Culiacán, Sin.- La transformación del Poder Judicial de Sinaloa no solo implica elegir jueces y magistrados por voto popular en 2027. Ese mismo año, el sistema judicial también deberá implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obliga a migrar hacia juicios orales en estas materias.
Ambos procesos ocurrirán prácticamente al mismo tiempo, por lo que, mientras se organizan campañas, elecciones y la renovación completa de juzgadores, los tribunales deberán adaptarse a nuevas reglas procesales, capacitar personal y modificar su forma de trabajo.
Para el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, esta coincidencia de cambios representa uno de los principales retos institucionales para el sistema judicial que tendrá que atravesar en medio de las elecciones populares más grandes de la historia de Sinaloa.
“Cuando nos estábamos preparando para la implementación del Código Nacional sobrevino la reforma judicial”, explicó.
Un nuevo modelo de justicia
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa uno de los cambios más importantes para los poderes judiciales locales en décadas. El nuevo modelo busca reemplazar el sistema predominantemente escrito por audiencias orales en los juicios civiles y familiares.
Estas materias concentran una gran parte de los casos que llegan a los tribunales estatales, por lo que la transición implica capacitación para jueces, personal de juzgados, adecuación de salas y ajustes en la organización interna, en palabras de Chávez Rangel es una revolución que implica trabajo previo y meses de preparación.
Sin embargo, la implementación de este nuevo sistema coincide con el proceso electoral que renovará la integración del Poder Judicial en Sinaloa y esto dificulta las adecuaciones. La curva de aprendizaje será muchísimo más amplia.
“El Código Nacional sale en 2023 y la reforma judicial llega después. Son dos temas que terminan cruzándose en los tiempos institucionales”, señaló Chávez Rangel.
Prepararse sin saber quién será juez
Uno de los desafíos más complejos es que la implementación del nuevo modelo de justicia requiere capacitación específica para quienes encabezan los juzgados. Pero al mismo tiempo, la reforma establece que esos mismos cargos deberán definirse mediante elecciones en 2027.
Esto significa que el sistema judicial deberá prepararse para operar bajo nuevas reglas sin tener certeza sobre quiénes ocuparán los juzgados una vez que concluya el proceso electoral. Por lo que, de acuerdo con el magistrado presidente del STJE, este escenario complica la planeación institucional.
“En abril de 2027, cuando debería estar entrando en vigor el nuevo modelo, los jueces incluso podrían estar en campaña”, advirtió.
¿Qué pasará con los jueces actuales?
La elección judicial también abre una incógnita para quienes actualmente ocupan cargos dentro del Poder Judicial. Jueces y magistrados podrán participar en el proceso electoral si desean mantenerse en sus puestos. Sin embargo, si deciden competir y no resultan electos, la legislación prevé mecanismos de salida.
En el caso de Sinaloa, las reformas establecen que quienes no tengan derecho a jubilación podrán recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado, además de otras prestaciones laborales correspondientes.
Para quienes ya cuentan con derecho a retiro, la reforma permite conservar ese beneficio aun si participan en la elección y no resultan favorecidos con el voto ciudadano.
La reforma judicial también implica cambios en la estructura interna del Poder Judicial. Entre ellos, la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de nuevos órganos encargados de la disciplina judicial y la administración del sistema.
Estos cambios institucionales deberán implementarse al mismo tiempo que se organiza la elección judicial y se adapta el sistema a los nuevos procedimientos civiles y familiares.
El 2027 se perfila como un año decisivo para el Poder Judicial de Sinaloa y uno multitudinario en materia electoral. La ciudadanía no solo vivirá la primera elección de jueces y magistrados por voto popular, sino también la transición hacia un nuevo modelo de justicia y una reorganización interna del sistema.
Para los tribunales estatales, el desafío no será únicamente adaptarse a nuevas reglas, sino hacerlo mientras cambia la estructura institucional y la integración de quienes imparten justicia.
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