Culiacán, Sinaloa.– Decir las cosas por su nombre, secuestro, es el llamado que hace la diputada priista Paola Iveth Gárate Valenzuela ante el incremento de hechos violentos que involucran a empresarios en Sinaloa.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso del Estado calificó estos hechos como graves, al poner en riesgo la integridad de quienes, con esfuerzo, sostienen sus empresas en medio de la crisis de violencia.
Señaló que minimizar o cambiar el término a privación de la libertad, cuando en realidad se trata de secuestros y extorsiones, implica negar la realidad e impedir que la problemática se atienda de fondo.
“Hay una situación grave, pero aún más grave es que el gobierno de Morena maquilla cifras, maquilla, pone sus etiquetas y no nombra las cosas por su nombre. Entonces eso todavía es más grave, porque es un engaño vil. Nos quieren convencer de que ahora ya no son secuestros; ahora ya no son… le llaman y luego lo subetiquetan”, explicó.
Recordó el caso del empresario Rafael Tirado Lizárraga, dueño de una cadena de fruterías en Mazatlán, quien fue privado de la vida tras haber sido secuestrado por un grupo de civiles armados un día antes.
“Primero que reconozcan, porque mientras no reconozcan, entonces no van a aplicar las medidas más drásticas que se necesitan desde el área gubernamental. Entonces no es posible que se lo permitamos desde nosotros, pero también ustedes como medios, sobre todo la ciudadanía, tenemos que unirnos y exigir que sean sinceros, que asuman”, dijo la legisladora.
Finalmente, recalcó que este tipo de hechos podría impactar en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por Sinaloa, ya que la incertidumbre y los ataques contra la iniciativa privada podrían provocar que, al menos por precaución, se frene la inversión en la entidad.
Cabe recordar que entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, la violencia en Sinaloa ha dejado un rastro de ausencias en el sector empresarial. Al menos 20 empresarios, entre restauranteros, desarrolladores inmobiliarios y prestadores de servicios, han sido asesinados en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Otros tres permanecen desaparecidos, tras haber sido privados de su libertad.
Los casos de atentados contra empresarios sinaloenses se concentran en Culiacán y Mazatlán, donde se registran 22 de los 25 hechos contabilizados en el periodo.
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