el Ejecutivo, con alcaldes y actores interesados, para que sea una aplicación participativa del crédito. Por eso no hay cheque en blanco ni anticipación de nada”, sostuvo el legislador de Morena.

 

Una oposición que votó a favor

 

La versión de Chávez Chávez fue contrastada por la oposición. Roxana Rubio Valdez, diputada del PAN y coordinadora de su bancada, aseguró que sí recibieron un listado de obras prioritarias, el cual fue analizado antes de emitir su voto.

“Sí nos entregaron información. Tuvimos reuniones con el secretario de Finanzas y con el de Obras Públicas; acudieron a la Junta de Coordinación Política a explicarnos qué se iba a hacer. Se habló, por ejemplo, del drenaje de Ahome, el drenaje de Mazatlán, centros penitenciarios, escuelas. Sí se especificaron”, afirmó.

Reconoció que el aumento de la deuda es una preocupación, pero sostuvo que no se puede frenar la obra pública en el estado.

“En el PAN somos responsables. Esta deuda viene de administraciones anteriores, de Quirino y de Malova, pero nuestra preocupación es que este crédito se ejerza con transparencia y que se finquen responsabilidades, sin importar colores. No queremos que llegue otro gobernador con la misma excusa”, puntualizó.

En el PRI, el argumento fue similar. La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela defendió el voto de su bancada al señalar que, aunque el endeudamiento es consecuencia de malos manejos, detener la obra pública tendría mayores impactos negativos.

“Por culpa de malos manejos lo estamos pagando todas y todos los sinaloenses, pero es preferible a que se colapse la obra pública. El PRI va a apoyar lo que sea bueno para el estado; no vamos a obstaculizar acciones que generen bienestar”, expresó.

Reconoció que el listado entregado fue general, no detallado, y que el reto está en exigir información puntual, apertura y vigilancia ciudadana.

“No es un cheque en blanco, pero sí un segundo voto de confianza. Ahora toca exigir transparencia, rendición de cuentas y congruencia, porque incluso a uno de los responsables de malos manejos lo tienen premiado con una embajada”, subrayó.

 

Los votos disidentes desde Morena

 

Aunque el financiamiento fue aprobado con el respaldo de todas las fuerzas políticas -Morena, PVEM, PRI, PAN, PAS, MC y PT-, dos diputadas y diputados votaron en contra, ambos del partido oficialista: Juana Minerva Vázquez González y Pedro Alonso Villegas Lobo.

Vázquez González explicó que su voto fue una decisión personal, motivada por la falta de tiempo para discutir aspectos esenciales del crédito.

“Faltó tiempo para analizar elementos básicos: cuántas obras, dónde se van a realizar y a quiénes van a beneficiar. Es una postura reflexiva desde mi responsabilidad como diputada, y no debe asustar. En Morena hay libertad para expresar opiniones”, sostuvo.

 

El vacío legal y la planeación pendiente

 

Pese a que el crédito ya fue aprobado, hasta ahora solo se ha informado que se instalarán mesas de trabajo con alcaldes y legisladores para definir el listado de obras a ejecutar con los 2 mil 200 millones de pesos.

Esto ocurre a pesar de que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa establece que los programas de obra pública deben elaborarse anualmente y contar con proyectos definidos, precisando inversión, ubicación, origen de recursos y plazos de ejecución, información que debe integrarse a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos.

La legislación también señala que el Congreso es responsable de verificar y certificar los avances trimestrales de estos programas, así como de garantizar que las obras respondan a objetivos, metas y prioridades previamente establecidas.

 

 

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