Culiacán, Sin.- Este jueves con 32 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el “plan B” electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobado el pasado miércoles en el Congreso de la Unión.

La reforma constitucional plantea cambios en las reglas de integración de ayuntamientos, congresos locales y autoridades electorales, con medidas orientadas a evitar el nepotismo en cargos de elección popular, prohibir la reelección inmediata de diputaciones locales y limitar el presupuesto de los congresos estatales.

El documento fue enviado a los congresos de las entidades federativas, incluido el de Sinaloa, para su análisis y eventual aprobación, como parte del proceso establecido en el artículo 135 de la Constitución, que exige el aval de la mayoría de las legislaturas estatales para modificar la Carta Magna.

Al respecto, el diputado panista Jorge Antonio González Flores apuntó que hay problemáticas más urgentes que una “supuesta” reforma que no tiene como objetivo ahorrar, sino imponer cómo se tienen que hacer las cosas y cómo gastar.

“Esto no es austeridad, es autoritarismo. Esto forma parte de una estrategia más amplia que no pone al centro al ciudadano, sino al gobierno y elimina contrapesos”, apuntó.

Por su parte, la diputada del PRI, Paola Iveth Gárate Valenzuela, criticó que de nueva cuenta se vote una reforma en fast track, sin un análisis profundo y donde no hay una verdadera reestructura de fondo que atienda problemas como el enriquecimiento ilícito o la sobrepresentación que sí impiden que se ejerza la democracia.

“Nuestro voto será en contra, no por sistema o consigna, sino por responsabilidad, porque México necesita una reforma electoral seria, profunda y plural, que sí enfrente la realidad y no solo la maquille”, denunció.

Pero no todo fueron críticas. A favor se posicionó el diputado morenista Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien señaló que esta reforma es de gran calado y que, aunque podría ser más ambiciosa, se votó así porque hubo oposición a otros planteamientos y, en su opinión, responde a una demanda histórica de los mexicanos.

“Esta reforma no surge de la ocurrencia, surge de un diagnóstico contundente. Durante décadas el gasto público fue utilizado sin criterios de austeridad, creando infraestructuras desordenadas y con lujos desconectados entre el gobierno y el pueblo. No puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, puntualizó.

¿Qué se votó?

Uno de los cambios más relevantes establece que no podrá contender por una presidencia municipal, regiduría, sindicatura o diputación local una persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años una relación familiar con quien actualmente ocupa ese cargo.

La restricción contempla vínculos por matrimonio o concubinato; unión de hecho; parentesco por consanguinidad en línea directa sin límite de grado; parentesco colateral hasta cuarto grado; parentesco por afinidad hasta segundo grado.

La medida busca impedir que familiares directos sucedan de forma inmediata a quienes ya ocupan cargos públicos.

La reforma también plantea prohibir la reelección inmediata de las diputaciones en los congresos estatales.

Con esta modificación, quienes ocupen una diputación local no podrán postularse para el periodo inmediato siguiente. En contraste, los diputados suplentes sí podrán contender como propietarios, siempre que no hayan ejercido el cargo.

Otro de los cambios propuestos fija un límite al gasto legislativo en los estados.

Las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad federativa. Además, se plantea impedir que ese monto sea incrementado mediante ampliaciones o reasignaciones presupuestarias, permitiendo únicamente ajustes conforme a la inflación.

La reforma también introduce límites a las prestaciones de funcionarios electorales.

Se establece que consejeros electorales, magistraturas y titulares de áreas del Instituto Nacional Electoral y de los organismos electorales locales no podrán contratar con recursos públicos seguros médicos privados, seguros de vida, pensiones privadas u otras prestaciones especiales que no estén previstas expresamente en la ley.

Ajustes legales y entrada en vigor

De aprobarse la reforma por la mayoría de los congresos estatales, las entidades federativas deberán armonizar su marco jurídico antes del 30 de mayo de 2026.

Entre los cambios transitorios también se establece que el Senado de la República deberá reducir su presupuesto de manera progresiva hasta alcanzar una disminución acumulada de 15 por ciento en términos reales respecto al presupuesto base de 2026.

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