Culiacán, Sinaloa.- El 3 de julio fue la última vez que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó en pro del campo. En esa ocasión, el pleno respaldó la reforma que garantiza la identidad de hijas e hijos de personas jornaleras agrícolas en la entidad. Desde entonces, no ha habido mayores cambios en torno a la actividad agrícola, pero eso no significa que no haya iniciativas.

En un análisis realizado por ESPEJO se detectaron cuatro iniciativas que buscan cambiar el campo en Sinaloa, pero que siguen en la “congeladora” legislativa. Algunas van desde expedir una ley que atienda y proteja a los jornaleros, hasta el fomento de la agricultura sustentable y de autoconsumo.

 

Atención y protección a jornaleros en el olvido

 

De acuerdo con reportes de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), a la entidad arriban cada año más de 110 mil jornaleros, los cuales provienen principalmente de estados como Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. En este contexto, en el Congreso del Estado han surgido iniciativas que buscan atender a la mano de obra que cosecha la tierra.

El 11 de abril de 2023, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), conformado en ese momento por Alba Virgen Montes Álvarez, Gene René Bojórquez Ruíz, Viridiana Camacho Millán, María del Rosario Osuna Gutiérrez y Elizabeth Chia Galaviz, propuso expedir la Ley de Atención y Protección a los Jornaleros Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Su objetivo es reconocer y garantizar los derechos para las personas jornaleras agrícolas, una población clave en la economía agrícola del estado. Entre sus principales planteamientos está crear un marco legal estatal para la atención a jornaleros agrícolas; establecer políticas públicas de protección social para trabajadores del campo; garantizar acceso a servicios básicos como salud, educación, acceso a vivienda temporal digna, alimentación y seguridad laboral; y coordinar a dependencias estatales y municipales para atender a la población jornalera.

 

Esta iniciativa ni siquiera obtuvo primera lectura.

 

Otra similar en objetivos fue presentada el 5 de mayo de 2022 por la entonces diputada priista Deisy Judith Ayala Valenzuela. Se trataba de la expedición de la Ley de Protección a las Actividades del Campo y el Jornal Agrícola para el Estado de Sinaloa.

Su finalidad era crear un marco legal estatal que proteja tanto la actividad agrícola como a quienes trabajan en ella, especialmente a los jornaleros agrícolas. Busca proteger los derechos laborales y humanos de los trabajadores del campo, impulsar jornales agrícolas más justos, éticos y humanitarios, y garantizar que el trabajo agrícola se realice con condiciones dignas y respeto a la integridad humana.

Lo que busca combatir son las problemáticas que enfrenta el campo, como los bajos salarios para jornaleros, condiciones laborales precarias, falta de protección social y la vulneración de derechos laborales.

Esta iniciativa, a diferencia de la anterior mencionada, sí llegó al pleno, se le dio primera y segunda lectura y se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, a la de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social, y a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. La fecha límite para dictaminar fue el 26 de noviembre de 2022.

 

La ley que buscaba proteger la producción familiar

 

El 18 de abril de 2024, el entonces diputado Carlos Alberto Meza Soto, quien representaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura, presentó una iniciativa que buscaba expedir la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar para el Estado de Sinaloa.

La idea de esta ley era crear un marco legal para apoyar a los pequeños productores y a las unidades de producción familiar, es decir, a las familias que trabajan la tierra principalmente con su propia mano de obra.

Su objetivo era fomentar y proteger la agricultura familiar en el estado; reducir la pobreza rural y mejorar el bienestar de las familias campesinas; impulsar el acceso a capacitación, financiamiento y tecnología para pequeños productores; facilitar el acceso a mercados para vender sus productos; promover prácticas agrícolas sostenibles y el uso responsable de los recursos naturales; y contribuir a la seguridad alimentaria y al derecho a una alimentación adecuada.

La ley además planteaba que el gobierno estatal creara programas de apoyo y capacitación, estableciera un registro de unidades de producción familiar e impulsara ferias y espacios de comercialización.

Además, planteaba formar un Consejo Ciudadano de Fomento a la Agricultura Familiar para orientar políticas públicas en compañía de quienes producen y trabajan sus tierras.

La propuesta no ha sido aprobada y permanece sin dictamen en el Congreso del Estado. Incluso el área de estudios financieros del Congreso analizó el proyecto y señaló que inicialmente no generaría impacto presupuestal inmediato, pero que en el futuro sí requeriría recursos públicos, porque implicaría la creación de programas, apoyos y posiblemente nuevas áreas administrativas para atender a los agricultores familiares.

 

La más reciente y que está atorada en comisiones

 

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Briseida Valenzuela Buichia, presentó el 21 de agosto de 2025 una iniciativa que propone reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa para incluir protecciones laborales específicas para jornaleros agrícolas indígenas.

En esta reforma se buscaba que todo empleador agrícola que contrate jornaleros indígenas deba inscribirlos ante el IMSS; que se garantice el acceso a todas las prestaciones laborales previstas en la Ley Federal del Trabajo; que la Secretaría del Trabajo estatal realice inspecciones periódicas en campos agrícolas para verificar que se cumplan estas obligaciones; y que el gobierno cree mecanismos de denuncia e información en lenguas indígenas, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lo que busca combatir es la precariedad laboral que enfrentan los jornaleros indígenas en los campos agrícolas de Sinaloa.

Sin embargo, el 3 de septiembre se entregó un análisis de la Unidad de Estudios Económicos y Financieros del Congreso, que advirtió que la iniciativa implicaría contratar traductores de lenguas indígenas en dependencias como la STPS y el IMSS, además de generar costos laborales para empleadores agrícolas al obligar la inscripción de jornaleros indígenas al seguro social.

Por lo que ahora sería turno de la comisión decidir si la dictamina o la rechaza. Hasta ahora, eso no ha ocurrido.

Aunque estas iniciativas fueron presentadas entre 2022 y 2025 y algunas ya cumplieron con los requisitos iniciales del proceso legislativo, ninguna ha sido dictaminada.

Mientras tanto, temas como las condiciones laborales de los jornaleros, el impulso a la agricultura familiar y la regulación del trabajo agrícola siguen pendientes en la agenda del Congreso de Sinaloa.

 

 

 

 

 

 

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