CNDH pide a la SEDENA disculparse por la muerte de Leidy y Alexa

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 201vg/2025, por violaciones graves a derechos humanos relacionados con la ejecución arbitraria de dos niñas por parte de elementos del Ejército mexicano.

Se trata del caso de las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, que perdieron la vida el pasado 6 de mayo en Badiraguato, en la comunidad La Cieneguilla. Cabe destacar que esta sería la primera recomendación de la CNDH durante la actual administración.

En el comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. se precisó que en esos hechos también una prima y un primo de las víctimas, de 12 y 14 años, así como dos adultos fueron heridos de gravedad. Lo anterior, a consecuencia que elementos del Ejército abrió fuego sin justificación alguna en contra de la camioneta en la que circulaban.

En un inicio, se dijo que se había tratado de un enfrentamiento, una versión que nunca fue desmentida públicamente por parte de las autoridades.

“La recomendación, de manera acertada, reconoce que las niñas fueron privadas de la vida resultado del uso indebido de la fuerza por parte de los elementos militares, que sus derechos como niñas se vieron vulnerados; así como, se violentó el derecho a la integridad personal de las personas sobrevivientes y el derecho a la familia de los integrantes de esta”, se lee en el comunicado.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. manifestó que con esta notificación se hace una referencia importante respecto a que las víctimas son parte de una familia que ya se había visto afectada por abusos militares en 2008, cuando uno de sus integrantes fue privado de la vida por elementos del Ejército.

Esto último incluso derivó en que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remitiendo al informe publicado por este órgano internacional.

“Lamentablemente, desde una perspectiva más amplia, el organismo ombudsperson es omiso de hacer un análisis más profundo sobre las implicaciones respecto a lo que representa este caso en el marco de una política de seguridad que ha perpetuado y profundizado el despliegue militar, aunado a la falta de medidas de no repetición ante graves violaciones a derechos humanos documentadas en los últimos años, como las que ya había sufrido esta familia”, continúan.

Sin embargo, reprocharon que la CNDH omite denunciar la práctica de la Fiscalía General de Justicia Militar de abrir investigaciones paralelas en casos de violaciones graves a derechos humanos, e incluso, señalaron, legitima las actuaciones de iniciales llevadas a cabo en el fuero militar.

Adicionalmente, la CNDH no hace un análisis urgente y necesario sobre el rezago en el acceso a la justicia que ha provocado que las investigaciones a cargo de la FGR a la fecha no tengan buen cause.

También, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. le preocupa que la Comisión no investigó a profundidad en el intento inicial de encubrir los hechos circulando el rumor de que se había tratado de un fuego cruzado; versión que en eventos similares de uso arbitrario de la fuerza por elementos castrenses ha sido utilizada frecuentemente como justificación para evitar la rendición de cuentas.

“Finalmente, la integración del expediente de queja se privó de una perspectiva victimal; sin poner al centro las exigencias de las víctimas respecto a sus expectativas de las investigaciones –en el fuero civil y por el propio organismo de derechos humanos- y de las medidas reparatorias que son fundamentales para la familia”, exponen.

Cabe destacar que la recomendación de la CNDH incluye una serie de medidas reparatorías, entre ellas, una disculpa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual, conforme a los estándares internacionales, debe de ser consentida en todos sus extremos por las víctimas.

En el caso de las niñas Leidy y Alexa, “pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de una política de despliegue militar”, sin controles efectivos para la rendición de cuentas. En particular, agregaron, en un contexto de debilitamiento de las instituciones que deberían de fungir como contrapesos.

De igual forma, señalaron que es un reflejo de la necesidad de que desde las más altas autoridades se emita un mensaje claro de este tipo de hechos, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no debe volver a repetirse, opinaron.

“Las familias continuarán denunciando y exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto de las graves violaciones a derechos humanos derivadas de estas políticas de profundización de la militarización, que se perpetúan a lo largo de las diversas administraciones”, concluye el comunicado.