Culiacán, Sinaloa.— Comunidades Yoremes de la bahía de Ohuira, en Topolobampo, junto con el Colectivo Ecológico Aquí No!, iniciaron una agenda internacional en Europa para visibilizar la situación socioambiental de su territorio y establecer diálogo con actores clave.
De acuerdo con un comunicado, la comisión está integrada por defensoras del territorio y activistas comunitarias, quienes buscan documentar e incidir ante organismos multilaterales, instancias de derechos humanos, entidades financieras y organizaciones civiles sobre el proyecto de una planta de amoniaco promovido por la empresa PROMAN AG.
El proyecto contempla una capacidad estimada de 2,200 toneladas diarias y se ubicaría en el sistema lagunar Santa María–Topolobampo–Ohuira, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.
Las comunidades señalaron que la decisión de acudir a instancias internacionales responde al agotamiento de las vías nacionales para la tutela de sus derechos. Indicaron también que, pese a recurrir a mecanismos legales y administrativos en México, persisten preocupaciones sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental y las obligaciones en materia de derechos humanos, acceso a la información y participación pública.
Además, advirtieron posibles incumplimientos a estándares internacionales de debida diligencia empresarial, incluidos aquellos relacionados con salvaguardas ambientales y sociales que involucran a actores públicos, privados y entidades financieras.
“Nuestra defensa se sostiene en un alto grado de organización comunitaria y en una estrategia integral, pacífica y legítima, orientada a la protección del territorio, los ecosistemas, la salud colectiva, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho humano a un medio ambiente sano, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte”, se señaló.
La labor de las personas defensoras ha sido documentada por organismos nacionales e internacionales, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como por relatorías de Naciones Unidas que han expresado preocupaciones sobre los posibles impactos del proyecto y las condiciones de riesgo en la región.
“Es relevante señalar que algunas de las defensoras cuentan con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que evidencia el contexto de vulnerabilidad y riesgo en el que desarrollan su labor”, se indicó.
Las comunidades informaron que continuarán con acciones legales mediante los canales institucionales disponibles, bajo principios de legalidad, transparencia y acceso a la justicia.
Asimismo, hicieron un llamado a autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las empresas involucradas para evitar actos de intimidación, garantizar la seguridad de las personas defensoras, cumplir con la normatividad ambiental y transparentar los procesos de evaluación y financiamiento del proyecto.
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