La entrega de 37 presuntos integrantes de grupos criminales, que le hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, contiene características de ofrenda al presidente de aquel país, Donald Trump, en la encrucijada de colaborar con la Casa Blanca así sea por medios jurídicos poco convencionales o dar motivos a que Washinton ordene e implemente operativos de intervención en territorio mexicano con el pretexto de combatir el narcoterrorismo.

Por más que lo niegue la mandataria de México, procede a ceder ante las condiciones que le impone Trump y con ello muestra mayor debilidad detrás de la recitada frase en la cual dice que defenderá la soberanía nacional, discurso hueco contra realidad palpable que nada tiene que ver de entendimiento bilateral y deja al descubierto la presión unilateral.

Sheinbaum defendió hoy en la conferencia de prensa La Mañanera su decisión de trasladar a Estados Unidos a los supuestos miembros de delincuencia organizada, al afirmar que se trató de una decisión soberana del Estado mexicano, tomada a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad.

Al no conocer los detalles de cuándo y cómo se corrieron los procedimientos legales para la extradición, la opinión pública lo entendió como acto de sumisión, lejos de la coordinación institucional a la que se alude desde Palacio Nacional pues coloca a México abajo y de hinojos frente a Trump que lanza a diario amagos globales que lo crecen como prepotente y dictatorial.

Porque al régimen de la Cuarta Transformación ya se le hizo costumbre hacer cosas malas y presentarlas como buenas, los “extraditados”, entre éstos Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel y segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”, y Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, operador logístico de la misma organización del narcotráfico, representan el más reciente tributo político de México para Estados Unidos. Queda asentado el uso de la inconstitucionalidad como refrendo de la lógica de “al diablo con sus instituciones” que el lopezobradorismo convirtió en credo, hoy patentizado frente al vecino intimidante.