Culiacán, Sinaloa.- Desde septiembre de 2024, cuando explotó públicamente la afrenta entre “los Chapitos” y “los Mayos” en la vistosa fractura del cartel de Sinaloa, el gobierno federal decidió enviar militares, fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Marina. Han sido ya más de 13,500 efectivos como estrategia para reducir la violencia, pero el resultado es distinto.
En los primeros 30 días de 2026 se puede contar la desaparición masiva de 10 trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver en Concordia; el ataque contra los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya de Movimiento Ciudadano en Culiacán; el asesinato de un médico que se resistió atender a hombres armados en Costa Rica; las 16 fosas clandestinas localizadas entre Mazatlán, Culiacán y Guasave por colectivos de mujeres buscadoras; las nueve mujeres asesinadas en menos de un mes; el hallazgo de un hombre desollado y abandonado a las afueras de una plaza comercial en el Fraccionamiento Tres Ríos; el atentado contra Alejandro Bravo Martínez, secretario de Seguridad Pública de Culiacán; el asesinato de cinco policías municipales, uno de ellos dejado a las afueras del Congreso de Sinaloa; el asesinato de Francisco Zazueta, director de Tránsito Municipal de Culiacán; el asesinato de Fernando Alan a manos del Ejército por una supuesta “equivocación”.
El gobierno de Sinaloa ha dado a conocer que 3 mil 236 personas fueron detenidas por las autoridades locales y federales en el último año solo en Sinaloa, también que se han dado grandes decomisos que podrían significar el desarme de un batallón. A eso se suman los operativos estratégicos para la detención de personas señaladas como operadores de violencia, desde Mario Alexander Gámez Cuevas, “el Piyi” o Daniel Alfredo Blanco, “el Cubano”, hasta Pedro Inzunza Noriega, “el Sagitario” o “señor de la silla”, señalado por el gobierno de Estados Unidos como “narcoterrorista” ha bastado para reducir la violencia en el Estado.
Los crímenes, sin embargo, persisten, hay una tasa de 18 vehículos robados, unas ocho personas desaparecidas y otras seis asesinadas diariamente. En números puede verse un crecimiento histórico de violencia, como con el feminicidio que pasó de 31 casos en 2024 a 72 en 2025, un aumento del 132 por ciento; el narcomenudeo que creció 89 por ciento, al pasar de 198 a 374 denuncias; el robo de vehículo con un aumentó del 70 por ciento, con 6,851 denuncias en 2025 frente a 4,019 en 2024; el homicidio doloso subió 66 por ciento, al pasar de 993 a 1,653 denuncias; las desapariciones se dispararon 44 por ciento, con 2,208 denuncias en 2025 contra 1,529 casos en 2024.
La respuesta de la Presidencia de Claudia Sheinbaum ha sido la de enviar 1,600 elementos militares, incluidos 90 de fuerzas especiales como reacción a los hechos criminales y las manifestaciones que se han dado de manera multitudinaria en Culiacán, así como las expresiones de políticos de la oposición, empresarios y hasta la Iglesia Católica que ha llamado a la paz y mejora de justicia tras el atentado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano.
“No voy a parar hasta que mi hijo tenga justicia”, dijo el señor Bryan Cháidez, padre de Fernando Alan, tras terminar una marcha en Culiacán el 25 de enero, la cual congregó también a madres buscadoras para exigir un alto a las desapariciones.
Aunque no todo ha sido ruidoso para las autoridades. En comunidades rurales del centro y sur de Sinaloa han sufrido ataques en medio de zonas silenciadas. Solo en Concordia, donde ocurrió la desaparición masiva de mineros, también se desplazaron hasta 100 familias en esa región, mientras que en Badiraguato se han movilizado otras 200 familias de cinco pueblos distintos hacia la cabecera municipal y hacia colonias de Culiacán para huir de los enfrentamientos por la pugna interna del cartel de Sinaloa.
El desafío para las autoridades de Sinaloa y las federales ha sido mayúsculo, pues las afectaciones sociales incluyen también un golpe económico, con más de 20 mil empleos perdidos ante los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cierre de más de 400 empresas solo en Culiacán, el freno a más de 20 proyectos inmobiliarios en la capital sinaloense –según datos obtenidos con desarrolladores de vivienda–, la disminución del paso de turistas, la retracción en el mercado de venta de vehículos, y la percepción ciudadana de inseguridad que supera los 80 puntos porcentuales en la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana sobre Culiacán y Mazatlán.
Casi 500 días después de que comenzó la confrontación, justificada con la detención de Ismael Zambada García, “el Mayo”, por ser una presunta traición que habrían cometido los hijos de su ex socio, Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, la violencia no disminuye, sino que sostiene tendencias históricas de inseguridad y violencia en Sinaloa, teniendo como testigos a miles de militares y policías especiales que fueron enviados como estrategia federal de seguridad.
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