Culiacán, Sin.- El caso de Emma Zermeño, mujer activista que fue denunciada por presunta violencia política en razón de género cometida contra la diputada con licencia Almendra Negrete llegó al Congreso del Estado.
Zermeño, en compañía de activistas y defensores de derechos humanos, acudió a Oficialía de Partes para entregar una solicitud para que se determine si la actuación del Congreso de Sinaloa vulneró su propio código de ética.
La activista entregó su solicitud a Oficialía de Partes.
“Estos documentos son solicitudes ciudadanas por parte de colectivos, sociedad civil organizada, ciudadanos y ciudadanas en general para hacer algunas solicitudes sobre este caso en particular. Son para solicitar apoyos y para ver si hay alguna falta en este proceso que tuviera que ver con el código de ética del Congreso, para ver si hay algo que fue en contra de las reglas“, comentó la activista ante medios de comunicación.
Además de este documento, Zermeño denunció que el pasado domingo se registró un hecho violento cerca de su domicilio que puso en riesgo su integridad, aunque no brindó muchos detalles al respecto con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que las autoridades realicen. Por ello, luego de hablarlo con su equipo jurídico y su familia, realizó una solicitud de protección.
Manifestantes irrumpen en el Congreso de Sinaloa.
“Nos hemos encontrado con trabas en instancias de respuesta inmediata; incluso nos dijeron que el celular que tenían para atender no tenía saldo, por lo que estuve toda la madrugada del domingo y lunes sobre ese caso. Hasta ahora, hoy no han hecho entrevista. Fue ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas“, explicó.
Luego de la entrega de esta documentación, los activistas irrumpieron en la sesión número 19 de la Comisión Permanente del Congreso del Estado. Consignas como “Diputada enemiga, los chats no se investigan” o “La privacidad, nuestro derecho constitucional” se oyeron en medio de la sesión.
La diputación permanente solicitó a los presentes mantenerse en silencio.
“Les ruego que guarden el debido respeto a la institución, que permanezcan sentados y en orden en el recinto para el normal desarrollo de la sesión. Agradecemos su comprensión y apoyo“, dijo la presidenta de la Diputación Permanente, Rita Fierro Reyes.
Finalmente, después de casi dos horas, los manifestantes se retiraron del recinto legislativo, esperando que su petición sea tomada en cuenta.
El caso
El caso de Emma Zermeño surgió tras una denuncia interpuesta por la diputada con licencia Almendra Negrete por presunta violencia política en razón de género, luego de que se presentaran como prueba conversaciones privadas de WhatsApp en las que la activista emitía críticas sobre su desempeño. Inicialmente, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que no existía violencia, al considerar que se trataba de comunicaciones privadas; sin embargo, una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esa decisión y ordenó reanalizar el caso.
El uso de estos mensajes abrió un debate nacional sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, ya que organizaciones civiles y activistas advierten que permitir este tipo de pruebas podría sentar un precedente que afecte a ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos. El proceso culminó con un Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa acatando la revocación y afirmando que la activista cometió Violencia Política en Razón de Género, siendo pieza clave el uso de los chats privados.
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