Culiacán, Sinaloa.- Las diputadas del PRI en el Congreso de Sinaloa exigieron al Gobierno del Estado transparentar el destino de los 75 millones de pesos aprobados para atender a personas desplazadas por la violencia y reactivar la entrega de despensas y apoyos, al asegurar que hay familias que llevan meses sin recibir asistencia.
La coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, afirmó que las personas desplazadas abandonaron sus comunidades por la violencia y requieren una política pública permanente que les permita reconstruir su vida, más allá de apoyos temporales.
“No podemos olvidar que estas familias no se movieron de su hogar por gusto, sino fueron obligadas por la violencia”, expresó.
La legisladora señaló que, además de restablecer la entrega de despensas, es necesario contar con un padrón actualizado de personas desplazadas, transparentar el uso de los recursos públicos destinados a su atención y garantizar acceso a empleo, educación y vivienda.
Moreno Ovalles sostuvo que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) debería dar continuidad a estos programas, independientemente de los cambios de titulares que ha tenido la dependencia.
El grupo parlamentario del PRI exige una respuesta de la SEBIDES al tema del desplazamiento forzado.
Indicó que existen reportes de desplazamiento en comunidades como Tepuche, así como en zonas serranas de Concordia y Escuinapa, donde familias han abandonado sus hogares a causa de la violencia.
La diputada cuestionó el destino de los 75 millones de pesos autorizados por el Congreso para atender a esta población y pidió que se informe en qué se han ejercido.
“Simplemente queremos saber en qué se está gastando”, dijo.
Por su parte, la diputada Paola Gárate Valenzuela aseguró que la Sebides ha tenido ya cuatro titulares durante la actual administración estatal y consideró que ello ha impedido dar seguimiento a la atención de las personas desplazadas.
Recordó que en administraciones anteriores se adquirieron terrenos para reubicar a familias desplazadas, pero afirmó que varios carecen de servicios básicos y, en algunos casos, tampoco cuentan con certeza jurídica para ser entregados a los beneficiarios.
Gárate Valenzuela sostuvo que actualmente no existe un padrón consolidado de personas desplazadas y criticó que los cambios constantes en la dependencia hayan frenado la continuidad de las políticas públicas dirigidas a este sector.
Las legisladoras coincidieron en que el Estado debe garantizar condiciones para que las familias desplazadas puedan acceder a una vida digna, con oportunidades de empleo, educación y vivienda, además de transparentar el uso de los recursos destinados a su atención.
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