Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes 2 de junio reformas para exentar del pago de arrastre, almacenamiento y trámites a víctimas de robo de vehículos.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el Pleno avaló un paquete de iniciativas que modifica el Código Penal y la Ley de Hacienda estatal, con el objetivo de eliminar cobros derivados de la recuperación de unidades robadas.
La reforma establece que las personas afectadas no deberán pagar conceptos como grúa, corralón, almacenamiento o reposición de documentos, siempre que acrediten la denuncia del robo y la recuperación del vehículo.
Aprobación de dictamen en Sinaloa.
El dictamen aprobado señala que estos cobros representaban una carga económica adicional para las víctimas, quienes debían asumir gastos derivados de un delito que no provocaron.
Además, se incorpora la exención como parte de la reparación del daño, alineando la legislación local con principios de atención a víctimas y evitando la revictimización institucional.
Las iniciativas responden a un contexto de incremento en el robo de vehículos en Sinaloa, donde este delito ha tenido un impacto creciente en el patrimonio de las familias.
Con la aprobación unánime, Sinaloa se suma a otras entidades que han legislado para eliminar costos a víctimas de robo vehicular al recuperar sus unidades.
Queda trabajo pendiente
Desde tribuna, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, diputada del PRI, señaló que el principio de reparación integral sigue -dijo- siendo letra muerta porque dejó fuera a otros conceptos contemplados en la propuesta original, como la reposición de licencias de conducir, placas de circulación, tarjetas de circulación y trámites relacionados con la baja definitiva de vehículos que no son recuperados.
“Cuando a una persona le roban su vehículo también suele perder documentos y placas. La afectación no termina con el robo ni con el corralón; continúa cuando la víctima debe pagar para reponer aquello que le fue arrebatado”, expresó.
La diputada sostuvo que el principio de reparación integral obliga a reducir al máximo las cargas económicas que enfrentan las víctimas y adelantó que continuará impulsando modificaciones para ampliar las exenciones aprobadas por el Congreso.
El dictamen fue aprobado con 39 votos a favor y un voto no ejercido. Este entrara en vigor una vez sea público en el Diario Oficial del Estado.
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