Culiacán, Sin.- ¿Qué relación existe entre la defensa ambiental y el acceso a la información pública? Con esta pregunta inició su participación Olimpia Castillo, impulsora del Acuerdo de Escazú, durante el arranque de “Diálogos por el derecho a saber”, una serie de paneles y mesas de diálogo impulsadas por el Comité de Participación Ciudadana en Sinaloa.

La activista explicó que este acuerdo sigue vigente y es de suma importancia para los derechos humanos de la ciudadanía. El motivo, señaló, es que busca democratizar la gestión ambiental. Es decir, garantiza tres derechos clave: el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en temas relacionados con el medio ambiente.

Además, el acuerdo -que entró en vigor en México en 2021- establece la obligación de las autoridades de brindar protección a las personas defensoras del medio ambiente. En ese sentido, Castillo señaló que el tratado adquiere relevancia en el contexto de la creación de una nueva ley que garantice el acceso a la información pública en Sinaloa. Si el Acuerdo de Escazú se respeta, dijo, los derechos humanos de la ciudadanía se colocan en primer plano.

“El acuerdo de Escazú mandata en los artículos 5 y 6 la obligación del gobierno de poner a disposición del público todo tipo de información relacionada con el medio ambiente: sus elementos, recursos naturales y, algo muy importante, los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos que puedan afectar tanto al medio ambiente como a la salud de las personas. Aquí se reconoce la importancia de los ecosistemas y del cuidado de la salud, por eso es también un derecho a saber”, apuntó.

Otro aspecto relevante, explicó, es que el acuerdo establece que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad deben recibir asistencia para acceder a la información pública y obtener respuestas que puedan comprender.

“Las autoridades también tienen la obligación de informar cuando exista un riesgo para la vida, la integridad de las personas o cuando se pueda afectar negativamente el medio ambiente. En esos casos no se puede negar la información”, señaló.

 

¿Qué aspectos deberían considerar los estados para cumplir este tratado internacional?

Tras la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a nivel nacional, los congresos locales, de manera escalonada, comenzaron a desaparecer también a sus organismos homólogos.

En Sinaloa, el Congreso del Estado aprobó la eliminación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), lo que abrió el debate sobre la armonización de la Ley de Transparencia. Ante este proceso, organizaciones civiles han solicitado abrir el diálogo para discutir los alcances de la nueva legislación, evitar que se convierta en una ley espejo y presentar propuestas ciudadanas.

En este contexto, Castillo advirtió que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional firmado por México, por lo que sería preocupante que no se tome en cuenta al momento de legislar. De no hacerlo, afirmó, podría significar un retroceso en materia de derechos humanos si no existe un órgano garante que asegure el acceso a la información.

“Ante esta nueva armonización tendrían que cumplirse estos estándares. La información debe estar actualizada y disponible en espacios accesibles para la ciudadanía. No solo se trata de responder solicitudes, también de que la gente pueda acceder a ella, conocerla y ejercer su derecho a saber”, señaló.

Concluyó que, si la nueva legislación incorpora los estándares del acuerdo, podría representar un avance en el derecho a saber, sobre todo si se crean mecanismos que permitan que cualquier persona pueda obtener información pública.

Por su parte, Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa, afirmó que este tema también es una discusión sobre la defensa de derechos humanos.

Señaló que en Mazatlán se han registrado varios casos en los que activistas y periodistas han logrado, a través del acceso a la información pública, exhibir irregularidades y frenar proyectos con posibles impactos ambientales.

“Tiene que ver con derechos humanos. Hay activistas, ambientalistas y organizaciones en todo el estado, pero en Mazatlán han sido particularmente activos en esta defensa ambiental, muy enlazada con el derecho al acceso a la información, a través de solicitudes sobre permisos de construcción y otros temas que impactan directamente en su entorno”, explicó.

Un caso reciente, recordó, es el del desarrollo habitacional y turístico Punta Nama, expuesto por la periodista Sheila Arias en enero de este año. Fue a partir de la revisión de la Gaceta Ecológica de Semarnat que la también activista detectó que el proyecto se ubicaría dentro de un sitio Ramsar.

La exposición del caso provocó amenazas contra la periodista y reveló que el proyecto ni siquiera contaba con permisos de construcción. Finalmente, el desarrollo fue detenido.

Como este caso, varios se han registrado en Sinaloa, donde personas defensoras del medio ambiente han logrado, a través del acceso a la información pública, obtener documentos que permiten evidenciar proyectos con posibles impactos en el equilibrio ecológico de sus territorios. Por su eso, concluyó, es de suma importancia la defensa, también, del acceso a la información.

 

 

 

 

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