Culiacán, Sin.- Ante la discusión de la nueva Ley de Transparencia en Sinaloa, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Lucía Mimiaga León, señaló que la legislación debería contemplar la creación de un organismo descentralizado con participación ciudadana, que permita mantener cierto equilibrio en el acceso a la información pública tras la desaparición de los organismos autónomos.

Durante el arranque de los “Diálogos por el derecho a saber”, Mimiaga León explicó que desde la sociedad civil se ha insistido en la necesidad de abrir el proceso legislativo para que la ciudadanía participe en la construcción de la nueva ley.

Nosotros hemos defendido y señalado en varias ocasiones que se necesita una apertura por parte de las autoridades, por parte del Legislativo y también del Ejecutivo, para poder sentarnos en mesas de trabajo o a través de un parlamento ciudadano en el Congreso del Estado para crear lo que va a ser esta nueva ley de transparencia”, expresó.

De acuerdo con la presidenta del CPC, las organizaciones y especialistas ya han presentado propuestas formales desde hace casi un año, incluso entregadas al Gobierno del Estado, aunque aún están a la espera de iniciar un proceso de trabajo conjunto para discutirlas.

Uno de los puntos centrales de esas propuestas, explicó, es la creación de un organismo descentralizado que sustituya al anterior modelo de órgano autónomo.

Entre los temas importantes que hemos defendido está, por ejemplo, un organismo descentralizado. Ya no sería autónomo, pero podría tener mayor independencia técnica del propio Gobierno del Estado”, señaló.

Este modelo, explicó, permitiría establecer un esquema de contrapesos a través de la participación de especialistas y ciudadanía organizada.

La propuesta contempla también la creación de un consejo consultivo integrado por ciudadanos, expertos y periodistas, que pueda acompañar el funcionamiento del nuevo sistema de transparencia.

Este nuevo sistema debería tener un consejo consultivo, un consejo integrado por ciudadanos, por expertos, por periodistas, donde se pueda hacer contrapeso, como existen estos consejos en otras instituciones, para poder proponer, recomendar y dar seguimiento a este nuevo modelo que vamos a tener”, indicó.

Además de la estructura institucional, las propuestas también plantean reducir el tiempo de reserva de la información pública y garantizar mayor apertura en los casos relacionados con posibles actos de corrupción.

Mimiaga León advirtió que algunas modificaciones realizadas a nivel nacional podrían dificultar el acceso a información cuando existan investigaciones abiertas.

Queremos que quede claro que los casos de corrupción o los presuntos casos de corrupción son temas que deben ser del conocimiento público. Entendemos que cuando se investiga un delito debe existir un debido proceso, pero sí es importante que haya apertura institucional para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a los casos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la nueva legislación debe asegurar, puntualizó, que el acceso a la información continúe siendo una herramienta para la vigilancia ciudadana y el combate a la corrupción.

 

 

 

 

 

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