Este 2026 van a cumplirse 30 años de una infamia, la desaparición de Abraham Hernández Picos, Jorge Cabada Hernández y Juan Emerio Hernández Argüelles, quienes el 30 de junio de 1996 fueron víctimas tras haber acudido a una fiesta en la casa de los Andrade, en la colonia Las Quintas. Don Abraham Hernández, padre y tío de los muchachos, fue el último buscador, siempre en búsqueda de una pista para tratar de localizarlos, firme cada aniversario en el camellón frente a la casa de las personas que siempre señaló como responsables, pero falleció este 17 de enero de 2026.
A casi tres décadas de la desaparición de los tres primos se puede contar más de una línea de investigación que fue abierta para explicar el crimen, entre ellas una que apunta a la posible cremación de sus cuerpos. Otra de las sospechas es que fueron enterrados entre escombros en una plaza comercial que nunca se terminó en la colonia La Campiña. Hubo un gran número de señalamientos, pero ninguna certeza que saliera de los fiscales que estuvieron a cargo y que, al final, decidieron enviar el expediente a “archivo temporal”, una categoría que se puede resumir en que se abrirá de nuevo cuando haya nuevas pistas. Aunque eso es algo improbable.
Los fiscales a cargo fueron Inés Leyva Castro, Gilberto Morán Cortés, José Luis Zavala Beltrán, Ricardo Arnulfo Mendoza, José Antonio Sainz León, Gilberto Lizárraga y José Luis Leyva Rochín. Este último fue, incluso, el primer fiscal especializado para los casos de desaparición y desaparición forzada, pero ni eso alcanzó para poder lograr un avance sustancial.
¿Cómo ocurrió el caso de los desaparecidos de Las Quintas?
Abraham Hernández Picos, Jorge Cabada Hernández y Juan Emerio Hernández Argüelles desaparecieron la madrugada del 30 de junio de 1996, luego de asistir a una fiesta en la residencia del empresario Rolando Andrade Mendoza, en la colonia Las Quintas.
De acuerdo con las investigaciones del caso, el conflicto inició cuando Cristian Paúl Álvarez, amigo de los tres primos, se peleó con Rommel Andrade Almada, hijo del anfitrión. Fue una riña que ocurrió entre la noche del 29 y madrugada del 30 de junio de 1996, cuando se celebraba el cumpleaños de Helga Andrade Almada, hija del empresario.
Los guardias de seguridad de la familia Andrade intervinieron para sacar a los jóvenes del lugar, pero fueron perseguidos y presuntamente desaparecidos por los policías municipales José Luis Quiroz Ávila, Jorge Abel Félix Torres y Héctor Manuel Medina Inzunza, quienes patrullaban en la unidad 023.
En el año 2000, un funcionario habría declarado formalmente que tuvo conocimiento de que los cuerpos de los jóvenes habían sido cremados. A partir de ello, se solicitó a los investigadores identificar cuántos hornos crematorios operaban en Culiacán en 1996. En ese entonces se documentó la existencia de dos espacios, uno en la funeraria Moreh y otro en el edificio del DIF en Tierra Blanca. Sin embargo, la identidad del funcionario y el seguimiento de esta pista quedaron reservados dentro de ese expediente.
El fiscal a cargo en ese tiempo fue Ricardo Arnulfo Mendoza, quien sostuvo que impulsó esta línea porque veía riesgos jurídicos debido a que si se dictaba sentencia sin localizar los cuerpos, los acusados podrían quedar en libertad. Pero meses después renunció al caso tras afirmar que recibió presiones del entonces gobernador Renato Vega Alvarado, señalado por la familia Hernández de proteger a Andrade Mendoza.
En 2013, el anuncio de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte del presidente Enrique Peña Nieto reavivó la esperanza de la familia Hernández. Luego tal unidad se convirtió en una Comisión Nacional de Búsqueda, de la que después se desprendieron comisiones locales. La ayuda no llegó.
Desde 1996, siete investigadores pasaron por el caso sin lograr una sola condena. Seis gobernadores y una decena de procuradores y fiscales generales transitaron por el poder, pero no hubo respuestas que ayudaran a la localización.
Cada año, los familiares de los jóvenes se manifestaban frente a la casa de los Andrade en Las Quintas, fue la última etapa de una lucha que llevó protestas y marchas sobre la calle Álvaro Obregón, en el Centro de Culiacán, exigencias en la plaza central del Palacio de Gobierno con consignas a los gobernadores, reuniones constantes con funcionarios estatales y municipales para revisar expedientes.
“La gran mayoría de la sociedad lo recuerda como un caso muy fuerte que se vivió, pues cinco años y medio de lucha metidos en expedientes”, dijo Don Abraham en 2014 en entrevista a este reportero.
“Era un altero de información que realmente acumularon mucha información pero el Gobierno y las autoridades no quisieron verla, no quisieron verla porque había un sentido de protección a quienes nos hicieron ese daño”.
En los últimos dos años, la protesta se fue diluyendo a causa de enfermedades. Al final, ya solo Don Abraham permanecía firme, pues poco a poco fueron muriendo los padres de los jóvenes. El último fue Don Abraham, quien también sufrió igual que sus hermanos y cuñados: una enfermedad física y una depresión por la falta de respuestas para encontrar a su hijo y sus sobrinos.
“Es un daño que ha causado problemas sicológicamente en las familias, pero fue nuestra expresión en cuestión de que nosotros seguimos permanentes… en pie”, dijo Don Abraham durante una entrevista en junio de 2015
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