La planta ya estaba virtualmente terminada. Más de 40 hectáreas de construcción, era lo que Constellation Brands, la multinacional cervecera, había levantado en la región desértica del Valle de Mexicali, al norte de México. Sin embargo, la presión de la comunidad la hizo tener que, literalmente, desarmar la planta y trasladarla a otro lugar.
Hoy, ese precedente resuena en Sinaloa, donde comunidades costeras y serranas se movilizan contra proyectos que, aseguran, ponen en riesgo agua, ecosistemas y modos de vida de pueblos enteros.
En Sinaloa, la oposición al proyecto de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en la bahía de Ohuira, en Ahome, entre otras luchas por el territorio, repiten el conflicto entre intereses económicos y políticos contra la defensa del territorio, en escenarios marcados por la vulneración de los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Transcurría el 2015 cuando, con las fanfarrias habituales de un anuncio de esta naturaleza, las autoridades estatales de Baja California celebraron la llegada de una nueva inversión extranjera. Se trataba de una planta cervecera de Constellation Brands, la multinacional que comercializa marcas como Corona y Modelo en el extranjero.
Esta planta embotellaría cerveza en México, hecha con agua mexicana, pero con etiquetas escritas en inglés.
Su producción, estimada en cerca de 1000 millones de litros de cerveza al año, sería para el mercado estadounidense exclusivamente, de ahí que una localización cercana a la frontera era imprescindible para alcanzar el máximo nivel de rentabilidad. Esta habría sido su tercera planta en México que funciona bajo este esquema, junto con las que ya existían en Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, en Sonora.
El sitio elegido fue el municipio fronteriza de Mexicali, en Baja California, una región de clima extremo, árida, con escasa precipitación y altas temperaturas. Aun así, en ese entorno desértico se consolidó una importante actividad agrícola basada en cultivos como alfalfa, algodón y trigo, sostenida por una compleja red de irrigación alimentada por el caudal del río Colorado. Para las comunidades del valle, la llegada de la planta representó una amenaza directa a sus recursos hídricos y, por extensión, a su forma de vida.
La preocupación que detonó la resistencia social giró en torno al agua. Los opositores al proyecto advirtieron que el consumo industrial de la cervecera podría desestabilizar el equilibrio hídrico del valle e interferir con la actividad campesina.
Un temor similar se replica hoy en la bahía de Ohuira, en Sinaloa. Allí, quienes defienden al medio ambiente y derechos humanos de los pueblos indígenas han alertado que la instalación de una planta de amoniaco podría alterar el ecosistema marino del que depende una cadena productiva que da sustento a cientos de familias del municipio de Ahome.
En el caso de la planta cervecera, los cachanillas inconformes advirtieron que la nueva fábrica consumiría más de 1.7 millones de litros de agua al año.
Fue el entonces gobernador de Baja California, Francisco Vega, quien anunció la inversión de Constellation Brands para levantar una planta cervecera en la región del Valle de Mexicali, un proyecto de 1.5 mil millones de dólares para exportar cerveza hacia Estados Unidos, especialmente al mercado californiano.
La cervecera cumplió con los requisitos formales, entregó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y, en febrero de 2017, obtuvo permisos para la primera nave industrial de 40 hectáreas en el ejido El Choropo. Sin embargo, el Congreso local pidió suspender la obra por 10 días mientras revisaba los permisos.
En el mismo año comenzó la resistencia civil. En 2017 tomó fuerza el Movimiento Mexicali Resiste, que se convirtió en el principal opositor a la instalación de la planta cervecera, denunciando el impacto ambiental y el uso del agua en una región con estrés hídrico.
El conflicto escaló el 16 de enero de 2018, cuando decenas de integrantes del Movimiento Mexicali Resiste y de Comunidad Mexicali acudieron a bloquear las obras. La confrontación estalló cuando obreros, resguardados por policías municipales, intentaron abrir una zanja para instalar la tubería de agua destinada a la planta. El choque entre manifestantes y agentes municipales derivó en un enfrentamiento que la prensa calificó como una “batalla campal”, la cual se prolongó durante varias horas y dejó al menos 10 personas heridas y cinco detenidas.
Enfrentamiento entre colectivos opositores a la planta cervecera contra granaderos.
En marzo del 2019, el Instituto Estatal Electoral de Baja California declaró improcedente una consulta local sobre el proyecto cervecero. Los activistas buscaban que se le preguntara a la ciudadanía si aprobaba o no la planta, pero el IEE lo rechazó con 5 votos contra 1.
Un año después, y con la presión ciudadana encima, el gobierno federal decidió organizar un ejercicio participativo en Mexicali. El 21 de marzo de 2020, 36,781 ciudadanos votaron en la consulta, de los cuales el 76% expresó su rechazo a la continuación de la planta. El resultado llevó a que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, revocara los permisos federales y declarara cancelado el proyecto en esa localidad.
En febrero de 2021, Semarnat y Constellation Brands acordaron un plan de salida ordenada de 24 meses para desmantelar la planta en Mexicali. Con base en el cronograma acordado, Constellation inició la primera fase del desmantelamiento de la obra en marzo. A partir de entonces se procedió a retirar maquinaria e infraestructura de la planta. Sin embargo, en 2022, a un año de cumplirse el plazo de salida, integrantes de la sociedad civil advirtieron que no se notaban avances visibles en el desmantelamiento.
Finalmente y después de solicitar una prórroga al gobierno federal, la cervecera terminó de desinstalar en mayo de 2023, cuando inició en Veracruz la construcción de una nueva planta cervecera cuya apertura está anunciada para principios del 2026.
El caso Mexicali dejó la lección de que incluso proyectos ya avanzados, con permisos tramitados y miles de millones de dólares invertidos, pueden retroceder si la oposición social logra articularse. Esa lección es especialmente relevante para proyectos como el de amoniaco en Ohuira, donde comunidades observan en Mexicali un precedente de que la presión ciudadana sí puede frenar obras consideradas estratégicas.
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