Karen Rojas Kauffmann/El Muro MX

Oaxaca de Juárez.- Lo que inició como una cadena de amparos en distintas entidades terminó por romper un cerco histórico: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya no puede negar la interrupción voluntaria del embarazo a sus derechohabientes. La obligación es clara y nacional. Sin embargo, en Oaxaca —uno de los estados con mayores brechas estructurales— el desafío apenas comienza.

Este avance, que rompe con décadas de negativas institucionales, llega a Oaxaca no como una concesión del Estado, sino como el resultado de una articulación civil sin precedentes que pone a prueba la capacidad de respuesta de una infraestructura de salud históricamente centralizada y precaria.

El mandato judicial llega a Oaxaca, donde el derecho al aborto existe en el papel desde 2019, pero su ejercicio ha estado condicionado por limitaciones materiales, institucionales y culturales. La resolución no amplía el derecho: lo vuelve exigible dentro de un sistema que durante años operó bajo la omisión.

Este logro va más allá de la salud reproductiva, es una victoria frente a la discriminación institucional. Durante años, mujeres y personas gestantes en el estado enfrentaron un sistema dual, mientras los servicios estatales estaban obligados a atenderlas, clínicas del IMSS e ISSSTE se escudaban en su carácter federal para negar el servicio, empujando a las pacientes al sector privado o a procedimientos inseguros. Hoy, esa barrera legal se rompe. El derecho a decidir deja de ser un privilegio para convertirse en una prestación de seguridad social.

Del reconocimiento legal a la deuda estructural

 

El fallo se inserta en un contexto donde la política pública de aborto seguro ha avanzado de forma desigual y con alcances limitados. De acuerdo con el informe “Alcances de la Política Pública de Aborto Seguro en Oaxaca”, de la organización civil Mujeres Siempreviva, elaborado en Junio de 2025, “entre 2021 y marzo de 2025 se han realizado 2 mil 752 servicios de aborto en unidades públicas, una cifra que, aunque creciente, resulta insuficiente frente a la dimensión territorial y poblacional del estado”.

La distribución del servicio además evidencia la desigualdad: ocho de las doce unidades de atención en Oaxaca se concentran en la capital, mientras regiones completas —como la Mixteca, la Sierra Norte o la Cañada— carecen de infraestructura para garantizar el acceso.

Ixchel Guzmán Gómez, investigadora responsable del informe, asegura que a esto se suma un factor persistente: el rechazo social. “Desde 2019 seguimos batallando con la despenalización social del aborto. En Oaxaca la interrupción voluntaria del embarazo está muy despenalizada allí en los papeles, pero sigue siendo un estigma en la sociedad”.

Un estudio citado en el informe señala que el 68% de la población oaxaqueña se manifestó en contra de la despenalización, lo que impacta directamente en la calidad del servicio, desde la atención médica hasta el trato institucional.

El triunfo de la estrategia sobre el dogma

 

La resolución que obliga al IMSS es resultado de una estrategia jurídica sostenida por colectivas como Abortistas.mx y redes locales —entre ellas Manovuelta A.C.— que identificaron una brecha clave: la despenalización estatal no obligaba a las instituciones federales.

Durante años, esto generó un sistema fragmentado porque mientras los servicios estatales estaban obligados a atender, el IMSS y el ISSSTE negaban el servicio, desplazando a mujeres y personas gestantes hacia opciones privadas o inseguras. Esa barrera ha caído para convertirse en una prestación de seguridad social que sin embargo, aún presenta grandes retos.

Oaxaca: donde el derecho choca con la realidad

 

Pese al fallo “el nuevo escenario no elimina los obstáculos. Los reconfigura”, explica Guzmán Gómez. El propio marco técnico nacional establece que garantizar el aborto seguro implica no solo legalidad, sino condiciones materiales: “insumos, personal capacitado, infraestructura suficiente y acceso oportuno”. Sin estos elementos, dice, el derecho se vuelve nominal. Es un derecho reconocido “de nombre”, pero sin condiciones reales para ejercerse, explica.

En Oaxaca, los déficits son evidentes: falta de medicamentos como misoprostol y mifepristona, insuficiente capacitación del personal y una aplicación distorsionada de la objeción de conciencia que, en la práctica, se traduce en negación del servicio.

A esto se suma una estructura institucional fragmentada, porque la política de aborto no depende solo del sector salud, requiere coordinación con áreas de igualdad, interculturalidad, juventud y desarrollo social. Sin esa articulación, el acceso sigue siendo desigual, detalla el informe.

La disputa se traslada a las clínicas

 

El avance es innegable, pero incompleto. La batalla jurídica se ganó en tribunales; la siguiente se librará en ventanillas, consultorios y salas de espera.

En territorios donde el 62.4% de las mujeres vive en condiciones de pobreza y más de un tercio carece de acceso a servicios de salud, según el INEGI, el cumplimiento efectivo de este derecho dependerá de algo más que sentencias: dependerá de voluntad institucional y vigilancia social.

“No basta con que la ley cambie si el trato sigue siendo punitivo”, advierte Guzmán Gómez.

“porque aunque en Oaxaca el derecho existe, el acceso no está garantizado. La vigilancia ciudadana será determinante en regiones como la Mixteca, el Istmo y la Costa, donde la presencia del IMSS es crucial, pero el monitoreo de derechos humanos enfrenta mayores dificultades”.

Recursos asignados, pero sin certeza de ejecución

 

A esta falta de garantías se suma un presupuesto limitado. Al solicitar información a la Secretaría de Finanzas sobre el presupuesto destinado en 2024 para la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, explica Guzmán Gómez, la respuesta reveló un dato clave: “a través del convenio federal SANAS se asignaron un millón 303 pesos, cuya ejecución correspondía a los Servicios de Salud de Oaxaca. Sin embargo, la institución no pudo detallar acciones, campañas, alcances ni resultados concretos derivados de ese recurso, asegura.

“El mismo patrón se repite en el caso específico del programa Aborto Seguro. Para ese mismo año, también bajo el convenio SANAS, se reportó una asignación de 757 mil 065 pesos para promover la atención del aborto. No obstante, la autoridad reconoció abiertamente que no es posible asegurar en qué se ejerció ese dinero, ni si efectivamente se destinó a la difusión o garantía de este derecho”.

Opacidad estructural: cuando el dinero no se traduce en política pública

 

La explicación institucional deja ver un problema de fondo. Conforme a la Ley Estatal de Presupuesto, las dependencias ejecutoras —en este caso, los Servicios de Salud de Oaxaca— son responsables de planear, programar y administrar el gasto. Es decir, “los recursos se entregan con una etiqueta general, pero la definición concreta de su uso queda en manos de cada institución”, dice Guzmán Gómez.

Este esquema abre una zona crítica de opacidad, hay dinero asignado, pero no hay mecanismos claros para rastrear su aplicación ni para evaluar su impacto. En términos prácticos, esto significa que no existe certeza de que los recursos destinados a derechos sexuales y reproductivos —y específicamente al aborto seguro— se traduzcan en acciones reales, medibles y efectivas.

La consecuencia es directa, asegura Guzmán Gómez, “si no hay claridad en el uso del presupuesto, tampoco hay garantía de implementación. Y sin implementación, el derecho queda nuevamente atrapado entre el discurso institucional y la realidad cotidiana de quienes intentan ejercerlo”.

¿Qué hacer si el IMSS te niega el servicio?

 

A pesar de la resolución nacional, es posible encontrar personal desinformado o resistente en Oaxaca. En esos casos:

  • Exige el fundamento legal. El IMSS tiene una obligación constitucional derivada de resoluciones judiciales. No necesitas acreditar causales como violación o riesgo de vida: tu voluntad es suficiente.
  • Solicita a la Dirección Médica. Si el personal tratante se declara objetor de conciencia, la institución debe canalizarte de inmediato con personal no objetor. La objeción es individual, no institucional.
  • Presenta una queja. Acude al Módulo de Atención al Derechohabiente. Registra nombre del personal, fecha y argumentos de la negativa.
  • Recurre a la DDHPO o a la CNDH. Al tratarse de una institución federal, puedes denunciar la vulneración de tus derechos reproductivos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Contactos de apoyo y acompañamiento

 

Si enfrentas obstáculos, existen redes nacionales o locales que pueden acompañarte:

  • mx: defensa jurídica especializada
  • Manovuelta A.C. (Oaxaca): acompañamiento local con perspectiva territorial
  • GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida): asesoría legal
  • Redes de aborto seguro (como Ixmucane o Marea Verde): acompañamiento durante el proceso
  • Mujeres Siemprevivas (Oaxaca): red de defensa de derechos sexuales y reproductivos

El IMSS ya no puede negar el aborto. La ley es clara. Pero en Oaxaca, donde la desigualdad territorial, el estigma y la precariedad institucional siguen marcando el acceso a la salud, la pregunta central permanece abierta: ¿Quién garantiza que ese derecho llegue, realmente, a todas?

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Este trabajo fue realizado por El Muro MX, que forma parte de Territorial, Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.