Culiacán, Sinaloa.- El 6 de mayo de 2024 fueron asesinadas Leidy y Alexa, dos niñas de 11 y 7 años, quienes viajaban desde Badiraguato para volver a Culiacán, donde estudiaban. Fueron 13 elementos del Ejército quienes les dispararon que luego anunciaron a la prensa como si se hubiera tratado de “daño colateral” dentro de un enfrentamiento. No fue así. Los soldados les dispararon directamente y a propósito a la camioneta de su padre. Esos 13 hombres fueron vinculados a proceso por homicidio ante un juez federal.
“El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la profundización de la política de despliegue militar y pone a prueba a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación en su capacidad de garantizar una investigación diligente y un juicio justo, apegados a los estándares de derechos humanos”, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de promoción, defensa, difusión e incidencia en la vigencia de los derechos humanos en México (Centro Prodh) en un Comunicado.
“La privación arbitraria de la vida de dos niñas por elementos del Ejército es un hecho intolerable que debe impulsar la adopción de medidas para evitar su repetición”.
La vinculación a proceso ocurrió el pasado 6 de abril, a 11 meses de que Leidy y Alexa fueron asesinadas. Los 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberán pasar un proceso de juicio por matar a las niñas de 11 y 7 años respectivamente, así como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 años y dos adultos más, todos integrantes de una misma familia.
¿Cómo ocurrió el asesinato?
El 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, la familia transitaba en una camioneta por una carretera con dirección a Culiacán, volvían de un puente escolar tras haber visitado a familiares. El padre de Leidy y Alexa, al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado por militares, retornó hacia su casa, pero un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego.
En un inicio, se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades federales.
Esa justificación se hizo pasando el caso como si se tratara de la misma confrontación que sostienen dos grupos del cartel de Sinaloa por el control del territorio desde septiembre de 2024. Ciertamente, la complejidad de esa afrenta ha dejado secuelas que han involucrado a 59 niños, niñas y adolescentes como víctimas asesinadas.
“La familia de las dos niñas, desde el momento de los hechos, denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza y han impulsado frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales –acompañadas por el Centro Prodh– que se tomen acciones para acceder a la justicia. Cabe resaltar, que contrario a la demora en la justicia civil, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos, contrario a lo que dictan los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos –lo que actualmente se encuentra bajo litigio”, se señaló.
El pasado 31 de marzo de 2026, la familia fue notificada de que se habían ejecutado diversas órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército Mexicano. Durante la audiencia las Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron alegaron que se hizo el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa.
“Las defensas de los elementos –incluyendo una por parte la Defensa de Oficio Militar– entre otros argumentos destacó que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo”, se señaló en el comunicado.
El juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual. Los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia.
Los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia y explicaron durante la audiencia cómo el ataque destruyó irreparablemente su proyecto de vida.
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