Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado de Sinaloa analiza un posible reforzamiento de sus medidas de seguridad ante la supuesta vulnerabilidad del recinto legislativo y la interrupción recurrente de sesiones por manifestaciones, así lo informó María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La también coordinadora del grupo parlamentario de Morena señaló que, a partir de un análisis interno, se identificó que incluso una sola persona o pequeños grupos han logrado paralizar sesiones, tomar la tribuna y generar escenarios de riesgo para legisladores y personal operativo.
“Hoy el nivel de vulnerabilidad permite que una sola acción detenga el trabajo parlamentario”, reconoció Guerra Ochoa, al comparar la seguridad del edificio del Congreso de Sinaloa con el Congreso de la Unión o al del Poder Legislativo de la Ciudad de México.
María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Jucopo.
Como antecedente reciente, mencionó manifestaciones de jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en las que algunas personas brincaron vallas y rebasaron la primera línea de seguridad, así como protestas individuales que derivaron en la suspensión de sesiones completas. También recordó la manifestación de policías jubilados del pasado 7 de octubre de 2025, donde hubo una confrontación que dejó como saldo un guardia de seguridad herido y un jubilado lesionado.
Ante ello, aseguró, el objetivo del análisis no es limitar la libre manifestación ni cerrar el Congreso, sino prevenir confrontaciones con altos costos políticos, sociales y humanos.
“No es propiamente un tema que traigamos como propuesta. Está apenas en análisis y ni siquiera hay una definición concreta sobre accesos o áreas que se reforzarían”, dijo la presidenta de la Jucopo, quien insistió en que no existe intención de restringir la libertad de expresión.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en su artículo 220, se expresa que: “toda persona sin excepción tiene el derecho de asistir a presenciar el desarrollo de las sesiones públicas del Congreso. La seguridad y el acceso del público al recinto legislativo, conforme a la capacidad del mismo, será garantizado por el personal administrativo del Congreso“.
La misma ley fija en el artículo 221 límites específicos al ingreso, como portar armas, presentarse bajo el influjo de sustancias, negarse a identificarse o intentar introducir objetos sin inspección. Mientras que en el artículo 222 menciona que “los asistentes al salón de sesiones conservarán el mayor silencio, respeto y compostura y por ningún motivo podrán tomar parte en las discusiones, ni realizar manifestaciones de ningún género. En todo caso los asistentes deberán guardar las normas de orden, respeto y cordura que la Presidencia disponga para asegurar el desarrollo de las sesiones”.
Actualmente existen reglas de acceso al Congreso del Estado, estás se encuentran visibles en el filtro de seguridad para ingresar al recinto.
En caso de alteraciones al orden, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso puede ordenar el desalojo de personas responsables, su detención en faltas graves, levantar la sesión pública o incluso solicitar la presencia de policía o fuerza armada en el edificio, como medidas excepcionales para restablecer el orden.
Oposición cuestiona: ¿Dónde queda la “Casa del Pueblo”?
Desde la oposición, la diputada del PRI, Paola Iveth Gárate Valenzuela, advirtió que el argumento de seguridad no debe traducirse en cerrar el acceso ciudadano al Congreso ni en modificar horarios de sesiones para evitar la presencia de manifestantes.
“Escuchar a quienes tienen algo que decirnos es su derecho. Lo menos que debemos hacer como representantes populares es escucharlos y ser empáticos”, señaló, al cuestionar cambios de horario y convocatorias de última hora que, dijo, han impedido la asistencia de ciudadanos y organizaciones sociales.
La legisladora acusó falta de publicidad oportuna de la agenda legislativa y posibles violaciones a la Ley Orgánica, al afirmar que incluso diputadas y diputados desconocen con anticipación los temas a tratar.
“La agenda debe ser pública; así lo marca la ley”, sostuvo.
La oposición fijó una postura en cuanto al refuerzo de seguridad del Congreso de Sinaloa.
Por su parte, la diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, señaló que el tema no ha sido presentado formalmente en la Jucopo, por lo que deberá analizarse cuando sea expuesto. Reconoció, no obstante, que existe una tensión entre el derecho ciudadano de acceso y la necesidad de garantizar seguridad.
“Esta es la casa de las y los ciudadanos, pero también hay manifestantes muy violentos y está en riesgo la seguridad no solo de los diputados, sino de los trabajadores, incluso tu misma seguridad”, indicó.
Antes, el Congreso de Sinaloa no tenía rejas
El debate del reforzamiento de la seguridad no es nuevo. En octubre de 2018, la entonces presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez Nava, también de Morena, cuestionó la instalación de rejas en el Congreso, al considerar que simbolizan un Poder Legislativo cerrado al pueblo.
“Las rejas no surgieron por robos o inseguridad, sino para limitar la entrada de quienes vienen a hacer peticiones”, declaró entonces, al sostener que el Congreso debía garantizar el acceso libre de la ciudadanía.
El recinto luce rodeado por barrotes que impiden el libre acceso al Congreso del Estado.
En contraste, el PRI en ese momento sostuvo que la existencia de rejas no implicaba un Congreso cerrado. El entonces excoordinador del grupo parlamentario, Sergio Jacobo Gutiérrez, señaló en su momento que debía analizarse con cautela las decisiones relacionadas con seguridad, al tratarse también de la protección del personal y del patrimonio legislativo.
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