Culiacán, Sinaloa.- Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sufriera el pasado miércoles 11 de marzo su primera derrota legislativa tras el rechazo de una reforma electoral, la diputada María Teresa Guerra Ochoa aseguró que el Congreso de Sinaloa buscará impulsar el llamado Plan B, enfocado en disminuir privilegios en congresos locales y municipios, además de fortalecer la consulta popular.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que, con o sin Plan B, el Congreso del Estado de Sinaloa se encuentra actualmente entre los congresos con menor gasto por diputado a nivel nacional y que ya opera bajo una política de austeridad.
De acuerdo con la legisladora, el Congreso sinaloense ocupa el lugar 25 de 32 entidades en gasto por diputado, lo que lo ubica entre los más austeros del país.
“Estamos hablando que el promedio que la presidenta está sugiriendo es del 0.7 por ciento del presupuesto estatal y nosotros estamos por abajo, en el 0.5 por ciento”, explicó.
Guerra Ochoa señaló que en el Congreso local no se han incrementado salarios ni existen compensaciones extraordinarias, como parte de una política para evitar privilegios en la clase política.
“Lo que buscamos es que la gente vea que no estamos en la lógica del pasado, donde había privilegios excesivos para la clase política habiendo tantas necesidades sociales”, afirmó.
Congreso respalda plan de austeridad electoral
La diputada también manifestó el respaldo del Congreso de Sinaloa al llamado “Plan B” planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone reducir costos en los procesos electorales y en la estructura política.
Entre los puntos que podrían revisarse se encuentra el número de regidores en los ayuntamientos.
En el caso de Culiacán, explicó, actualmente hay 18 regidores, cifra que podría analizarse para ajustarse a la propuesta de reducir la burocracia política.
Asimismo, señaló que en otros municipios del país se han llegado a registrar hasta 20 regidores, lo que implica un alto costo operativo y de nómina para los gobiernos locales.
“Tenemos que revisar el tema con alcaldes y alcaldesas. La convocatoria de la presidenta es gastar menos en el ejercicio del poder”, indicó.
Añadió que también deberán revisarse temas como sindicaturas, síndicos procuradores y salarios municipales, para que las administraciones locales se alineen con la política de austeridad.
En la mira del Congreso, poner tope a pensiones
Guerra Ochoa adelantó que el Congreso trabaja en una reforma a la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa para establecer un límite a pensiones que actualmente pueden superar los montos considerados adecuados.
El tope que se propone sería de 63 mil pesos mensuales, equivalente al 50 por ciento del ingreso presidencial. Actualmente, explicó, existen pensiones superiores a ese monto debido a resoluciones judiciales.
“Ha habido por mandato judicial pensiones de hasta 80 mil pesos”, indicó.
Por ello, el objetivo de la iniciativa será evitar lo que calificó como “pensiones de privilegio” dentro del sistema público.
Asimismo, aclaró que como parte de las acciones para mantener la austeridad en el Congreso, los legisladores no cuentan con seguros privados de gastos médicos ni seguros de vida, y reciben atención médica a través del sistema público, en este caso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“Tenemos que ser acordes con el resto de los trabajadores”, dijo.
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