Culiacán, Sin.- Organizaciones civiles, ciudadanas y académicas han expresado su preocupación por la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para reformar los artículos 109 Bis y 109 Bis D de la Constitución del Estado en materia de acceso a la información pública. La propuesta contempla la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Ante ello, el gobernador prefirió no pronunciarse.

Al ser cuestionado por ESPEJO, Rubén Rocha Moya dijo no tener comentarios, pese a que la dependencia encargada de asumir estas tareas ha sido objeto de señalamientos públicos relacionados con gastos en viáticos de su titular, María Guadalupe Ramírez Zepeda, situación que derivó en la reposición de 150 mil pesos.

—Sobre la extinción de la CEAIP, hay temor de que sus funciones recaigan en la Secretaría de Transparencia, sobre todo por los señalamientos hacia la titular. ¿Cuál es su opinión?

“No, no tengo opinión de eso”.

—¿A pesar de que se comprobaron malos manejos que derivaron en la devolución de 150 mil pesos, gobernador?

“No, no tengo opinión”.

Aun así, explicó que la intención del proyecto es que el acceso a la información sea garantizado por una instancia desconcentrada, y dejó abierta la posibilidad de que el Congreso introduzca cambios.

“La idea es que sea una instancia desconcentrada y lo vamos a ubicar. Vamos a ver qué resuelven, porque los diputados pueden corregir lo que nosotros proponemos”.

La votación para aprobar o rechazar la reforma está programada para este jueves, pese a que organizaciones civiles y académicas entregaron previamente al Congreso cuatro iniciativas relacionadas con la Ley de Transparencia.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo propone:

La extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa y la transferencia de sus funciones a la Secretaría encargada del control interno, así como a los órganos internos de control del Legislativo, Judicial y organismos autónomos. Estos serían responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, además de conocer procedimientos de revisión contra actos de los sujetos obligados.

En el régimen transitorio se establece que la extinción del organismo autónomo operará una vez que entre en vigor la legislación secundaria.

Según el documento, con ello se busca dar continuidad al servicio, optimizar su operación y reducir costos, sin afectar -asegura- el derecho fundamental de acceso a la información.

El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por las personas titulares de la Auditoría Superior del Estado; Fiscalía Anticorrupción; Secretaría del Ejecutivo encargada del control interno; presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa; un representante del Tribunal de Disciplina Judicial; y una persona del Comité de Participación Ciudadana.

 

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